El Colegio de Abogados de Granada, en sesión de Junta de Gobierno, ha acordado una serie de medidas y actuaciones en contra de la reciente aprobación por el Gobierno del Real Decreto-Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

En concreto, la Corporación profesional insta al Ministerio de Justicia a que derogue de forma inmediata dicha norma, por cuanto el decreto desconoce de una manera palmaria la situación de la abogacía y el trabajo que desarrollan los abogados, habiendo sido publicado haciendo caso omiso a las propuestas que desde la Abogacía institucional se le hicieron llegar.

En caso de que no se derogue el Real Decreto Ley 16/2020, o se modifique en los términos que ya tiene interesados la Abogacía, el Colegio granadino anuncia que solicitará la dimisión del Ministro de Justicia, que ha legislado de espaldas y contra los intereses de los profesionales de la abogacía y de la ciudadanía en general, y adelanta que adoptará acciones contundentes, tales como paros e inactividad procesal por parte de los letrados.

La Corporación insiste en su rechazo a la gran mayoría de las medidas recogidas en el mencionado texto, con especial referencia a la habilitación del mes de agosto, lo que supone una evidente falta de respeto y ataque frontal a la abogacía, que el colectivo profesional no puede aceptar ni tolerar.

Asimismo, el Colegio de Abogados recuerda que los problemas endémicos de la Administración de Justicia, que van mucho más allá de los generados por esta situación de alarma, no van a solucionarse desde luego por habilitar 15 días en el mes de agosto. Mucho más si se tiene en cuenta que durante ese periodo todos los funcionarios de los juzgados y tribunales (jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, forenses, etc.) podrán disfrutar de sus vacaciones anuales, de tal forma que esa circunstancia dará lugar a la imposibilidad de celebración de la mayoría de juicios y demás actuaciones procesales, lo que en la práctica convierte en papel mojado lo señalado en el decreto.

Por ello, la Junta de Gobierno compele al Ministerio para que disponga que todos los operadores jurídicos, incluidos lógicamente los funcionarios de los juzgados, disfruten de sus vacaciones obligatoriamente en el próximo mes de agosto; debiendo señalarse juicios y demás actuaciones procesales hasta el mismo día 31 de julio y desde el 1 de septiembre.

Junto a la solicitud de derogación, el Colegio también reclama el establecimiento y dotación a los Juzgados de los medios técnicos e informáticos suficientes para poder realizar la mayoría de tales actos procesales por videoconferencias, evitando así la presencia física de los abogados.

Por otro lado, la Abogacía granadina también exige, en cualquier caso, la existencia de mamparas protectoras que cumplan con la normativa vigente en cuanto a estándares de protección a los usuarios una vez que reabran los juzgados, rechazando la implantación de plásticos o similares; reclamando igualmente la limpieza y desinfección de todos los elementos del juzgado (sillas, micrófonos, mesas, etc.) tras cada intervención. Del mismo modo, el colectivo profesional requiere que se garantice el distanciamiento de seguridad adecuado dentro de las salas de vistas y en los espacios en que tengan lugar las esperas.

En caso contrario, los abogados se negarán a intervenir en cualquier actuación procesal, insistiendo en que, de no darse cumplimiento a estas elementales exigencias, el Colegio de Abogados de Granada propondrá las medidas de fuerza que sean necesarias al objeto de conseguir las justas reivindicaciones expuestas.