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23 de NOVIEMBRE de 2015

Fin de la prorroga del no computo de perdidas y responsabilidad de administradores

LAWYERPRESS

Por Miguel Angel Rodríguez-Sahagún, Socio de Ceca Magán Abogados

 

“Al cierre del ejercicio 2015, las compañías beneficiadas por el régimen de exclusión en el cómputo de las pérdidas pueden caer en causa legal de disolución”

Miguel Angel Rodríguez-Sahagún, Socio de Ceca Magán AbogadosEl Gobierno no ha extendido para el año 2015 un Decreto del año 2008 que se ha venido prorrogando en los últimos años a través de diversas normas, la última de ellas el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el cual las compañías que al cierre del ejercicio estuvieran incursas en causa de disolución o reducción de capital obligatoria, no debían computar a los efectos legales oportunos las pérdidas ocasionadas del negocio derivadas de ciertas partidas contables. Con ello se conseguía por una parte que las empresas en dificultades económicas, no tuvieran que adoptar las medidas necesarias para resolver la causa de reducción o disolución (reducción o ampliación de capital) y por otra parte, que los administradores de las compañías no respondieran de las deudas sociales en los términos de lo que prevé la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para este tipo de situaciones.

El Decreto inicial del año 2008 y las posteriores prórrogas tenían por objeto que las empresas que hubieran sufrido pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias o las existencias,  y más recientemente las derivadas de los préstamos y partidas a cobrar, y que tuvieran un patrimonio neto por debajo de los 2/3 (en sociedades anónimas) o por debajo del 50% del capital social (en anónimas y limitadas), quedarían al margen de las consecuencias legales que prevé para estas situaciones la LSC.

 Como es bien conocido estas medidas han tenido por objeto proteger a las empresas que actuaban en un determinado sector cuyos negocios se han deteriorado especialmente en los últimos años de crisis económica, con la finalidad de no tener que obligar a sus socios a aportaciones de capital para reequilibrar los balances de las compañías, o en su caso tomar decisiones sobre la disolución de las entidades. Sin embargo, se trataba de una medida excepcional que no aplicaba con carácter general a todos los sectores de actividad, y que a medida que se percibe una cierta recuperación económica, se sabía que dejarían de aplicarse.

Recientemente el ICAC ha emitido una consulta la nº 5 (BOICAC 102/2015) relacionada con el cómputo de las pérdidas por deterioro del año 2014. En esta consulta el ICAC reconoce que las prórrogas han tenido un carácter excepcional y que desde el 1 de enero de 2015, la citada regulación ha dejado de surtir efectos, lo que debe interpretarse como el fin de la situación excepcional con la que convivían muchas empresas.

La cuestión a la que se enfrentan este tipo de compañías al cierre de sus cuentas del año 2015, no es baladí, pues en efecto, de no haber reestablecido el equilibrio patrimonial en sus balances, los administradores de esas compañías deberán tomar decisiones relevantes en los próximos meses, como por ejemplo, proponer medidas de recapitalización a sus accionistas, o en caso contrario proponer la disolución y liquidación de dichas empresas. El problema es que durante los años de la crisis económica, las cuentas de muchas empresas han incurrido en pérdidas derivadas del estancamiento del negocio, pero también con ocasión de la aprobación de medidas extraordinarias relacionadas con despidos individuales y colectivos. Si a lo largo de estos años, estas empresas no han sido capaces de equilibrar sus balances con la obtención de nuevos beneficios empresariales, el cómputo de las pérdidas de los años (entre 7 y 8) de la crisis aflorará al cierre del ejercicio 2015, lo que provocará que compañías que se han beneficiado del régimen anterior caigan en causa de disolución y obligará a los administradores a proponer soluciones con carácter inmediato, para evitar la responsabilidad solidaria sobre las obligaciones sociales posteriores al cierre del ejercicio.

Y qué es lo que tendrán que hacer los administradores de estas compañías al cierre del ejercicio 2015? Lo primero convocar a los accionistas para exponer la situación acaecida y proponer soluciones para reestablecer el patrimonio neto, y de no ser adoptadas, la disolución de la compañía. De no hacerlo, los administradores responderán con su patrimonio de las deudas de la compañía que se originen con posterioridad al acaecimiento de la causa legal de disolución. Y desde cuándo? Dependerá de cada compañía determinar la fecha concreta en que los administradores conocen el desequilibrio patrimonial, pero dos fechas concretas pueden resultar claves en las compañías con ejercicio de año natural: 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016.

Es por tanto momento de prever también el cierre legal del año 2015, ya que dependiendo de cada entidad, puede haber otras opciones para evitar la causa legal de disolución, y por tanto la responsabilidad patrimonial de los administradores, a través de otras figuras como las aportaciones de socios, préstamos participativos o incluso sistemas mixtos de reducción y ampliación del capital. Los acreedores, seguro que vigilarán las cuentas que depositen sus deudores en el Registro Mercantil.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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