Haciendo memoria

Publicado el miércoles, 3 junio 2020

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos.

En comunicación lo que no se repite con frecuencia cae en el olvido. Eso parece que ha pasado con las reivindicaciones que Jueces y Fiscales sostuvimos en el año 2018 frente a Gobiernos de distinto signo político. Estas reivindicaciones se tradujeron en una serie de movilizaciones, huelgas y en una concentración frente al Ministerio de Justicia en mayo de 2018. Durante dicho período también se movilizaron otros colectivos como los Letrados de la Administración de Justicia o los Letrados del Turno de Oficio, aunque tristemente no nos unimos en estas actuaciones, lo que nos hubiese dotado de mayor fuerza.

Escarlata Gutiérrez MayoNuestras concentraciones, huelgas y movilizaciones fueron un éxito en cuanto a seguimiento por parte de las dos carreras se refiere, que fue de aproximadamente el 70%, aunque no se tradujo en la acogida de nuestras pretensiones por diversos avatares políticos que al final se traducen en la falta de interés en invertir en la Administración de Justicia y de dotarla de una verdadera autonomía e independencia.

Durante esa época asociaciones judiciales y fiscales, así como jueces y fiscales individuales hablamos y escribimos largo y tendido sobre nuestras reivindicaciones, visibilizando las mismas y tratando de acercarlas a los ciudadanos. Si bien, aunque se ha seguido mencionando esta cuestión, parece que ha caído en el olvido que Jueces y Fiscales nos movilizamos frente a Gobiernos de distinto signo político reivindicando una justicia independiente, con medios y de calidad.

Además, la situación actual provocada por la crisis sanitaria por Covid-19 ha resaltado una vez más esta carencia de medios, y la falta de voluntad de invertir en la Administración de Justicia. Se han propuesto ahora diversas medidas por parte del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado para agilizar la justicia, pero si las mismas no van acompañadas de una inversión real de medios materiales y personales, es imposible que gocen de efectividad. Al atasco que ya existía en la Administración de Justicia se va a sumar el provocado por esta crisis sanitaria, sin que eso pueda solucionarse solo con voluntad y sacrificio personal de los distintos operadores jurídicos.

Por esto, quiero recuperar en este artículo un hilo que publiqué en Twitter en abril de 2018 explicando por qué las reivindicaciones de jueces y fiscales son reivindicaciones de todos los ciudadanos:

1) Porque el poder judicial es la pieza esencial del Estado de Derecho y su independencia una garantía fundamental de la división de poderes que debe caracterizar a cualquier sistema democrático.

2) Porque sin un poder judicial que sea y parezca independiente se pierde la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

3) Porque un sistema judicial eficaz es un motor para la economía y atrae la inversión extranjera. No sólo somos un gasto. La seguridad jurídica de un Estado es un elemento esencial que valoran empresas y fondos extranjeros para invertir en un país.

4) Porque los ciudadanos merecen una justicia de calidad, rápida y eficaz. Necesitamos medios personales y materiales para poder cumplir con unas mínimas garantías las funciones que tenemos encomendadas constitucionalmente. Es imposible hacerlo con los medios con que contamos actualmente, de hecho el sistema no se hunde por las ganas e ilusión que ponemos todos los que trabajamos en Justicia.

5) Porque Jueces y Fiscales merecemos unas retribuciones dignas, acordes con la naturaleza y responsabilidad de nuestra función. ¿Quién de vosotros aceptaría trabajar domingos, festivos, el día de Navidad, Semana Santa, o el 1 de mayo por 0,80 euros la hora? No buscamos hacernos ricos, pero pagarnos menos de 1 euro por la hora de guardia no tiene equivalente en ningún otro cuerpo de funcionarios que haga guardias y supone que si tienes que dejar por ejemplo a tus hijos con una persona que los cuide (que cobra aproximadamente 10 euros la hora) tengas que poner dinero de tu bolsillo para ejercer tu función pública, al igual que cuando nos pagamos las togas, los portátiles o los códigos.

Nuestras reivindicaciones se recogían en 18 propuestas, que pueden sintetizarse en las siguientes:

  1. A) Reformas legislativas para potenciar la independencia del CGPJ, órgano de Gobierno de Jueces y Magistrados, siendo elegidos parte de sus integrantes por la propia carrera judicial.
  2. B) Plan para modernizar la Administración de Justicia, centrado en que se aumenten los medios materiales y personales invertidos en justicia y que se gestionen mejor los existentes.
  3. C) Una mejora de las condiciones profesionales, como recuperar el nivel salarial perdido o establecer unas cargas máximas de trabajo. Es decir, la subida de sueldo que muchos sectores centraban como la base de nuestras movilizaciones, venía referida a recuperar el salario que se redujo a Jueces y Fiscales (un 10% en sueldo y un 7% en complementos) en el año 2010 con ocasión de la situación económica y que, pese a haber existido una recuperación, nunca se nos volvió a aumentar.
  4. D) Autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal respecto del Ministerio de Justicia y refuerzo de nuestra independencia y apariencia de independencia respecto del Gobierno.
  5. E) Derogación del sistema de plazos máximos de instrucción previstos en el artículo 324 LECr, que debido a la sobrecarga de trabajo de los Juzgados y a que los fiscales no somos los encargados de la instrucción, está provocando en la práctica supuestos de impunidad.
  6. F) Paralización de Justicia Digital hasta que no funcione de manera adecuada. Si bien esta era una de las reivindicaciones que sosteníamos en 2018, en muchas CCAA la implantación de Justicia y Fiscalía Digital ha mejorado mucho desde entonces. En otras, sin embargo, aún no está implantado el expediente digital, siendo ésta una buena ocasión para hacerlo, pero invirtiendo los medios necesarios y aprendiendo de los fallos cometidos en los territorios en los que ya se ha implantado.[1]
  7. G) Atribución de la formación, inicial y continua, de los fiscales a la Fiscalía General del Estado, en lugar de al Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, igual que la formación de los jueces depende del CGPJ.

Estas peticiones, que pueden resumirse en que se dote de medios e independencia a la Justicia, van dirigidas a garantizar una justicia ágil, rápida y de calidad para los ciudadanos, en la que los asuntos se resuelvan en plazos breves y los fiscales y jueces puedan dedicar a los mismos el tiempo que precisan. De esta manera sí se garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos y se refuerza el Estado de Derecho. Por eso, nuestra lucha por poner de manifiesto estas carencias y por lograr estas peticiones, es una lucha de todos los ciudadanos, no solo de Jueces y Fiscales. De vez en cuando conviene recordarlo.

[1]https://www.lawyerpress.com/2020/05/13/justicia-digital-y-medios-telematicos-en-tiempos-de-coronavirus/

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