Segunda edición del Foro Debate que organiza el Consejo General de Procuradores. El tema, la reforma de la Justicia desde una pregunta casi obvia: “¿No merece un acuerdo?”. Pregunta trampa, pues nadie en su sano juicio se atrevería a responder ‘no’. El problema es cómo llegar a un pacto de Estado cuando la Subcomisión que durante un año ha estado trabajando para conseguirlo en el Congreso se cerró finalmente mal y pronto.
De izquierda a derecha, Juan Carlos Estévez, presidente de los Procuradores; Rafael Catalá, Ministro de Justicia; y Josep Antoni Duran i Lleida, director del Foro Debate Procuradores
Núria Ribas / @oikit
“Hacemos nuestras todas y cada una de las 103 propuestas que han salido de la Subcomisión del Pacto por la Justicia. La subcomisión no ha sido una pérdida de tiempo. Tengo un total compromiso con la reforma de la Justicia y con sus profesionales”, aseguró el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la inauguración del Foro.
Parecía una mano tendida a las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales que han puesto sobre la mesa una huelga para el próximo 22 de mayo si no se llega a un acuerdo previo con el Ministerio y con Hacienda, pieza clave en el desencuentro entre Catalá y las asociaciones profesionales de jueces, magistrados y fiscales.
Ayer, tras el reproche lanzado por Catalá hace unos día a las asociaciones recriminándoles la amenaza de huelga , el ministro aseguraba que “no me olvido de las reivindicaciones de los profesionales de la Justicia”. Catalá resaltó que muchas de las peticiones son lógicas y recordaba que “este mismo jueves tendremos una nueva reunión con las asociaciones de jueces y fiscales. Y esta es la mejor movilización: sentarse y negociar”.
La reunión, prevista para las 11 de la mañana, tiene visos de convertirse en una enésima bronca entre las asociaciones y el Ministerio. De entrada, una de las asociaciones de jueces, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, reaccionó ayer mismo a través de las redes al anuncio de la reunión, asegurando que no iban a asistir: “Ya expusimos públicamente los requisitos que han de cumplirse para acudir a esa reunión con el Ministerio de Justicia. Y seguimos esperando la convocatoria de la Mesa de Retribuciones”.
Caballo de batalla
Desde las asociaciones profesionales se niega que la Mesa de Retribuciones (el órgano donde se deben vehicular las reclamaciones salariales de los profesionales de la judicatura para, aseguran, “recuperar los recortes de los últimos ocho años”) se haya reunido. Según jueces y fiscales, lo que se ha producido ha sido “reuniones preparatorias”, ya que en ninguna de ellas ha asistido el Ministerio de Hacienda. “Por tanto – aseguran- no son reuniones formales. La Mesa de Retribuciones lleva cinco años sin reunirse”.
Lejos de mostrar desaliento ante el desencuentro, sin embargo, el ministro Catalá aprovechó el Foro Procuradores de ayer para reafirmar algunas de las reformas que asegura va a acometer en este segundo semestre del año: reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y un nuevo Estatuto para el Ministerio Fiscal. “Ni legislamos pensando en las urnas, ni estamos por dar la extrema unción a esta legislatura. Todavía quedan muchos meses y trabajo por hacer”, aseveró Catalá.
El Foro tuvo como segunda parte un debate entre representantes de los cuatro principales grupos parlamentarios en el Congreso (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos). Un debate en el que quedó claro porqué la Subcomisión parlamentaria no fue capaz de cerrar un Pacto por la Justicia. Estando de acuerdo en las reformas más esenciales (como la del Ministerio Fiscal, la del Poder Judicial o la Ley de Enjuiciamiento Criminal), los reproches entre ellos fueron varios.
Entre ellos, el haber abandonado la senda del Plan Estratégico que en su día puso en marcha el ministro socialista Francisco Caamaño o de no existir presupuesto para aplicar las reformas que están sobre la mesa. “Donde no hay presupuesto, se amontonan las ideas”, resumió el representante del PSOE, Juan Carlos Campo. A lo que la portavoz de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro, respondió que “lo mejor, es enemigo de lo bueno”, en referencia a el bloqueo sufrido por no aceptar un consenso de mínimos.
