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20 de FEBRERO de 2015

Andrés de la Oliva, académico y catedrático de Derecho Procesal:
“La falta de interés del Tribunal Constitucional por las tasas judiciales le está haciendo perder prestigio”

LAWYERPRESS emprende / @LuisjaSanchez

Pocos profesionales de la Universidad actual son tan críticos con nuestra justicia como es Andrés de la Oliva, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y un estudioso de la legalidad desde todas sus vertientes. Recientemente ha leído su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Con sus manuales de Derecho Procesal se han formado miles de profesionales del Derecho. Ahora, su perfil de intelectual comprometido se ha abierto al gran público como detractor de la Ley de Tasas del 2012. Su blog Por Derecho se ha convertido en un punto de referencia del movimiento antitasas en este país gracias a la difusión de las redes sociales y su relación con la #BrigadaTuitera: “Las tasas no han desaparecido. Se han ingresado en la caja común. Y queda claro que la tasa no se vincula a la administración de Justicia. Vamos, que no tienen que gastarse los 512 millones en la justicia española y ni siquiera conforme al artículo 11 que habla de la Justicia Gratuita como destinatario del dinero”; aclara. Hemos aprovechado su gran conocimiento de la justicia, pues no en vano fue vocal del CGPJ en el periodo 1990-96 y durante bastantes años abogado ejerciente, para profundizar en la situación actual de nuestra justicia. Es claro y contundente en sus juicios y aporta muchos datos sobre un panorama complejo como es el de las reformas que el Ministro Catalá quiere impulsar.

En primera persona

“Solo puedo hablarle de las reformas que ha comentado ya el Ministro Catalá. Creo que es un Ministro de transición, de ruptura con su antecesor, Ruiz-Gallardón, de perfil muy especial que impulso ciertos proyectos de corte mesiánico-faraónico y algunos de corte político.

“Con el nuevo CGPJ se ha hecho una jibarización y existen vocales de primera y de segunda. Pero lo realmente disparatado es que estos vocales últimos, que no tienen dedicación”

Entre estas últimas reformas se puede hablar del cambio en el CGPJ, convertido ahora en un microorganismo. Creo que hubiera sido más acertado si hubiera tenido diez miembros y no los veintiuno de la actualidad, pero ése es el resultado de lo que refleja la Constitución.  Siempre fue un órgano colegiado, así lo viví en la época que fui vocal siendo presidente Pascual Sala. Los temas se solucionaba en Pleno y cada uno de nosotros tenía un voto.

Con el nuevo CGPJ se ha hecho una jibarización y existen vocales de primera y de segunda. Pero lo realmente disparatado es que estos vocales últimos, que no tienen dedicación exclusiva, sigan con sus quehaceres profesionales. No lo entiendo: pueden aparecer conflictos de intereses claros y los mecanismos de la abstención o recusación no son idóneos en estas situaciones.

Se habla de la reforma constitucional pero no se llega a ningún acuerdo entre las fuerzas políticas. Y estoy seguro de que ponerse hoy a hacer una nueva Constitución o a reformarla con amplitud conduciría a un texto mucho peor que el de 1978. Y eso que fui muy crítico con la actual Carta Magna pues muchas de las cosas que se reflejan no eran de mi agrado, lo que hizo que publicará artículos sobre este tema publicados con mi firma.

Hay que darse cuenta de que todos los sistemas pueden corromperse si  no están servidos por  las personas adecuadas  y honradas.  No hay ningún sistema que evite por sí solo la corrupción o la decadencia.”

Sr. de la Oliva, habla usted de corrupción y al hilo de la misma empiezan a conocerse movimientos interesantes en la sociedad civil.

A la hora de responderle tengo que diferenciar la corrupción que la Justicia “procesa” a diario con escasos medios y que dice mucho en su favor, de la corrupción en la justicia, donde creo que solo se puede hablar de casos aislados.

Nuestra justicia es honrada, por encima de todo. Si ponemos ejemplos de países con corrupción judicial, España no está entre ellos. Estoy convencido que los jueces españoles son independientes la gran mayoría. Tienen mecanismos para serlo si quieren.

Para amparar esa independencia judicial, ¿son necesarios los cambios procesales que se vislumbran en la LECrim?

Habrá que ver qué cambios. La fijación legal de la duración de los procesos de instrucción creo que no va a servir para nada. Lo que se debe estudiar es porqué determinadas instrucciones se alargan demasiado en el tiempo. En muchas de ellas la investigación es muy prolongada porque se van añadiendo nuevas conductas como objetos del mismo proceso.   Eso se ha de hacer si los delitos son conexos, a tenor de los artículos 300 y 17 de la LECrim. Dediqué el segundo de mis libros a analizar el tema de la conexión en el proceso penal. Ahí ya sugería que lo dispuesto no era muy completo y que se tendría que contar con otros factores para ver si debía operar la conexión.

En nuestro país vemos macrosumarios con muchas piezas separadas y uno se pregunta si estas piezas no deberían ser procesos diferentes con jueces distintos: los que correspondiesen según las normas de competencia y reparto.

Además, es terrible que cuando se acaba la fase de instrucción y arranca la de juicio oral haya que buscar un pabellón ferial para organizar la vista, que durará meses al haber docenas o incluso cientos de imputados cada uno con su abogado y sus pruebas.

Se intentó también que en esta reforma de la LECrim la instrucción pasara al fiscal pero al final no se ha logrado.

Ese sería un cambio de sistema muy serio. Ahora se ha aparcado hasta la próxima legislatura al menos, pese a que en los últimos años se han barajado varios borradores. En la última Comisión ministerial se gestó un documento que no gustó a parte de nuestros fiscales y al propio Eduardo Torres-Dulce, por aquel entonces FGE. Curiosamente su punto de vista cambia de forma radical, porque antes de su nombramiento rechaza rotundamente ese cambio y cuando es nombrado FGE es partidario que los fiscales dirijan la instrucción.

“Siempre comenté que no era tanto una tasa como una trampa para obstruir el acceso a la Justicia. Es el único impuesto que no se puede aplazar o fraccionar”

Yo siempre me he opuesto a este cambio tan sustancial.  La investigación la hace en todas las partes la policía. Lo importante es ver quién la dirige. Desde mi punto de vista, es mejor que lo haga un servidor del Estado que goza de independencia, como el juez instructor.  No es sano que quien tiene encomendado acusar sea también el que dirige la investigación. Por lo demás, pienso que ese cambio, que llevan manejando tirios y troyanos, busca un control político de la justicia penal de cara a ver que se persigue realmente. Como Alonso Martínez en su magistral Exposición de Motivos de la LECrim, yo no quiero que el proceso penal esté en manos de los fiscales.

Creo, además, que es materialmente imposible hacer que funcione esta iniciativa a corto y medio plazo.  El Ministerio Fiscal no tiene “efectivos” suficientes para seguir con su trabajo habitual y ocuparse además de la dirección de la investigación en el proceso penal. No es fácil aumentar la plantilla de fiscales, porque hay que hacer procesos de selección rigurosos que duran mucho tiempo.

Otro cambio que se quiere plantear es la reducción de la acusación popular, casi a la mínima expresión.

Creo que es otro gran error con trasfondo político. Los abusos de la acción popular hay que tenerlos en cuenta y afrontarlos como tales.  La acción popular es el vehículo por el que históricamente se ha entendido en España que el pueblo podía participar en la administración de justicia.

En un momento en que están ocurriendo las cosas que ocurren no se puede intentar reducir la acción popular.  El precepto constitucional que habla de la acción popular luego habla del jurado en el mismo párrafo.  Se habla del jurado para los procesos penales que la ley determine mientras que de la acción popular no se alude a límites legales. No los menciona porque quiere respetar la configuración tradicional vigente en ese momento.

En ese escenario aparecen las llamadas doctrinas Botín y Atutxa.

Muy discutibles ambas.  Eso hizo que escribiera un artículo en la tercera página de ABC señalando el disparate de la llamada doctrina Botín  y afirmé que el Tribunal Supremo debía rectificar. La idea surgió en su momento de la Audiencia Nacional donde se hablaba de no abrir juicio oral al no haber acusación particular ni del fiscal. Pero se olvidaba que cuando la LECrim habla de acusación particular se habla tanto de los ofendidos por el delito como la de cualquiera no ofendido ni perjudicado.

Y en ninguna de las reformas de la LECrim se planteó modificar el concepto y alcance de la acusación particular. La terminología acusación popular no existe. La ley siempre utiliza acusación particular y hay preceptos que subrayan cómo comprende a los perjudicados o no por el delito. Las distinciones de esas “doctrinas” no tienen nada que ver con lo que la ley establece.

Hablemos ahora de las tasas judiciales, usted desde el primer momento se ha posicionado en contra de esta medida, defendida en su blog con varios contundentes posts.

Es cierto, mi último post ha sido muy visto en redes sociales. En los tres primeros días superó las 10.000 visitas http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/. Nunca entendí que el Ministro Catalá hablase de estudiar las tasas judiciales actuales. Estaban archiestudiadas.

En ese último post aproveché para hablar de cosas que ya había dicho. Utilicé el texto de una ponencia de un Congreso al que asistí en Bari (Italia) sobre acceso a la justicia. En ese escenario hablé de la Ley de Tasas Judiciales española. He de decir que mis colegas extranjeros se quedaron asombrados de la cuantía de las tasas.

Siempre comenté que no era tanto una tasa como una trampa para obstruir el acceso a la Justicia. De hecho, en el principio del conflicto la Defensora del Pueblo actual, que no es partidaria de usar su prerrogativa de recurrir leyes al Constitucional, recibió muchas quejas sobre este tema. Su informe muy crítico generó un Decreto-Ley que reducía la cuantía de la parte variable de las propias tasas.

Fue una rebaja que no se notó apenas.

Oficialmente se alegó desde el Ministerio que se lograba con la parte fija de la tasa más del 95 por ciento de los ingresos. Pero eso significaba no justificar por qué se había implantó la parte variable.

Al mismo tiempo, como un jurista ha señalado en mi blog, se dice de forma lamentable que el hecho imponible es “el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. Si fuera así, tendrían que cobrar esas tasas a los jueces que son los únicos que ejercitan esa potestad.

“La idea de los tribunales de instancia del Ministro Gallardón en su momento  como una iniciativa para resolver el problema organizativo de nuestra justicia  es una mayúscula falta de seriedad”

Llama la atención que tras dos meses de la puesta en marcha de la Ley de Transparencia sepamos que hay 512 millones “perdidos” que proceden de las tasas.

No se han perdido ni han desaparecido. Se han ingresado en la caja común. Así queda claro que la tasa no se vincula a la administración de Justicia. Vamos, que no tienen que gastarse los 512 millones en la justicia española y ni siquiera conforme al artículo 11 que habla de la Justicia Gratuita como destino preferente del dinero.

El dinero va al Tesoro y a los Presupuestos Generales del Estado y es el Ministro de Hacienda quien decide sobre esos ingresos. Pueden, por ejemplo, utilizar el dinero que se va cobrando por las tasas para pagos urgentes que tengan que hacer de cualquier asunto.

Quizás lo más sencillo hubiera sido interrumpir la vigencia de las tasas mientras el Ministro Catalá estudiaba la forma de ajustar las tasas.

Carecemos de instrumentos normativos en nuestro país para hacer este tipo de interrupciones. Solo había un instrumento indirecto, que el Tribunal Constitucional se ocupara seriamente del asunto.

A este respecto se ha dicho que el Tribunal Constitucional pudiera estar trabajando en contestar a alguno de los recursos planteados.

Se ha sabido que el Alto Tribunal ya había puesto el tema sobre la mesa con ponencia sobre la constitucionalidad de la Ley de Tasas. Y se ha rumoreado, no sé con qué fundamento, que hubiera podido haber una estimación de los recursos y cuestiones, al menos parcial.

La inconstitucionalidad de esa Ley de tasas no me ofrece dudas, entre otras razones, porque impone un tributo a los ciudadanos con independencia de su capacidad económica y eso está en contra del artículo 31.1 CE, que habla de los tributos.

Sin embargo la declaración inicial del Ministro Catalá de estudiar las tasas y ver su ajuste frenó la actividad del Tribunal Constitucional.  Han pasado cinco meses y no se ha hecho nada aún.

¿Cree que este es un asunto que debería haber analizado ya el Tribunal Constitucional?

Sin ninguna duda. Creo que la inactividad del Tribunal Constitucional en este tema le está haciendo perder prestigio. Desde fuera, el ciudadano ve que hay prisa para ciertos asuntos y para otros la demora es importante. Políticamente, puede tener un alto coste mantener las tasas. Personalmente no entiendo que el Gobierno defienda una ley atribuida al ex Ministro Ruiz Gallardón.

A usted le hemos visto muy identificado con la Brigada tuitera, formada por abogados de toda España de a pie, unidos a través de las redes sociales.

Yo no tengo ni voy a tener Twitter. Pero los impulsores de la Brigada están siendo ejemplares. Ellos sí que son sociedad civil. Personas que se movilizan con sus recursos y su tiempo, robándoselo al sueño. Su actividad y generosidad es impresionante.  Me llama la atención que los Colegios sean menos activos exteriormente que los propios brigadistas.

Se habla de una supresión exclusiva de las tasas a las personas físicas.

De eso se habla en los últimos días. Tanto para muchos otros como para la Brigada Tuitera me parece que es insuficiente. Creo que también deben suprimirse las tasas a las pymes. Ahora parece que, tras tanto estudio, el Ministró Catalá y el Gobierno podrían decidir la supresión también para las pymes. Esperemos a ver qué hace realmente.

Llevamos veinte años hablando de justicia pero las reformas se quedan en el camino ¿Qué es lo que está pasando?

En la revista del Instituto Internacional de Derecho Procesal publiqué, en su primer número, hace cuatro años, un informe documentado sobre la calidad en la justicia en España.  Los datos en aquel momento no eran nada malos en cuanto a duración de los procedimientos y otros factores.

Se hicieron muchas cosas en la primera legislatura de Aznar y años posteriores. Se dota de más medios a la justicia y se redacta la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, que se considera una buena ley, aunque puede parecer mal que yo lo diga, puesto que tuve alguna participación en esa ley.

Es el periodo de 1996 a 2000, en que es Ministra Margarita Mariscal de Gante, una profesional de la justicia. Le pongo un pequeño ejemplo: en la nueva LEC se dispone que se graben en audio y video todas las audiencias. Pues cuando arrancó la ley todos los juzgados disponían de esos medios. 

Y entonces se hace el Pacto de Estado por la Justicia.

En ese momento a Aznar le interesa mucho más la imagen que la realidad de la justicia. Resulta que la justicia no da votos y, como pasa ahora, se habla de los problemas de la justicia, de su lentitud sobre todo, como si los políticos no tuvieran que ver con esos problemas.  En buena medida utilizan males reales o supuestos de la Justicia para desviar la atención de sus propios males y problemas.

De la crisis real de la justicia he escrito en varias ocasiones. Y de ella los políticos tienen mucha culpa.

En ese contexto de crisis llega Gallardón al Ministerio de Justicia.

Puso en contra con su forma de ver la justicia a todos los operadores jurídicos. Hay que darse cuenta que la situación es grave como la de un paciente con varias dolencias serias y hay que saber diagnosticarlas bien y decidir prudentemente qué hacer, ante todo, para aliviar a ese paciente.  La idea de los tribunales de instancia como una iniciativa para resolver el problema organizativo es una mayúscula falta de seriedad.

Planteado un problema importante de personas y medios materiales, se les ocurre la idea de desmantelar los juzgados de instrucción y primera instancia de partidos judiciales y agrupar todo eso en la provincia.  ¿Es eso “acercar la justicia al justiciable”?. Todo lo contrario, se trata de recorrer entre 80 y 100 km., en vez de 10 o varios minutos de autobús.  Ahora se dice que se mantendrán las sedes judiciales. Hay que evitar estas peregrinas ocurrencias en la situación actual.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en este cambio a mejor?

Cuando llegué al CGPJ como vocal a fines de 1991 advertí que se tenían muy pocos conocimientos había sobre la materia.  Yo era el único que utilizaba desde hace tiempo un ordenador y sabía cómo funcionaba un fax. De manera que soy muy antiguo fan de la informática. Pero la llamada informatización de los Juzgados y Tribunales la han utilizado varios Ministros como si fuese la panacea para todos los males.  Y han derrochado mucho dinero sin resultados. El caso de la publicitada digitalización de la Audiencia Nacional es de traca.  Pienso que el problema de la informatización judicial es que los diversos programas utilizados aquí y allá no eran compatibles entre sí y se intentó el disparate intentar de que lo fuesen.

Da la sensación que la gestión del sistema entre Ministerio, CGPJ y CCAA con competencias transferidas no funciona bien.

Cualquier actividad que dependa de tres centros de decisión va a encontrarse con muchos problemas. Pero, para más inri, tras la reforma derivada del Pacto de la Justicia un juzgado no tiene un jefe único; el secretario judicial es responsable de la parte procesal mientras que el juez ya no tiene la superior dirección del personal del juzgado o tribunal y está como aislado al final de un pasillo.

Al mismo tiempo el sistema retributivo de los jueces por productividad genera muchas disfunciones. Entre otras, me constan casos de retrasos de la publicación y notificación de sentencias, ya votadas y deliberadas, porque interesaba colocarlas en el trimestre próximo a efectos de la productividad.  Contar con una inspección que realmente funcione es suficiente para que se trabaje lo que se debe trabajar.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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