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07 de SEPTIEMBRE de 2015

Abel Pie, presidente del Consell de la Abogacía Catalana:
“La reforma exprés del Tribunal Constitucional es peligrosa y mezcla de nuevo política con Justicia”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Reconoce que su balance en este primer año al frente del Consell de la Abogacía Catalana ha sido positivo “ hemos logrado mantener buenas relaciones con la Administración, Generalitat e instituciones, como se demuestra en normas aprobadas como aquella donde se tuvo en cuenta nuestra aportación a la Segunda Oportunidad”, comenta Abel Pie, decano de Manresa y presidente de esta institución que engloba catorce colegios de abogados en Catalunya y alrededor de 30.000 abogados de los cuales unos 7000 forman parte del Turno de Oficio.  Nuestro interlocutor se ha sentido apoyado por todos los miembros del Consell a la hora de poner en marcha diferentes iniciativas. A su juicio en este momento “los abogados catalanes tienen una gran credibilidad ante sus instituciones, lo que hace que nuestras recomendaciones se tengan en cuenta”.  Hablamos con Abel cuando miles de refugiados procedentes de una Siria en guerra llegan a Europa. “Hay que buscar una solución excepcional a esta cuestión tan especial”, comenta y a veinte días de las nuevas elecciones autonómicas en Catalunya, ese 27S que tanta crispación ha generado entre el Gobierno Central y la Generalitat.  “El Consell no va a dar ninguna instrucción a sus abogados sobre el sentido de su voto. Por cómo está la cuestión, solo tras los comicios se puede esperar algún acuerdo entre ambos Gobiernos”, apunta.

Sr. Pie, ¿cómo se vislumbra la crisis de los refugiados desde su entidad?

Este es un problema grave. Sabemos que el Gobierno va a convocar una conferencia sectorial autonómica para ver cómo estructurar soluciones uniformes.  Es una situación excepcional parecida a la de nuestra Guerra Civil, donde muchos ciudadanos se marcharon y fueron acogidos en otros países.  Veremos si es posible que muchos de estos refugiados puedan encontrar abrigo en todo el territorio español.

Desde el propio Consell  nos hemos puesto a disposición de las autoridades para ver cómo gestionar este asunto. Según el Estatuto de la Abogacía tenemos que dar asistencia jurídica a estas personas. Nuestros abogados se integrarán en las mesas de trabajo que ha puesto en marcha la Generalitat y ponernos a su disposición.

Muchas de estas personas necesitan asesoramiento jurídico y también sanitario.

Es cierto, estamos hablando del derecho de asilo que no es fácil de conseguir. Al principio se deniega, luego con el recurso de revisión que se interpone para revisar de nuevo el asunto y la situación de esa persona.

En estos procesos es donde tenemos que estar los abogados para que se gestione de forme correcta y no acabe con la expulsión de la persona extranjera.  En este momento hay que tener una sensibilidad especial porque muchos de ellos huyen de una guerra.

Respecto al tema de la sanidad, en Catalunya la sanidad es competencia transferida y se está dando asistencia a inmigrantes sin papeles, pese a lo que se comentó. Esto hace que los propios refugiados, por lo menos en nuestra CCAA no vayan a tener problemas de asistencia sanitaria.

“ Por lo visto hasta ahora, da la sensación que el mayor incumplidor de Sentencias del Tribunal Constitucional es el propio Estado.”

Una CCAA como Catalunya ¿cuántos refugiados puede mantener y dar cobijo?

Aún no hemos hecho ningún cálculo aunque sí le puedo decir que muchos municipios de la zona se han ofrecido voluntariamente para acoger a dichos refugiados. En este sentido es fundamental que los catorce colegios que configuran el Consell den respuesta organizada a esta situación excepcional.

Confío que todos sepamos estar a la altura de la circunstancias porque de lo que se trata es de un tema de dignidad y derechos humanos por encima de cualquier otro planteamiento.

Otra cuestión importante de la actualidad tiene que ver con la reforma de las competencias del Tribunal Constitucional que plantea el Gobierno ante el 27S en Catalunya.

Sin conocer los detalles a fondo de la misma creo que instrumentalizar las instituciones como el Tribunal Constitucional como arma política es peligroso. Hablamos de un Tribunal especial, de última instancia, que revisa derechos constitucionales.

Curiosamente el día que se propuso esa reforma, yo estaba hablando con el presidente del Tercer Sector, quien me habló de los incumplimientos del Gobierno del reparto del 0,7 por ciento dedicado a fines sociales.

Me comentó que hay hasta trece sentencias que dan la razón tanto a Catalunya como a CCAA de Galicia en estos temas, quienes al tener transferidas esas competencias en esa materia reclamaban ese dinero que no ha llegado del Estado.  Al final da la sensación que el mayor incumplidor de Sentencias del Constitucional es el propio Estado.

De nuevo se vuelven a mezclar política con justicia, una vez más.

Es cierto, esto es algo que hay que evitar siempre y que no ayuda sino a que el ciudadano crea que los órganos judiciales estén politizados.  Lo ideal que en este tema y en todo el proceso relacionado con el 27S es que hubiera más diálogo entre las partes y no se utilice la justicia como arma arrojadiza.  Los problemas hay que arreglarlos en las instituciones parlamentarias y a través del diálogo.

A veinte días de ese 27S, ¿cómo ve el presidente del Consell la situación actual? ¿Hay una puerta abierta al diálogo entre el Gobierno Central y el de la Generalitat?

Desde fuera da la sensación que el acuerdo está lejano. Recuerde que también se hizo un intento de consulta popular en noviembre del año pasado que también acabó en los juzgados.  Las posturas están muy alejadas y por desgracia, como antes le comenté se siguen buscando soluciones judiciales a temas políticos.

Confiemos que tras el desenlace electoral, Gobierno Central y Generalitat encuentren el camino para dialogar y buscar un escenario de entendimiento.  Habrá que ver qué resultado ofrecen las urnas y si realmente los votos apoyan la independencia de Catalunya.

El debate ha pasado de ser una cuestión soberanista donde se pedían más competencias a instalarse en el independentismo por la falta de diálogo del Gobierno Central. En estos cuatro años ha cambiado mucho la llamada “cuestión catalana” y ahora queda por ver cómo va a quedar realmente.

Desde el Consell ¿se va a hacer algún pronunciamiento especial sobre el tema o recomendación a los abogados, más de 30.000, que voten en uno u otro sentido el 27S?

Nosotros desde el Consell en su día fuimos partidarios de apoyar la opción del derecho a decidir al pensar que era un derecho democrático que se debería respaldar.  En este sentido de cara al 27S no haremos ninguna proclama ni nada.

Escucharemos a todos los candidatos y sus programas pero no tenemos previsto dar ninguna instrucción a nuestros abogados sobre el sentido de su voto.  Lo que sí queremos es que la gente vote y elija realmente su opción democrática.

Desde fuera llama la atención la buena relación entre el Consell y la Generalitat en materia de justicia; en otras comunidades no pasa lo mismo.

Todo es fruto del diálogo con nuestros políticos y planteando cosas que no han sido imposibles de poner en marcha. En ese planteamiento realista hemos logrado que el Turno de Oficio se pague sin demora; consensuemos los presupuestos y también el apoyo al desarrollo de actividades como la mediación.

Hay que darse cuenta que no es fácil gobernar en ninguna administración. Lo fundamental es que podamos ayudarles en su gestión. En materia de justicia hemos logrado trabajar con ellos conjuntamente y desarrollar diferentes actividades.

Las relaciones con la Generalitat son buenas, igual que con el Parlament, donde la última ley que se aprobó tenía que ver con la ILP presentada para frenar los desahucios y la pobreza energética provocada a veces por los llamados fondos buitres.

Todo esto se ha logrado porque la abogacía catalana tiene una credibilidad ante sus instituciones y en esta reforma aportamos nuestro punto de vista sobre aquellos artículos que debían ser modificados

En Catalunya aparecieron hace años las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, práctica que ahora se extiende por toda España. ¿Dónde está realmente la clave para frenar los desahucios en nuestro país?

Esta es una cuestión compleja que necesita de tiempo y de quizás algún otro cambio legislativo. En Catalunya se han impulsado mesas de trabajo con todas las partes implicadas, entidades financieras incluidas, para buscar esa solución que ayude a la familia en crisis a tener una vivienda.

De hecho se ha llegado a suscribir un acuerdo para evitar los desahucios e impulsar los llamados alquileres sociales. Se ha disminuido bastante el número de desahucios en nuestra CCAA porque entre todos se buscan otro tipo de soluciones.

A lo largo de este año como Presidente del Consell, usted ha conocido un cambio en el Ministerio de Justicia. ¿Qué balance hace de la gestión de Rafael Catalá?

Es un talante diferente al del anterior Ministro, Ruiz-Gallardón. Ahora, uno de sus objetivos es que la justicia sin papeles se desarrolle desde el próximo 1 de enero. Es complicado que se llegue a esa fecha aunque sería lo deseable sin lugar a dudas. Esta es la mejor manera para que tengamos una justicia del siglo XXI.

Vivimos un entorno global donde la sociedad reclama el derecho a la información y a saber las cosas. Más transparencia de sus gobernantes. Es bueno que se pongan fechas para este tipo de tareas y ojalá lo consiga el Ministró Catalá aunque se demorase algo su cumplimiento real en este sentido.

Y de su gestión, ¿qué cosas le han gustado y otras menos?

Lo más positivo, su capacidad de diálogo con las partes implicadas en cualquier reforma. Creo que en algunas ocasiones se ha tomado en serio las opiniones de los que estamos a su alrededor.

Lo más negativo, el seguir con reformas que pese a no ser correctas, como la del Código Penal o la propia Lecrim, que entendemos no eran necesarias, fueron aprobadas con posterioridad. Parece que como estaban iniciadas no había manera de marcha atrás.

Hay más aspectos positivos que negativos en la gestión de Catalá. Ojalá lo hubiéramos tenido al principio de nuestra legislatura. Seguramente la justicia estaría mejor de lo que está en estos momentos.

A nivel de abogacía, parece que se ha detenido la reforma de la Justicia Gratuita igual que la reforma de los Servicios y Colegios Profesionales que cuestionaban la viabilidad de los propios Colegios de Abogados.

Es cierto, las reforma que planteaba Gallardón en estos temas eran lamentables y sus consecuencias hubieran sido catastróficas para la abogacía y los derechos de los ciudadanos, en definitiva. Creo que ha sido inteligente al detenerlas en estos momentos.

Sobre las relaciones entre el Consell y el CGAE, ¿qué puede decirnos?

Lo primero que quiero decir es que la relación con el CGAE es muy buena. Muchos de los cargos del Consell se encuentran en comisiones dentro de esta entidad aportando mucho y trabajando de forma conjunta.

Es posible que temas pendientes estén en la transparencia y un mejor conocimiento de lo que es el CGAE y sus Plenos. Los debates son secretos pero las deliberaciones deberían ser públicas. Este es un camino inevitable que se debe abordar.

De la reelección de Carlos Carnicer como presidente del CGAE, ¿dónde se posiciona el Consell?

No hemos hablado de ese tema con él aun. Creo que hasta enero no sabremos si se presenta a un nuevo mandato como presidente del CGAE.  Habrá que ver qué sucede, si se presenta o si se plantea un relevo. Todavía no sabemos qué hará Carnicer en este sentido.

De todas formas si nos gustaría saber si se presenta cuál es su proyecto, al igual de aquellos candidatos que vayan a presentarse.  Al final no votas tanto a la persona en sí, como a un proyecto en conjunto que sea realizable.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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