“Que
el
Gobierno
retire
esta
Ley
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales
supone
el
triunfo
de
la
cordura
que
preserva
el
patrimonio
cultural
y
jurídico
que
atesoran
los
propios
Colegios”.
Esta
es
la
primera
reflexión
que
nos
hace
Carlos
Carnicer,
presidente
de
Unión
Profesional
y
del
propio
CGAE
al
conocer
la
retirada
de
este
anteproyecto
que
tantas
amarguras
ha
generado
al
mundo
colegial.
Fue
una
idea
de
nuestro
Gobierno
supuestamente
amparada
en
una
directiva
de
Bruselas
que
venía
a
anular
la
autonomía
y
buen
hacer
de
estas
instituciones
“
Curiosamente
el
fenómeno
de
los
Colegios
Profesionales
existe
en
toda
Europa
pero
solo
nuestro
país
los
tiene
constitucionalizados
y
están
amparados
por
el
articulo
36
de
nuestra
Carta
Magna
donde
respalda
su
funcionamiento
democrático”,
recuerda.
De
manera
irónica
Carnicer
señala
que
“cuando
algo
funciona
bien
en
este
país
vamos
a
intentar
cargárnoslo”,
así
han
estado
amenazados
los
Colegios
Profesionales
En
Primera
Persona
“Los
frentes
de
la
abogacía
se
van
cerrando
tras
meses
de
lucha
y
manifestaciones.
Las
tasas
judiciales
han
desaparecido
recientemente
para
las
personas
físicas
y
queda
ver
si
el
propio
Ministerio
de
Justicia
las
retira
de
las
pymes
mientras
en
el
Tribunal
Constitucional
se
acumulan
varios
recursos
de
inconstitucionalidad.
Sobre
la
Justicia
Gratuita
parece
abortado
el
proyecto
de
ley
que
levantó
a la
abogacía
contra
el
por
aquel
Ministro
de
Justicia
Alberto
Ruiz-Gallardón
y
que
pese
a
ampliar
el
número
de
beneficiarios
era
muy
restrictivo
en
su
desarrollo
y
eliminaba
la
territorialidad
como
concepto
que
avalaba
la
actividad
del
abogado
del
turno
de
oficio.
Sin
embargo,
el
servicio
aunque
funciona
bien
genera
problemas
de
pagos
serios
en
abogados
de
toda
España.
Y
con
las
manifestaciones
de
la
Secretaria
General
del
PP,
María
Dolores
de
Cospedal,
quien
en
un
desayuno
organizado
por
la
Fundación
Caminos,
entidad
adscrita
al
Colegio
de
Ingenieros
de
Caminos,
Canales
y
Puertos,
señalaba
la
retirada
de
este
polémico
anteproyecto.
Cospedal
habla
de
presiones
de
Bruselas
para
aprobar
estas
reformas
pero
Carnicer
claramente
señala
al
Gobierno
como
el
inductor
de
los
problemas
generados
del
citado
anteproyecto.
“Unión
Profesional
es
la
asociación
estatal
que
agrupa
a
las
profesiones
colegiadas
españolas.
Está
integrada
por
36
Consejos
Generales
y
Superiores
y
Colegios
Profesionales
de
ámbito
estatal
que,
juntos,
aglutinan
cerca
de
1.000
colegios
profesionales
y
millón
y
medio
de
profesionales
liberales
en
todo
el
territorio.
El
sector
de
las
profesiones
colegiadas
genera
casi
el
10%
del
Producto
Interior
Bruto
(PIB)
y su
aportación
al
empleo
se
situaría
en
un
9%,
del
cual
el
6%
sería
empleo
directo
y 3%
es
empleo
vinculado.”
Presidente
Carnicer,
la
Secretaria
General
del
PP,
Maria
Dolores
de
Cospedal
confirma
de
manera
rotunda
que
el
anteproyecto
de
Ley
y
Servicios
Profesionales
queda
aparcado.
Una
gran
noticia
que
pone
fin
a
unos
meses
de
polémica
por
un
anteproyecto
del
que
los
propios
Colegios
Profesionales
no
pudimos
participar.
Además
hay
que
señalar
que
los
propios
Colegios
adaptaron
la
llamada
Directiva
de
Servicio
en
el
Mercado
Interior
fue
adaptada
al
derecho
español
mediante
las
Leyes
Paraguas
y
Onmibus
en
las
postrimerías
del
año
2009.
No
había
quedado
por
adaptar
la
exigencia
por
parte
del
Estado
que
profesiones
tendrían
colegiación
obligatoria
y
cuáles
no.
Ya
se
hizo
un
esfuerzo
por
adaptarnos
a un
marco
comunitario
nuevo
hace
seis
y
años
y
este
nuevo
cambio
no
parecía
necesario.
Hablando
con
algunos
colegas
suyos
nos
señalan
que
éste
es
un
problema
cíclico
y
que
cada
cierto
tiempo
el
Gobierno
de
turno
se
mete
con
los
Colegios
Profesionales.
Comparto
totalmente
esa
afirmación.
Nosotros
no
somos
Poder
pero
sí
somos
muy
molestos
para
el
propio
Poder.
Tenga
en
cuenta
que
nos
dedicamos
a
defender
a
los
ciudadanos
y a
sus
derechos
y al
propio
Estado
de
Derecho.
Es
un
orgullo
que
muchos
de
nuestros
compañeros
estén
dedicando
tiempo
a
defender
los
derechos
humanos
desde
la
Fundación
CGAE.
Así
lo
hacemos
en
Ecuador
con
el
apoyo
a
españoles
que
ya
cumplieron
su
condena
repatriándoles.
La
abogacía
está
denunciando
la
violación
de
los
derechos
humanos
allá
donde
se
produzca.
Asi
lo
hemos
hecho
en
Ceuta
y
Melilla
con
las
llamadas
devoluciones
en
caliente
en
los
últimos
meses.
¿Por
qué
ese
afán
de
control
de
los
Poderes
Públicos
con
los
Colegios?
Como
ya
le
dije
antes,
somos
muy
molestos.
Sé
que
estas
declaraciones
no
gustarán
pero
tenemos
que
pronunciarnos
en
este
sentido
tanto
un
servidor
como
otros
decanos
colegiales.
Tampoco
gustaron
las
movilizaciones
que
se
pusieron
en
marcha
en
su
día
y
especialmente
la
movilización
de
las
Juntas
de
Gobierno
de
todos
los
Colegios
de
Abogados
de
España
el
pasado
mes
de
julio.
Era
nuestra
obligación
salir
a la
calle
y
denunciar
la
situación
que
estábamos
viviendo
La
Sra.
de
Cospedal
y el
Presidente
Rajoy
acusan
a
Bruselas
de
haberles
obligado
a
enfrentarse
a
los
Colegios
Profesionales
con
el
citado
anteproyecto
del
que
estamos
hablando.
La
culpa
se
la
tengo
que
echar
a
quien
la
tiene
que
creo
que
es
el
Gobierno.
Fue
un
anteproyecto
anacrónico
que
en
el
caso
de
la
abogacía
dividían
la
profesión
entre
abogados
que
asesoraban
fuera
del
juzgado
y
los
que
sí
iban
habitualmente
a
ellos.
Curiosa
división
en
un
momento
en
el
que
por
otro
lado
se
ha
querido
impulsar
la
mediación
o
acuerdos
extrajudiciales
para
evitar
acudir
a
juzgados
colapsados.
Otras
cuestiones
graves
que
hubieran
hecho
daño
a
los
Colegios
Profesionales
tenía
que
ver
con
su
control
presupuestario
y la
limitación
de
cuota
de
inscripción
y
reducción
de
la
cuota
de
colegiado
a
240
euros
de
cuota
anual.
Desde
fuera
parece
una
temeridad
retirar
la
colegiación
obligatoria
a
profesiones
como
la
abogacía,
garante
del
trabajo
de
ese
profesional
y de
su
respuesta
ética.
Es
cierto,
son
situaciones
que
pueden
generar
intrusismo
de
personas
con
formadas
conforme
a
los
cánones
no
establecidos
y
ello
redundar
en
la
seguridad
jurídica
de
los
propios
ciudadanos.
Hay
que
darse
cuenta
que
en
la
Constitución
del
78
el
legislador
quiso
unir
el
futuro
de
los
Colegios
Profesionales
y su
actividad
con
los
derechos
de
los
ciudadanos,
especialmente
consumidores
y
usuarios.
Y
esta
prerrogativa
no
la
tiene
ningún
país
de
nuestro
entorno.
En
ese
caso,
entiendo
que
para
hacer
otra
reforma
en
los
Colegios
Profesionales,
tendrían
que
ser
oídos
ustedes
y
quizás
hacer
una
reforma
del
texto
constitucional.
No
creo
que
sea
imprescindible
reformar
la
Constitución
para
hacer
cambios
en
la
normativa
que
regula
los
propios
Colegios.
Lo
que
sí
parece
muy
arriesgado
es
ponerla
en
marcha
sin
contar
con
nosotros.
Estoy
seguro
que
más
de
un
recurso
de
anticonstitucionalidad
se
plantearía.
Con
estas
reducciones
presupuestarias,
¿Cuál
hubiera
sido
el
futuro
de
los
actuales
83
Colegios
de
Abogados
existentes
en
la
actualidad?
El
panorama
hubiera
sido
desolador.
En
un
horizonte
de
cuatro
o
cinco
años
más
de
la
mitad
de
las
entidades
colegiales
hubieran
desaparecido.
Tenga
en
cuenta
que
el
propio
anteproyecto
no
hablaba
para
nada
de
otros
ingresos
adicionales
que
no
fueran
las
cuotas
colegiales.
No
se
entiende
la
mejora
de
la
regulación
de
los
Colegios
si a
estos
se
les
seca
económicamente
sus
ingresos.
No
tenía
esta
afirmación,
defendida
por
el
Gobierno
para
aprobar
ese
anteproyecto
que
ya
sabemos
hoy
que
ha
quedado
aparcado
definitivamente,
el
hablar
de
liberalización
con
estas
restricciones
tan
importantes.
Hay
que
darse
cuenta
que
el
dinero
de
los
Colegios
procede
de
sus
cuotas
colegiales.
En
primer
lugar
se
destina
a
formación
y a
la
defensa
de
los
intereses
de
los
ciudadanos.
Así
ya
se
decía
en
la
ley
Omnibus
para
los
propios
Colegios
de
Abogados
como
fin
último
de
su
creación,
especialmente
la
defensa
de
los
ciudadanos
más
vulnerables.
Todas
estas
medidas,
unidas
a la
potestad
del
Ministerio
correspondiente
de
poder
disolver
los
órganos
de
administración
de
los
Colegios
Profesionales,
no
son
sino
intromisiones
que
nadie
entiende
sabiendo
lo
que
aportan
los
propios
Colegios
a la
sociedad.
Nadie
discute
el
compromiso
de
los
Colegios
Profesionales
con
la
sociedad.
Desde
luego,
aunque
en
el
texto
del
anteproyecto
se
pedía
sorprendentemente
más
vinculación
con
la
sociedad.
En
el
caso
de
la
abogacía,
podemos
señalar
algunos
de
los
servicios
jurídicos
sociales
que
presta.
Es
el
caso
del
Turno
de
Oficio;
a su
lado
hay
otros
servicios
admirados
en
todo
el
mundo
como
el
servicio
de
atención
a
menores;
el
servicio
de
asesoramiento
jurídico
a
inmigrantes,
el
servicio
a
mujeres
maltratadas.
Al
mismo
tiempo,
ahí
están
los
programas
formativos
que
impulsan
los
Colegios
relacionados
con
la
deontología
y el
ejercicio
de
la
profesión. |