El plan MeCuida y los derechos laborales de los padres en la vuelta a las aulas

Publicado el martes, 13 octubre 2020

Esther Melero Domínguez, Abogada del departamento laboral de Auren Abogados y Asesores Fiscales.

Esther Melero Domínguez

El nuevo curso escolar en medio de una crisis sanitaria que no cesa plantea nuevas necesidades en el ámbito laboral de los padres. El plan MeCuida nació, precisamente, para dar respuesta a una necesidad de conciliación entre el trabajo y el cuidado familiar. Aprobado en marzo, al inicio de la pandemia, está dirigido a aquellos trabajadores que acrediten deberes de cuidado del cónyuge o pareja y de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad para evitar la transmisión del covid-19.

Si bien contábamos, con casi la total certeza, de que el plan MECUIDA aprobado por el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, se extendería como mínimo hasta final de año, no fue hasta el pasado día 22 de septiembre cuando se daba luz verde a la regulación del trabajo a distancia y cuando se ejecutó la ampliación que acordaba la extensión de este plan hasta el 31 de enero de 2021.

Salvo que antes de esta fecha tenga lugar alguna otra modificación, el Plan MECUIDA seguirá siendo la alternativa a la que los padres podrán acogerse en el caso de que sus hijos deban cumplir cuarentena como consecuencia de un contagio en su clase.

Sin embargo, el mismo día en el que se ampliaba el plan MECUIDA, conocíamos que el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos días la baja laboral de los padres cuyos hijos deban guardar cuarentena por un caso positivo en su clase y que esta medida no solo resultará de aplicación en el caso de que los hijos den positivo en las pruebas. Esto va en la línea de trabajo en todo lo referente a la extensión del criterio que mantiene la Seguridad Social, por el que se considera situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común los periodos de aislamiento preventivo a los que se vea sometida la unidad familiar, incluso en el caso de que los hijos no estuvieran contagiados.

En esta línea, la Comunidad de Madrid, a través de la instrucción de la Consejería de Sanidad, ha definido las nuevas reglas de actuación que los facultativos deben llevar a cabo desde el día en el que se determina el aislamiento del menor, hasta el día en el que se obtienen los resultados de su diagnóstico. En este caso, si el menor tiene síntomas relacionados con COVID, los padres deben considerarse “contacto estrecho de un caso posible” y, por tanto, los facultativos no sólo deben determinar el aislamiento preventivo del menor, sino que deben otorgar la incapacidad temporal a los padres hasta conocer el resultado.

A pesar de las distintas manifestaciones, falta todavía por definir qué ocurre con los periodos de aislamiento de hasta 14 días a los que deben someterse los menores en el caso de un contagio en sus aulas y qué obliga a los padres a permanecer en casa con ellos hasta finalizada la cuarentena.

En este sentido, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha declarado que en lo que respecta a los periodos de cuarentena en el caso de hijos con PCR negativa se ha tomado la decisión de abrir “un dialogo con los agentes sociales” y que ambas partes se han “dado un tiempo” para evaluar la situación.

Si finalmente la extensión de este criterio viera la luz, las medidas de adaptación o reducción de la jornada laboral recogidas en el Plan MECUIDA podrían seguir siendo solicitadas por los padres que acrediten la necesidad de cuidar a sus hijos. Quedarían fundamentalmente destinadas para cubrir las necesidades de cuidados del cónyuge, pareja de hecho y familiares por consanguinidad de hasta segundo grado y del trabajador, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿tiene sentido y es jurídicamente sostenible -en caso de aprobarse la medida- un trato tan diferente en función del familiar a cargo?

Después de casi un mes del inicio de las clases y contagios en aulas de colegios de toda España, las organizaciones familiares y también las empresariales siguen inmersos en un escenario de confusión e inseguridad jurídica. Sin duda, lo que se espera es que esta “asignatura” no quede pendiente para el próximo curso.

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