La propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre la derogación de las
tasas judiciales establecidas por la Ley
10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, ha sido aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados con una
casi unanimidad, a falta e una abstención.
La iniciativa, que seguirá su tramitación en la Comisión de Justicia, en la que
se debatirán y votarán las enmiendas al articulado y se elaborará el dictamen
contó también con el voto a favor del Partido Popular defendido por el ex
alcalde de Sevilla y diputado por esta provincia,
Juan Ignacio Zoido.
La iniciativa presentada por la diputada de Ciudadanos, Patricia Reyes,
ha encontrado el respaldo unánime de los demás grupos políticos. De esta forma
se inicia el camino hacia la modificación de las tasas, si esta legislatura no
encuentra un final prematuro con la convocatoria de nuevas elecciones hecho que
en círculos parlamentarios ya se da prácticamente por hecho.
En el programa de radio
Derecho Abierto nos hicimos ya eco de la proposición no de Ley presentado
por la diputada Lourdes Ciurò, de
Democracia y Libertad en la Comisión de
Justicia del parlamento el pasado 6 de abril.
La propuesta aprobada ayer pretende eximir de tasas aquellas entidades sin fines
lucrativos acogidas al régimen fiscal especial de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre referida a esta materia y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, así como, los sujetos pasivos que tengan la consideración
de entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa
reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
Esta Proposición de Ley se sustenta en el objetivo de eliminar barreras
económicas que supongan una limitación de acceso a la justicia.
En esta línea, la exposición de motivos del texto argumenta que, el pago de
tasas judiciales por sujetos pasivos que tienen la consideración de entidades de
reducida dimensión provoca en muchos casos, que no puedan acceder a la justicia,
por no tenerse en cuenta su capacidad económica.
Asimismo, se expone que el pago de tasas judiciales por entidades sin fines
lucrativos, supone un debilitamiento del mecanismo para hacer valer derechos
constitucionales y estatutarios cuando, presuntamente, resulten vulnerados.
Se considera vital el papel de estas entidades, ya que en la mayoría de los
supuestos, la ciudadanía solo ejerce acciones de esta naturaleza cuando afectan
a su esfera personal, familiar y, en todo caso, privada.
La Proposición de Ley pide así, la modificación del artículo 4 de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.