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16 de ABRIL de 2015

Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional y del CGAE:
“Los Colegios Profesionales siempre han sido molestos para los Poderes Públicos”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional y del CGAE

Que el Gobierno retire esta Ley de Servicios y Colegios Profesionales supone el triunfo de la cordura que preserva el patrimonio cultural y jurídico que atesoran los propios Colegios”. Esta es la primera reflexión que nos hace Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional y del propio CGAE al conocer la retirada de este anteproyecto que tantas amarguras ha generado al mundo colegial. Fue una idea de nuestro Gobierno supuestamente amparada en una directiva de Bruselas que venía a anular la autonomía y buen hacer de estas instituciones “ Curiosamente el fenómeno de los Colegios Profesionales existe en toda Europa pero solo nuestro país los tiene constitucionalizados y están amparados por el articulo 36 de nuestra Carta Magna donde respalda su funcionamiento democrático”, recuerda. De manera irónica Carnicer señala que “cuando algo funciona bien en este país vamos a intentar cargárnoslo”, así han estado amenazados los Colegios Profesionales

En Primera Persona

“Los frentes de la abogacía se van cerrando tras meses de lucha y manifestaciones. Las tasas judiciales han desaparecido recientemente para las personas físicas y queda ver si el propio Ministerio de Justicia las retira de las pymes mientras en el Tribunal Constitucional se acumulan varios recursos de inconstitucionalidad.

Sobre la Justicia Gratuita parece abortado el proyecto de ley que levantó a la abogacía contra el por aquel Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y que pese a ampliar el número de beneficiarios era muy restrictivo en su desarrollo y eliminaba la territorialidad como concepto que avalaba la actividad del abogado del turno de oficio.  Sin embargo, el servicio aunque funciona bien genera problemas de pagos serios en abogados de toda España.

Y con las manifestaciones de la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, quien en un desayuno organizado por la Fundación Caminos, entidad adscrita al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, señalaba la retirada de este polémico anteproyecto. Cospedal habla de presiones de Bruselas para aprobar estas reformas pero Carnicer claramente señala al Gobierno como el inductor de los problemas generados del citado anteproyecto.

“Unión Profesional es la asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. Está integrada por 36 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que, juntos, aglutinan cerca de 1.000 colegios profesionales y millón y medio de profesionales liberales en todo el territorio. El sector de las profesiones colegiadas genera casi el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y su aportación al empleo se situaría en un 9%, del cual el 6% sería empleo directo y 3% es empleo vinculado.”

Presidente Carnicer, la Secretaria General del PP, Maria Dolores de Cospedal confirma de manera rotunda que el anteproyecto de Ley y Servicios Profesionales queda aparcado.

Una gran noticia que pone fin a unos meses de polémica por un anteproyecto del que los propios Colegios Profesionales no pudimos participar.

Además hay que señalar que los propios Colegios adaptaron la llamada Directiva de Servicio en el Mercado Interior fue adaptada al derecho español mediante las Leyes Paraguas y Onmibus en las postrimerías del año 2009.

No había quedado por adaptar la exigencia por parte del Estado que profesiones tendrían colegiación obligatoria y cuáles no.  Ya se hizo un esfuerzo por adaptarnos a un marco comunitario nuevo hace seis y años y este nuevo cambio no parecía necesario.

Hablando con algunos colegas suyos nos señalan que éste es un problema cíclico y que cada cierto tiempo el Gobierno de turno se mete con los Colegios Profesionales.

Comparto totalmente esa afirmación. Nosotros no somos Poder pero sí somos muy molestos para el propio Poder. Tenga en cuenta que nos dedicamos a defender a los ciudadanos y a sus derechos y al propio Estado de Derecho.

Es un orgullo que muchos de nuestros compañeros estén dedicando tiempo a defender los derechos humanos desde la Fundación CGAE. Así lo hacemos en Ecuador con el apoyo a españoles que ya cumplieron su condena repatriándoles.

La abogacía está denunciando la violación de los derechos humanos allá donde se produzca. Asi lo hemos hecho en Ceuta y Melilla con las llamadas devoluciones en caliente en los últimos meses.

¿Por qué ese afán de control de los Poderes Públicos con los Colegios?

Como ya le dije antes, somos muy molestos. Sé que estas declaraciones no gustarán pero tenemos que pronunciarnos en este sentido tanto un servidor como otros decanos colegiales.

 Tampoco gustaron las movilizaciones que se pusieron en marcha en su día y especialmente la movilización de las Juntas de Gobierno de todos los Colegios de Abogados de España el pasado mes de julio. Era nuestra obligación salir a la calle y denunciar la situación que estábamos viviendo

La Sra. de Cospedal y el Presidente Rajoy acusan a Bruselas de haberles obligado a enfrentarse a los Colegios Profesionales con el citado anteproyecto del que estamos hablando.

La culpa se la tengo que echar a quien la tiene que creo que es el Gobierno.  Fue un anteproyecto anacrónico que en el caso de la abogacía dividían la profesión entre abogados que asesoraban fuera del juzgado y los que sí iban habitualmente a ellos.

Curiosa división en un momento en el que por otro lado se ha querido impulsar la mediación o acuerdos extrajudiciales para evitar acudir a juzgados colapsados.

Otras cuestiones graves que hubieran hecho daño a los Colegios Profesionales tenía que ver con su control presupuestario y la limitación de cuota de inscripción y reducción de la cuota de colegiado a 240 euros de cuota anual.

Desde fuera parece una temeridad retirar la colegiación obligatoria a profesiones como la abogacía, garante del trabajo de ese profesional y de su respuesta ética.

Es cierto, son situaciones que pueden generar intrusismo de personas con formadas conforme a los cánones no establecidos y ello redundar en la seguridad jurídica de los propios ciudadanos.

Hay que darse cuenta que en la Constitución del 78 el legislador quiso unir el futuro de los Colegios Profesionales y su actividad con los derechos de los ciudadanos, especialmente consumidores y usuarios. Y esta prerrogativa no la tiene ningún país de nuestro entorno.

En ese caso, entiendo que para hacer otra reforma en los Colegios Profesionales, tendrían que ser oídos ustedes y quizás hacer una reforma del texto constitucional.

No creo que sea imprescindible reformar la Constitución para hacer cambios en la normativa que regula los propios Colegios. Lo que sí parece muy arriesgado es ponerla en marcha sin contar con nosotros. Estoy seguro que más de un recurso de anticonstitucionalidad se plantearía.

Con estas reducciones presupuestarias, ¿Cuál hubiera sido el futuro de los actuales 83 Colegios de Abogados existentes en la actualidad?

El panorama hubiera sido desolador. En un horizonte de cuatro o cinco años más de la mitad de las entidades colegiales hubieran desaparecido.  Tenga en cuenta que el propio anteproyecto no hablaba para nada de otros ingresos adicionales que no fueran las cuotas colegiales.

No se entiende la mejora de la regulación de los Colegios si a estos se les seca económicamente sus ingresos. No tenía esta afirmación, defendida por el Gobierno para aprobar ese anteproyecto que ya sabemos hoy que ha quedado aparcado definitivamente, el hablar de liberalización con estas restricciones tan importantes.

Hay que darse cuenta que el dinero de los Colegios procede de sus cuotas colegiales. En primer lugar se destina a formación y a la defensa de los intereses de los ciudadanos. Así ya se decía en la ley Omnibus para los propios Colegios de Abogados como fin último de su creación, especialmente la defensa de los ciudadanos más vulnerables.

Todas estas medidas, unidas a la potestad del Ministerio correspondiente de poder disolver los órganos de administración de los Colegios Profesionales, no son sino intromisiones que nadie entiende sabiendo lo que aportan los propios Colegios a la sociedad.

Nadie discute el compromiso de los Colegios Profesionales con la sociedad.

Desde luego, aunque en el texto del anteproyecto se pedía sorprendentemente más vinculación con la sociedad. En el caso de la  abogacía, podemos señalar algunos de los servicios jurídicos sociales que presta. Es el caso del Turno de Oficio; a su lado hay otros servicios admirados en todo el mundo como el servicio de atención a menores; el servicio de asesoramiento jurídico a inmigrantes, el servicio a mujeres maltratadas.

Al mismo tiempo, ahí están los programas formativos que impulsan los Colegios relacionados con la deontología y el ejercicio de la profesión.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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