El Fiscal como protector de los más vulnerables: las personas con discapacidad

Publicado el miércoles, 15 abril 2020

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos.

Si tuviese que resaltar solo dos ideas que definen la figura de los Fiscales diría que somos los garantes de la legalidad y quienes protegen a los más vulnerables, como los menores, las personas con discapacidad o los consumidores y usuarios. Aunque nuestra principal actuación se da en el ámbito penal, tenemos importantes funciones en otros ámbitos.

En este artículo vamos a ver la labor que desarrollamos los Fiscales en el ámbito de la protección de las personas con discapacidad. Para mí esta es una de las funciones más importantes y desconocidas que realizamos. Se encargan de la misma los Fiscales que integran la Sección Civil en las distintas Fiscalías. Las actuaciones practicadas en este ámbito tienen por objeto velar por la protección de estas personas, que por padecer una enfermedad persistente de carácter psíquico o físico, ya no están en condiciones de velar por sí mismas.

Como regla general, el Fiscal interpone la correspondiente demanda una vez que tiene conocimiento que una persona se encuentra en esta situación, habitualmente a través de sus familiares. Aunque también podemos actuar como demandados en estos procesos cuando la demanda es interpuesta por algún familiar de la presunta persona con discapacidad que tenga legitimación para ello.

Una vez iniciado el proceso, esta persona es examinada personalmente por el Juez y por el médico forense, emitiendo este último un dictamen detallado sobre si la misma se encuentra en condiciones de gobernar su persona y bienes. En el acto del juicio se escucha a la persona cuya incapacitación se pretende, si estuviese en condiciones de declarar, así como a sus parientes más próximos, a los efectos de determinar la persona más idónea para ejercer el cargo de tutor o curador. En el informe final del Fiscal se interesa, si procede, la incapacitación total o parcial de la persona y se designa a la persona que se considera más idónea para ejercer el cargo de tutor o curador, que suele ser un familiar de la persona con discapacidad y en su defecto una fundación pública.

Cuando la sentencia declara la incapacitación de la persona y realiza el nombramiento del tutor/curador, éste toma posesión de su cargo.

Durante la vigencia de la tutela, el Fiscal participa activamente en el control de la misma, velando en todo momento porque se realice una adecuada protección de la persona con discapacidad y de sus bienes.

Como muchos de estas personas con discapacidad se encuentran internas en residencias de la tercera edad y en viviendas tuteladas o asisten a talleres ocupacionales, el Fiscal realiza visitas de estos centros. Tuve la ocasión de acompañar a una compañera en la visita a un centro ocupacional y como Fiscal ha sido de las experiencias que más me ha impactado. No por su vertiente jurídica, sino por la importante labor social y humana que realizamos, así por el cariño, emoción y agradecimiento con que te reciben los usuarios, algo que no es frecuente en nuestro trabajo. En estas visitas se realiza una inspección de las instalaciones de los centros y residencias y se realiza un control de la situación personal y judicial de las personas con discapacidad, tanto de los que están incapacitados como de aquellos respecto de los cuales procede iniciar el proceso judicial de incapacitación. Igualmente se plantean y resuelven las dudas jurídicas y asistenciales del Director del centro y de los propios residentes o usuarios.

En cuanto a la regulación de esta función, ya establecía la Instrucción 4/2008, 30 de julio de 2008, sobre el control y vigilancia por el Ministerio Fiscal de las tutelas de personas con  discapacidad que: “Mediante el desarrollo de las funciones de carácter tuitivo encomendadas al Ministerio Fiscal -ya sea en el ámbito penal, actuando en defensa de las víctimas de los delitos, o en el civil, protegiendo a los menores, personas con discapacidad o desamparados-, la Institución no sólo cumple con los principales cometidos que el art. 124 de la Constitución Española le encomienda, sino que, además, contribuye decisivamente al desarrollo del Estado Social que consagra el modelo constitucional. Por tanto, en la actualidad se produce una concurrencia en dicha función de vigilancia de la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, delimitada por la naturaleza de sus respectivas funciones. Así, tanto el art. 124 de la Constitución Española como el art. 3.7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal denotan una idea dinámica en la actuación del Ministerio Fiscal en esta materia, acorde con lo que el art. 299 bis Código Civil”

La Fiscalía siempre ha exteriorizado su clara voluntad en el cumplimiento de tales cometidos. Son muestra de ello las diversas Instrucciones, Circulares y Consultas dictadas en la materia, entre otras, la Circular 2 /2017, de 6 de julio, sobre el ingreso no voluntario urgente por razón de trastorno psíquico en centros residenciales para personas mayores.  En lo que aquí nos atañe destaca la Instrucción 3/1990, de 7 de mayo, sobre régimen jurídico que debe regir para el ingreso de personas en residencias de la tercera edad, donde se establece: “Los Sres. Fiscales, en cumplimiento de sus obligaciones, encomendadas específicamente en el artículo 3.7 de su Estatuto Orgánico y al amparo de lo establecido en el artículo 4, especialmente los números 2,4 y párrafo último, deberán: 1º) Visitar cuando lo estimen oportuno y con la natural prudencia las Residencias de sus respectivos territorios, así como examinar los expedientes de los internados”

La situación actual de crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha sido especialmente dura para los ancianos que se encuentran en estas residencias. La Fiscalía General del Estado incoó diligencias el 23 de marzo de este año como consecuencia de una información periodística referente a la situación de algunas personas mayores ingresadas en determinadas residencias. Tras recabar la correspondiente información de los distintos territorios, en coordinación con los Fiscales especialistas y delegados en materia civil de toda España, se dio traslado de los datos susceptibles de valoración a las Fiscalías territoriales, archivándose estas diligencias. Continúan la investigación por estos hechos las Fiscalías de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Castilla y León.[1]

Como hemos visto, la actuación del fiscal con relación a las personas con discapacidad no termina cuando se dicta la sentencia, sino que se prolonga de manera activa durante toda la duración de la situación de discapacidad.

No puedo dejar de reconocer en estas líneas la gran labor que están haciendo todos mis compañeros Fiscales delegados o adjuntos a la Sección Civil de las Fiscalías en la protección de los más vulnerables, en especial en la situación actual, donde su función de coordinación, asesoramiento y recopilación de información está siendo esencial.

No conozco mejor ejemplo de la idea de que los Fiscales no solo acusamos que el trabajo que se realiza en este ámbito. Se trata además de una función que tiene un componente mucho más social que jurídico, supliendo los compañeros que lo realizan la falta de medios que tenemos con verdadero esfuerzo, sacrificio y vocación.


[1] https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/fiscalias-territoriales-continuan-las-investigaciones-sobre-residencias-de-ancianos

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    Jsime 10 noviembre, 2020 a las 21:57 - Reply

    Hola tenemos un caso de dos chicos con discapacidad intelectual ellos juegan al fútbol sala en federación acell con motivo covid-19 acell dejó pasar recibos pagos a su club el cual notifico esto a ellos exigiéndoles los pagos igualmente se dirigen ACELL la cual solo escucha al club ellos se niegan pagar por un deporte que han efectuado i el club les bloquea su salida del mismo para ir jugar donde ellos quieran acell tiene un reglamento opaco sólo escucha al club y no halos chicos se siente desprotegidos y vulnerará sus derechos y retenidos contra su voluntar en este club con el visto bueno acell necesitan ayuda

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