El
Colegio
de
la
Abogacía
de
Barcelona
muestra
su
preocupación
por
el
precedente
que
puede
conllevar
la
aprobación
de
una
tasa
en
el
Registro
Civil.
Además,
alerta
de
la
más
que
probable
implantación
de
tasas
judiciales
en
el
registro
civil,
si
el
próximo
jueves,
28
de
mayo,
se
aprueba
durante
la
votación
en
el
Pleno
del
Senado
del
Dictamen
el
proyecto
de
Ley
que
prevé
la
concesión
de
la
nacionalidad
española
a
los
sefardíes
originarios
de
España
que
justifiquen
esta
condición
y su
vinculación
especial
en
España,
y
que
se
presentó
hace
más
de
un
año
en
el
congreso.
Aunque
el
texto
será
retornado
al
Congreso,
la
votación
tiene
una
especial
importancia
para
la
implantación,
por
primera
vez,
de
una
tasa
en
el
Registro
Civil.
Este
proyecto
de
ley
fue
presentado
en
su
momento
por
el
ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz-Gallardón,
y
pretendía
implantar
una
tasa
para
todos
los
expedientes
de
concesión
de
la
nacionalidad
por
residencia
(u
otros
supuestos
como
el
que
ahora
se
aprobará).
La
tasa
prevista
era
de
75
€.
Sobre
la
tasa,
cabe
destacar
que
el
Grupo
Parlamentario
Popular
en
el
Congreso
enmendó
el
proyecto
inicial,
suprimiendo
la
tasa
que
inicialmente
se
había
previsto.
Este
cambio
de
criterio
nunca
se
justificó
abiertamente,
aunque
después
se
ha
hecho
evidente
que
derivaba
de
la
voluntad
del
Ministerio
de
Justicia
de
traspasar
la
gestión
del
Registro
Civil
a
los
Registradores
mercantiles
(como
proclama
la
Ley
18/2014,
de
15
de
octubre),
porque
estos
ya
cobrarían
el
arancel
correspondiente
cuando
se
llegara
a
aprobar.
Ahora
que
el
citado
Ministerio
ha
manifestado
públicamente
que
descarta
la
gestión
externa,
es
decir,
el
traspaso
a
los
Registradores,
reaparece
la
tasa.
Aunque
ésta
sólo
afectará
a
los
expedientes
de
nacionalidad
que
regula
el
proyecto
de
ley
(sefardíes
que
se
acojan
a
sus
previsiones),
se
incrementa
sobre
aquella
previsión
inicial
del
proyecto,
pasando
de
75 a
100
€.
Esta
previsión
se
reproduce
en
las
enmiendas
que
el
Grupo
Parlamentario
Popular
en
el
Congreso
acaba
de
formular
a
otro
proyecto
de
ley
(Proyecto
de
Ley
de
medidas
de
reforma
administrativa
en
el
ámbito
de
la
Administración
de
Justicia
y
del
Registro
Civil),
de
forma
que
cualquier
expediente
de
solicitud
de
nacionalidad
española
por
residencia
(no
sólo
el
caso
apuntado
de
los
sefardíes
originarios
de
España)
estaría
gravado
con
una
tasa
de
100
€.
El
decano
del
ICAB,
Oriol
Rusca,
califica
este
hecho
de
"preocupante"
porque
"parece
que
el
Ministerio
de
Justicia
empiece
a
dibujar
un
modelo
de
Registro
Civil
que
se
quiere
financiar
con
tasas.
Parece
que
se
quiera
añadir
un
copago
por
uso
en
un
servicio
público
como
es
el
Registro
Civil
cuando
el
ciudadano
tenga
que
utilizarlo
" y
añade:"
desde
el
Colegio
de
la
Abogacía
de
Barcelona
desaprobamos
y
rechazamos
que
el
nuevo
modelo
de
Registro
Civil
tenga
que
financiarse
con
tasas
a
costa
de
los
ciudadanos,
que
ya
pagan
sus
impuestos
por
el
funcionamiento
de
este
servicio
público.
Por
ello,
consideramos
que
el
establecimiento
de
esta
tasa
es
un
precedente
muy
preocupante".
Desde
esta
corporación
también
se
denuncia
que
la
tasa
concreta
que
se
pretende
implementar
a
través
de
este
proyecto
de
ley
no
se
adecua
a
las
previsiones
del
ordenamiento
jurídico.
Hay
que
recordar
que
la
Ley
de
tasas
y
precios
público
(Ley
8/1989)
exige
que
toda
propuesta
de
establecimiento
de
una
nueva
tasa
incluya
los
antecedentes
y
estudios
previos
para
su
elaboración,
una
memoria
económica-financiera
sobre
el
coste
o
valor
del
recurso
o
actividad
de
que
se
trate
y
sobre
la
justificación
de
la
cuantía
de
la
tasa
que
se
propone.
Ninguna
de
estas
previsiones
se
cumple
en
el
caso
presente
y,
en
consecuencia,
debemos
denunciar
que
su
implantación
resulta
irregular
y no
se
adecua
a
las
previsiones
normativas
del
ordenamiento
español. |