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Ante la denuncia interpuesta por
la
policía
a
una
mujer
víctima
de
trata
en
Madrid
en
virtud
de
la
nueva
Ley
de
Seguridad
Ciudadana,
dada
a
conocer
ayer
a
los
medios
de
comunicación
por
la
asociación
APRAMP,
el
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
y su
Fundación
expresan
su
máxima
preocupación
ante
disposiciones
legales
como
la
contemplada
en
el
artículo
37.5
de
esta
Ley,
que
ofrece
amparo
legal
a
actuaciones
policiales
de
este
tipo.
No podemos obviar que la mayor
parte
de
las
mujeres
que
están
en
la
calle
están
captadas
por
redes
de
trata
con
fines
de
explotación
sexual
y
acarrean
una
“deuda
económica”
con
sus
explotadores.
El
hecho
de
que
los
cuerpos
de
seguridad
interpongan
denuncias
que
llevan
implícitas
el
pago
de
una
multa
a
una
mujer
víctima
de
trata
incrementa
enormemente
su
desprotección,
su
miedo
y su
“deuda”.
Si el propósito del Gobierno es
desarrollar
un
Plan
Integral
de
lucha
contra
la
trata
que
incluya,
lógicamente,
la
protección
a
las
víctimas,
no
se
deben
amparar
bajo
ningún
precepto
actuaciones
de
este
tipo.
La
trata
de
niñas
y
mujeres
con
fines
de
explotación
sexual
es a
día
de
hoy
una
de
las
más
grandes
lacras
de
nuestra
sociedad
por
la
extrema
vulneración
de
los
derechos
humanos
más
básicos
que
representa.
Como
abogados,
asumimos
la
responsabilidad
social
que
nos
corresponde
en
defensa
de
los
derechos
de
las
personas
que
se
encuentran
más
desprotegidas.
Un
problema
de
tal
envergadura
requiere
la
colaboración
y el
esfuerzo
de
coordinación
de
todos
los
actores
implicados,
tanto
públicos
como
privados.
Pero
también,
y de
forma
especial,
exige
el
compromiso
y la
concienciación
de
toda
la
ciudadanía.
Nadie
debe
permanecer
impasible
ante
el
régimen
de
esclavitud
y
explotación
que
padecen
otras
personas. |
