El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido la quinta reunión de la Comisión Justicia Digital en la que ha destacado el impulso que se ha dado desde el pasado 1 de enero a las comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia y el esfuerzo de adaptación de todos por seguir perseverando en este proceso histórico de modernización tecnológica.

El ministro ha agradecido a los representantes de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de los colegios de profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, a los ministerios del Interior, Sanidad, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, así como a las comunidades autónomas, su trabajo, compromiso y paciencia en estos meses de adaptación del sistema de comunicaciones electrónicas LexNET. Este esfuerzo de todos arroja un balance positivo de su funcionamiento que ha permitido hasta la fecha la realización de 18.259.533 millones de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional. En cuanto a la presentación de escritos iniciadores y de trámite, la funcionalidad está implantada en toda España, salvo en Valencia, Cataluña y País Vasco, lo que ha hecho posible la presentación de 405.705 demandas y de 1.875.733 de escritos de trámite. Además, desde el 1 de enero, se ha multiplicado por ocho la presentación de escritos por la tarde y en jornada no hábil.

Catalá ha subrayado que el cambio cultural que supone dejar de trabajar con papel sumado al tráfico de comunicaciones electrónicas registrado en estos primeros meses ha generado las lógicas incidencias en las que el Ministerio de Justicia ha trabajado desde el primer momento para ganar en agilidad y eficiencia. El ministro ha asegurado que las 23 medidas que se están aplicando para mejorar el rendimiento del sistema están permitiendo su estabilización, lo que impactará en los próximos meses en una reducción de costes y tiempos de tramitación.

El siguiente desafío, ha dicho el ministro, es impulsar la tramitación electrónica de los procedimientos a que obliga la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Para ello, el Ministerio de Justicia ha desarrollado la solución Justicia digital que ya funciona en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y en las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional, en los órganos judiciales de Cuenca y Cáceres y, desde ayer, también en Burgos. El objetivo, según Catalá, es llegar al próximo 7 de julio con el sistema implantado en los principales partidos judiciales del territorio del Ministerio de Justicia. En cuanto a la integración de las fiscalías, el ministro ha indicado que se está trabajando en una solución tecnológica que estará lista en los próximos meses.

Rafael Catalá ha recordado también que el calendario de la digitalización de la Justicia afectará desde el 1 de enero de 2017 a otras personas jurídicas y colectivos como la Policía, la Guardia Civil, o los hospitales, que estarán desde esa fecha obligados también a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, y con los que se trabaja desde hace meses en su integración en el sistema de comunicaciones electrónicas.

Junto a Rafael Catalá y en nombre del Ministerio de Justicia, en la reunión de hoy han estado presentes la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado. Además, y en representación de cada una de las diferentes instituciones que integran la Comisión, ha asistido la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Victoria Cinto; el subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior, Enrique Belda; el secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, José Javier Castrodeza; el director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Domingo Molina; la secretaria general del servicio jurídico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Mª José Alonso; la consejera del Consejo General de la Abogacía, Mª del Carmen Pérez; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; la gerente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Marta López; así como una representación de las comunidades autónomas que forman parte del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica y de la Federación Española de Municipios y Provincias.