La “desviación de poder” es la antesala de la corrupción. Tal expresión jurídica
se reserva para las conductas de los responsables públicos que, en vez de
atender al bien común, sirven a intereses particulares o a otros motivos
bastardos. Algo muy grave en un Estado de Derecho. Pues bien, las recientes
noticias de prensa imputan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo
órgano de gobierno de la magistratura española, haber incurrido en tan feo
vicio. ¿Por qué?
El 29 de enero de este año 2015 el Pleno del CGPJ eligió al futuro presidente
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, un magistrado destinado en un
juzgado de lo penal. Pero no era el único candidato. Entre otros, concurría a la
convocatoria doña Pilar Alonso, la cual resultó preterida. Y eso que aventajaba
al agraciado en más de una década de antigüedad y algo así como millar de
peldaños en el escalafón. Es más, contaba con experiencia en órganos colegiados,
a diferencia de su rival, requisito este exigido expresamente en la
convocatoria. Aparentemente, un escándalo mayúsculo.
Cuesta trabajo entender una decisión como ésta. Acaso los señores vocales
obraron por caridad cristiana y optaron, siguiendo el mandato evangélico, por
aupar a los últimos al puesto de los primeros. O quizás, en efecto, incurrieron
en la intolerable “desviación del poder”. Me resisto a crerlo. Las cosas no son
tan sencillas. Analicemos con un poco más de calma el asunto.
El acuerdo del Consejo fundamentaba su designación en el programa del candidato.
Esto es, les convencieron más sus propuestas. Y, obviamente, poco importa la
antigüedad si el paso de los años no se traduce en un proyecto atractivo de
gobierno. Algo debió de haber, por tanto, en sus promesas electorales que los
convenció. Acaso fue esta frase, tarjeta de visita del aspirante:
“Necesaria alineación de los órganos de la base del gobierno judicial con las
directrices políticas emanadas de la cúspide”.
Roma locuta, causa finita. He aquí la clave del enigma. El cargo fue a
parar a quien, de antemano, dejó bien claro que había interiorizado el
funcionamiento de la cadena de mano. La “verticalidad del comando” como dicen
por otros lares. Ante semejantes encantos, es de entender que los demás
exigencias pasaran a un segundo plano…o a un tercero, o a un cuarto, o al que
sea. El caso es comulgar con la doctrina del palo y de la zanahoria. El que
manda manda. Y punto. Pero, ¿tenemos realmente derecho a indignarnos?
El CGPJ es un órgano político. Al menos eso proclaman los turiferarios de la
doctrina dominante. Ergo, es de esperar que sus nombramientos obedezcan a
criterios ideológicos. De ahí que en nada sería reprobable que, entre los
méritos de los peticionarios, se barajase su orientación ideológica. No sólo
eso, según la doctrina dominante, la alternativa abocaría a consecuencias
indeseadas. Así, si la cobertura de plazas estuviera determinada estrictamente
por baremos objetivos, se abriría la puerta a discriminaciones, por ejemplo, por
razón de sexo. A menudo, por mera justicia distributiva, debe escogerse a una
mujer, aunque no esté tan bien situada como sus contrincantes. Consecuentemente,
una sana dosis de discrecionalidad funcionaría como eficaz antídoto contra el
automatismo de una fría meritocracia.
Claro está que, en el caso que nos ocupa, la persona preterida resultó ser
mujer. Detalle sin importancia. Y es que los criterios de género no son
vinculantes, sino solamente un recordatorio que, en cada supuesto en particular,
ponderarán sabiamente los señores vocales. Ese sería el auténtico sentido del
“merito y capacidad”. Frente a la tiranía de la objetividad, la flexibilidad de
la discrecionalidad. ¿De verdad nos lo creemos?
Hubo un tiempo en que el Consejo todavía conservaba una pátina, sino de
prestigio, al menos de autoridad. Pero en la actualidad, su voz cada vez cuenta
menos. Simplemente impone sus dictados en virtud de la fuerza que le han
conferido la clase política. “Palo”, puro y duro. Surge una creciente
contestación en el seno de la carrera judicial ante un órgano cuyas actuaciones
se perciben como chocantes, cuando no estrictamente arbitrarias. Y no quedan las
cosas dentro de los muros de la judicatura. Allende sus fronteras la prensa se
atreve con acusaciones muy graves, como la severísima “desviación de poder”.
Mientras tanto, la ciudadanía se distancia de esos políticos-togados que deben
su cargo a los pactos entre los grupos parlamentarios. El sistema no aguanta,
muestra ya signos de colapso institucional.
Mas no seamos pesimistas. Las cosas están cambiando. Por ejemplo, la Plataforma
Cívica por la Independencia Judicial ha creado un Observatorio para analizar los
nombramientos discrecionales del CGPJ. Sus dictámenes, rigurosos y
desapasionados, están calando en la opinión pública. Seguro que los señores
vocales recogerán el guante y, se atendrán sin excepciones a criterios
estrictamente jurídicos. Nada de preferencias ideológicas. Fin al intercambio de
cromos. Confiamos en que, si se les ofrecen suficientes argumentos legales,
modifiquen su criterio y revoquen tan polémico acuerdo para escoger al mejor,
independientemente de que sea varón o mujer, progresista o conservador, galgo o
podenco. Al fin y al cabo, la mayoría son jueces, por lo que, a buen seguro, no
habrán olvidado su juramento. Así lo creemos. O al menos, lo queremos creer. |