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25 de MARZO de 2015

XIII Jornadas de Juntas de Gobierno que impulsa el CICAC analiza las reformas en marcha de nuestra justicia

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

 

Los letrados y letradas que integran las Juntas de Gobierno de los catorce Colegios de Abogados catalanes se reunieron el pasado viernes 20 de marzo en el Monasterio de Sant Benet de Bages (Manresa) con motivo de la XIII Jornada de Juntas de Gobierno organizada por el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), con el objetivo de debatir los últimos proyectos de reforma legislativa propuestos por los gobiernos central y autonómico y demás temas de actualidad de la abogacía. Nuestra publicación ha querido pulsar la opinión de tres de los decanos de más referencia, Abel Pie, presidente del Consell y decano de Manresa; Oriol Rusca, presidente del ICAB en Barcelona y Javier Garcia Cazorla máximo representante de la entidad colegial en Sabadell. Desde el CICAC está previsto hacer llegar las conclusiones de la Jornada a las administraciones, instituciones y partidos políticos, para que las tengan en cuenta a la hora de sacar adelante las reformas legislativas previstas por los gobiernos central y autonómico.

Para Abel Pie, presidente del Consell, entidad que ha organizado este encuentro colegial, “El objetivo fundamental de la Jornada era tratar los temas que más afectan a los Colegios de Abogados a consecuencia de las reformas legislativas impulsadas por los gobiernos central y autonómico. Para ello se organizaron diferentes grupos de trabajo para abordar la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, las nuevas directivas comunitarias en la Asistencia al Detenido o el uso de la mediación y el arbitraje como alternativas de resolución de conflictos en el nuevo Código de Consumo. También se analizaron diversos aspectos deontológicos de la profesión, temas relacionados con la formación y con el uso de las nuevas tecnologías en la Abogacía. “

Como presidente del Consell de l’Advocacia Catalana destaca el debate sobre la función social que ha de desempeñar la Abogacía ante la actual situación de crisis económica y social. “Consideramos que ha de ser una prioridad denunciar la violación de derechos y libertades públicas, así que vamos a incidir especialmente en las iniciativas legislativas que puedan afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.”  En este sentido, destacó que sigue un  manifestando su posicionamiento contrario ante la Ley de Seguridad Ciudadana, por considerar que supone una vulneración de los derechos y libertades de los ciudadanos establecidos en los tratados internacionales o ante la instauración de la pena de prisión permanente revisable, contraria a los artículos 10,15 y 25 de la Constitución

En Barcelona, Oriol Rusca, decano de esta institución colegial, atienda nuestra llamada para valorar positivamente este encuentro en el que se han encontrado cerca de ciento cincuenta y cinco profesionales de los catorce colegios catalanes: “Siempre es bueno pensar en común y crear una estrategia conjunta en los grandes temas. Es la mejor manera de aprender de todo el mundo”, resalta. Nuestro interlocutor formó parte de varios grupos de trabajo, entre ellos uno sobre competencia que contó con la presencia e intervención de Javier García Pascual, decano del Colegio de Alava, experto en estas lides.

Sobre las reformas que ha puesto en marcha el Ministro Catalá la opinión de Rusca es similar a la de sus colegas decanos de otras entidades. “Son reformas muy light que no aportan nada y que mejor hubiera sido no tocar nada en los textos actuales”, subraya. Para este experto penalistas estas reformas tienen un tufillo electoral importante y no parece que vayan a solucionar los problemas de nuestra justicia.  Así habla de lo poco práctico que es recortar los plazos en la Lecrim mientras no se reduzcan los recursos de apelación de las partes en el propio procedimiento penal. “De todas formas ha sido un acierto la supresión de las tasas porque era aquello un clamor social y el RD 1/2015 sobre la Segunda Oportunidad, aunque creemos que el texto es complejo y no ayudará a mejorar la condición de las personas con problemas financieros graves”.

Sabadell, también participa activamente

El Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD) tuvo una participación activa, con presencia de la Junta de Gobierno en todos los grupos de trabajo constituidos. En este sentido, hay que reseñar especialmente la participación del decano del ICASBD, Juan Antonio García Cazorla, como coordinador de dos de las sesiones de trabajo más destacadas, como fueron la relativa a los honorarios profesionales del abogado, bajo el título, “Hace falta una revisión de los criterios orientadores para informes de tasaciones y juras?”, y la que hacía referencia a mediación, bajo el título “Resolución de conflictos en el Código de Consumo y análisis de la figura del coordinador parental”. Recordamos que García Cazorla es actualmente el presidente de las Comisiones de Honorarios Profesionales y de Mediación del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, que es el órgano que coordina todos los colegios de abogados de Cataluña.

Desde su punto de vista, es claro que nuestras relaciones contractuales con los clientes (tales como nuestras hojas de encargo profesional, cuyo uso se recomienda encarecidamente) se han de analizar e interpretar a la luz de la normativa sobre consumidores y usuarios.  Sobre la mediación y sus ventajas, en el grupo de trabajo correspondiente se indicó que Los abogados-mediadores catalanes se hallan perfectamente habilitados para poder efectuar mediaciones en materia de consumo, sobre todo tras las últimas modificaciones legislativas operadas en Catalunya en la materia, tales como la necesidad del intento de mediación previa por parte del acreedor hipotecario antes de proceder a la reclamación judicial. Al mismo tiempo se señaló que La sesión informativa al ser previa a la mediación no es confidencial en cuanto a su convocatoria y resultado pues todavía no ha comenzado el proceso de mediación y que se  acepta la figura del “Coordinador Parental” para aquellos casos de especial conflictividad entre los progenitores en el ejercicio de la potestad sobre los hijos pero siempre que con anterioridad haya habido un intento de mediación .

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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