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 Incrementar la presión fiscal sobre las empresas, los grandes patrimonios y
combatir el fraude fiscal son los ejes fundamentales en torno a los que giran
las principales medidas en materia tributaria, acordadas entre PSOE y
Ciudadanos.
De acuerdo con
el texto publicado, la primera medida consiste en la reforma integral del
sistema tributario, para lo cual se creará una Comisión de
Expertos que estudie y presente una propuesta concreta que deberá estar lista
para su incorporación en los presupuestos de 2017. Indudablemente esta medida
recuerda a la Comisión de Expertos de la cual derivó el llamado Informe
Lagares, publicado en febrero de 2014, y que sabemos que muchas de sus
conclusiones no fueron seguidas por el legislador.
En segundo
lugar, se pretende realizar una reforma del Impuesto sobre Sociedades con
el objetivo de acercar los tipos efectivos a los nominales. Recordemos que con
efectos 2015, se reformó en profundidad el Impuesto, reforma que compartía aquel
objetivo y que dejó vivas únicamente las deducciones por I+D+it, por inversiones
cinematográficas y las relacionadas con la creación de empleo y para
trabajadores con discapacidad. Para lograr el objetivo propuesto, ¿cuál de ellas
es la candidata a desaparecer?
Independientemente del mayor o menor acierto con el que se reformara el
Impuesto, consideramos que otra reforma supondría un importante menoscabo del
principio de seguridad jurídica por cuanto las empresas, que todavía tratan de
digerir las modificaciones introducidas con la reforma de 2015, se encontrarían
con una nueva situación a la que adaptarse.
Por otro lado,
están las medidas que afectan a los contribuyentes con mayor capacidad
económica. En este sentido, la principal propuesta es la creación de un
nuevo impuesto sobre las grandes fortunas para, según el acuerdo, ayudar
a conseguir el equilibrio presupuestario.
A la cabeza me
viene lo ocurrido en Francia con la aprobación de la polémica tasa del 75% a las
grandes fortunas (suprimida en 2015) y, como el primer ministro británico David
Cameron señalaba, “cuando Francia imponga una tasa de 75% para la franja
superior del impuesto a la renta desplegaremos la alfombra roja y recibiremos a
más empresas francesas”. Pues bien vecinos franceses, ahora son ustedes los
que pueden ir desplegando la alfombra roja y recibir a nuestros contribuyentes
con mayor capacidad económica.
Por último, no
quiero terminar sin citar algunas de las medidas que, según el acuerdo,
persiguen combatir el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida.
Llama
especialmente la atención la exigencia de solicitar la devolución de 2.800
millones de euros a los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal, por
entender que tributaron menos de lo que debieron. El propio Gestha, el Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda, asegura que es “legalmente imposible” al
haber prescrito esa posibilidad. Nuevamente, un indeseado ataque al principio de
seguridad jurídica.
En relación con
las SICAVs, el acuerdo propone la devolución a la Agencia tributaria del control
fiscal de estas sociedades, lo que, según cómo se concretara la medida, podría
permitir a la Administración tributaria cuestionar la aplicación del régimen
fiscal, independientemente del criterio del supervisor.
También se trata
de estrechar el círculo en torno a los paraísos fiscales, pues se exigiría a las
entidades financieras que informen sobre las operaciones que realizan sus
clientes con dichos territorios, obligación que se añadiría al conjunto de
normas que ya restringen actualmente su utilización.
Por último, en
otro orden de cosas, se recoge, entendemos con acierto, la armonización del
Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
estableciendo, según el acuerdo, unas horquillas mínimas y máximas de
tributación en todo el Estado. De esta forma, se pretende terminar con la
competencia que las Comunidades Autónomas ejercen en materia fiscal y evitar
así, las situaciones tan paradójicas que en la práctica se sucedían con ocasión
de una herencia o donación, cuando los beneficiarios residían en distintas
Comunidades Autónomas de España. |
