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13 de MAYO de 2015

La Fundación Abogacía denuncia que hay españoles privados de libertad en Ecuador pese a que ya cumplieron las penas

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Procedimientos judiciales complejos evitan que estos ciudadanos puedan recobrar la libertad pese a que entró en vigor el nuevo Código Penal en este país sudamericano en agosto del pasado año

Con la última reforma de la Ley Penal en Ecuador, que entró en vigor en agosto del pasado año,  muchos de los españoles presos en este país sudamericano, casi todos por tráfico de drogas, vieron el cielo abierto y una salida a su calvario carcelario. Esta nueva norma modulaba las penas en función de la cantidad de droga que portaban cada uno de ellos, eso hacía que entonces algunos de los presos españoles ya hubieran cumplido su condena y podrían quedar en libertad. Sin embargo, ahí empieza nuestra historia y es que la complejidad de los procedimientos de revisión de condena  están manteniendo a algunos españoles a seguir en esas cárceles ecuatorianas. Es la Fundación Abogacía Española quien en todo momento a instado a las autoridades del país centroamericano a que agilice estos trámites y a visualizar un conflicto que en estos momentos afecta a unos cien españoles que siguen en aquel país y otros tantos recluidos en cárceles españolas. Nunca un regreso a tu país de origen fue más deseado por nadie en ninguna otra circunstancia. En la foto, la delegación que acudió a Ecuador en octubre del 2014 con Francisco Segovia y Carles McCrag en el centro por la izda.

Francisco Segovia es el coordinador de proyectos de la Fundación Abogacía Española y quien nos va a servir para visualizar  esta dramática historia. Fue en su día uno de los integrantes en octubre de 2014,  de un viaje una delegación de la Fundación Abogacía, compuesta por su vicepresidente Carles McCragh, su coordinador de Proyectos, el propio  Segovia, y el abogado Gerardo Esteva, para visitar a  60 presos españoles en Ecuador a quienes puede afectar la entrada en vigor del nuevo Código Orgánico Integral Penal, que incorpora una rebaja sustancial de las penas por tráfico de estupefacientes. Prácticamente los 85 presos españoles encarcelados en Ecuador están condenados por este delito.

Muchas de estas personas son fruto de la crisis económica. “Perdieron su trabajo  o enfermaron y eso hizo que buscasen dinero fácil, no siempre de forma legal” explica Segovia, quien recuerda que aquel viaje sirvió para poner rostro a este problema y contactar con las diferentes autoridades jurídicas ecuatorianas que, pese al trato correcto no han logrado agilizar este asunto que afecta a muchas familias. Los representantes de la Fundación se reunieron también con el Consejo de la Judicatura – el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España-, el viceministerio de Rehabilitación Social, el Defensor del Pueblo, y la Defensa Pública (abogados de Oficio). “También visitamos dos cárceles, ahora mejoradas tras las reformas últimas de la justicia donde escasea la asistencia médica y el agua potable”, indica Segovia.

Desde fuera se tiene la sensación que esta reforma penal ha beneficiado en principio a lo nacionales ecuatorianos frente a los extranjeros que cometieron el mismo delito. “Esperábamos más impulso y receptividad por parte de las autoridades ecuatorianas, pensábamos que iban a ser más diligentes en este asunto.”, afirma.  En estos momentos, 18 españoles que están en Ecuador ya han logrado su revisión de condena que supone libertad. Y es que para lograr esa revisión hay que formalizar un proceso muy complejo y lento que frena cualquier tipo de repatriación posterior. Y en España, de ese centenar que nos cito hay 40 con l pena cumplida y salieron en libertad solo dos. “El procedimiento es complejo, se piden muchos requisitos y debería ser de otra forma para agilizar los trámites de libertad de estas personas. Con toda la documentación que recibe el juzgado se realiza un juicio donde el penado debe estar presente.  Debería haberse aplicado un sistema automático de la aplicación de la nueva situación penal, en definitiva”, comenta Segovia.

Retenidos en España, también

El problema es similar para los españoles que están en nuestro país en alguna de nuestras cárceles donde incluso se le pide una solicitud a cada preso para que se revise su condena y luego se fija una fecha para que se celebre el juicio por videoconferencia “Y es que el propio preso debe participar en la vista judicial de nuevo. Es complejo el procedimiento y las administraciones implicadas colaboran muy poco”, advierte nuestro interlocutor. Desde la Fundación Abogacía Española se denuncia el poco empuje tanto de la administración española como de la ecuatoriana para solventar esta situación. “Necesitamos que se impliquen todas las administraciones relacionadas, sobre todo a nivel de Justicia e Interior para que se pueda agilizar todos estos procedimientos”.

Desde fuera surgen las ideas para que se puede solucionar la situación de estos españoles atrapados en las cárceles de Ecuador. “Podría buscarse una media colectiva de más agilidad o darle una vuelta a los procedimientos judiciales actuales”. En ese sentido desde su punto de vista habría que instar a los centros penitenciarios a que faciliten el trabajo de los propios abogados en esos centros; más agilidad con los certificados de permanencia en esos centros que se piden de forma continuada; así como más diligencia en esas audiencias donde deben comparecer los penados “también sería bueno que el propio Consulado español fuera más rápido en los traslados de esas personas a España a nivel de gestionar su documentación”. Al final, uno advierte que se espera más del esfuerzo de las administraciones y más coordinación entre ellas.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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