El establecimiento de mecanismos de videovigilancia es una de las cuestiones más
conflictivas que afecta directamente a la normativa sobre protección de datos y
que ha dado lugar a innumerables resoluciones de la Agencia Española de
Protección de Datos en las que se han desgranado los requisitos que han
cumplirse para adecuarse a la legalidad, así como los límites a los que se
encuentran sometidos tales mecanismos.
La cuestión se hace aún más compleja cuando nos encontramos ante centros
escolares en los que los destinatarios principales de la videovigilancia son
menores de edad. Ante las dudas existentes sobre la legalidad o no de instalar
videocámaras en los Colegios, se ha pronunciado recientemente, mediante el
correspondiente Informe, el gabinete jurídico de la Agencia Española de
Protección de Datos (en adelante AEPD).
El citado Informe toma como punto de partida la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor en la que se establece que, en todo caso, siempre deberá
primar el interés jurídico del menor sobre cualquier otro interés legítimo que
pueda concurrir en una determinada situación. Partiendo de la necesaria
protección del interés jurídico del menor, la AEPD avala la instalación de
sistemas de videovigilancia en los centros escolares por entender que esta
medida contribuye a la defensa de dicho interés proporcionando mayor seguridad a
los menores de edad. No obstante, se establecen importantes limitaciones o
restricciones que son, fundamentalmente, las siguientes:
§
El uso de videocámaras tiene como único fin la protección jurídica del menor por
lo que los datos obtenidos únicamente pueden ser utilizados para este concreto
fin y no para otros fines ajenos como puedan serlo fines de seguridad privada o
de control laboral de los empleados del centro escolar.
§
Las videocámaras solamente pueden instalarse en las zonas comunes de los centros
escolares y concretamente se hace referencia de forma expresa a los patios y
comedores.
Y no pueden
establecerse, en ningún caso, en las aulas puesto que ello permitiría ejercer un
control laboral sobre el personal docente.
§
Las videocámaras deberán estar instaladas de tal forma que su orientación
únicamente permita captar datos del patio o comedor. En ningún caso podrán
captarse imágenes de la vía pública.
§
El acceso a las imágenes captadas se encuentra restringido al director del
centro escolar, o la persona responsable de la gestión de los recursos humanos o
persona específicamente designada para ello.
§
El plazo máximo de conservación de las imágenes captadas es de un mes desde el
momento de la grabación de las mismas, si bien se señala también que resulta
aconsejable la eliminación de las imágenes en un plazo no superior a diez días
salvo aquellas imágenes que deban conservarse más tiempo (hasta el plazo máximo
de un mes) por recoger hechos relevantes para el interés de los menores.
§
La instalación de estos sistemas de videovigilancia conlleva para el centro
escolar el deber de cumplir con todas las obligaciones generales derivadas de la
protección de datos: comunicar el fichero a la AEPD y proceder a su inscripción
en el Registro de la Agencia; elaborar el correspondiente documento de seguridad
en el que se recojan las previsiones relativas a la videovigilancia o permitir a
los padres de los alumnos el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación o
rectificación.
Por lo tanto, de cumplirse los requisitos y no rebasarse los límites indicados,
resulta jurídicamente viable la instalación de mecanismos de videovigilancia en
los centros escolares si bien esta cuestión no por ello dejará de estar exenta
de problemática en función del grado de cumplimiento, en cada caso concreto, por
parte de los Colegios de las exigencias impuestas por la AEPD. |