El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados
Núria Ribas / @oikit
Un aumento del 7,7% respecto al año 2016, unos 121 millones más que en el ejercicio anterior. Esto es lo que ha ‘rascado’ el Ministerio de Justicia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Congreso ha aprobado hoy. Ahora, las cuentas van al Senado para aprobación de enmiendas (pocas serán, dada la mayoría absoluta que ostenta el PP en la Cámara Alta) para volver al Congreso y ser refrendados definitivamente.
El titular de Justicia, Rafael Catalá, ha sacado pecho con estos 1.700 millones que los PGE van a destinar a la administración de Justicia. Fundamental, según Catalá, para llevar a cabo la ambiciosa reforma de modernización de la Justicia en España. De estos 1.700 millones, 1.350 millones irán destinados a personal. “Con esta dotación”, afirman desde Justicia, “se podrán crear un millar de nuevas plazas de jueces y fiscales”.
Otro capítulo que Catalá ha querido destacar de estas cuentas es el de inversiones, con un total de 183 millones de euros, unos 85 millones más que en el ejercicio anterior. Según Catalá, “en este apartado, la transformación digital de la Justicia y registros civiles recibirán 149 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 90%”.
Un aspecto, el de la digitalización de la Justicia, muy sensible entre todos los operadores jurídicos. El programa Lexnet – el sistema para dejar atrás la administración analógica- ha sido un fracaso. Según jueces, fiscales y abogados, la digitalización de la Justicia no acaba de llegar, además de no estar homologada en todo el territorio, con el caos que eso conlleva.
Catalá contraataca a estas acusaciones, asegurando que con el PGE2017 habrá “una ampliación de Justicia digital a otros 30 partidos judiciales y, de Fiscalía digital, a otras diez fiscalías del territorio gestionado por el Ministerio”. Esta matización es importante porque uno de los problemas es muchas CCAA no comparten sistema operativo por lo que no es posible compartir expedientes, por ejemplo, de forma telemática. Al respecto, desde el Ministerio de Justicia se asegura que “seguirán trabajando en colaboración con las CCAA para implantar el sistema de gestión procesal común”.
