El papel del Ministerio Fiscal con relación a las medidas de investigación tecnológica

Publicado el miércoles, 21 octubre 2020

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos.

En nuestro sistema procesal penal la instrucción de las causas, que va dirigida a la averiguación de los hechos y de sus responsables, corresponde a los Jueces de instrucción, pero durante la misma se produce una intervención activa del Ministerio Fiscal. Esta intervención implica, entre otras cosas, solicitar la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, interesar, si procede, la adopción de medidas cautelares; e informar antes que el Juez acuerde medidas de investigación que limiten derechos fundamentales.

Escarlata Gutiérrez MayoEn el transcurso de la instrucción (investigación) de las causas penales puede ser necesario acordar por el Juez medidas de investigación que limiten derechos fundamentales. Las más frecuentes son la entrada y registro en el domicilio y la interceptación de las comunicaciones (intervenciones telefónicas) Si bien, en la actualidad las medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales que más desafíos plantean son las medidas de investigación tecnológica. Sobre los requisitos para poder adoptar las mismas, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo fue supliendo la falta de una legislación específica y exhaustiva sobre esta cuestión, hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, donde se regularon estas medidas en los artículos 588 bis hasta el 588 octies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECr)

Con relación a estas medidas y a la intervención del Ministerio Fiscal se dictaron las Circulares de la Fiscalía General del Estado 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 y 5/2019.

La adopción de las medidas previstas en los artículos 588 bis hasta el 588 octies LECr requiere previa autorización judicial, o ratificación judicial posterior en supuestos de urgencia en los casos previstos en la Ley. Las puede acordar el Juez de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial, siendo este último supuesto el más frecuente. No pueden ser solicitadas por la acusación particular, ni popular.

El Juez, con carácter previo a resolver, debe siempre recabar informe del Ministerio Fiscal que, aunque no es vinculante, es frecuente que siga el mismo criterio. Con relación a dicho informe establece la Circular del FGE 1/2019 “Los Sres. Fiscales deberán extremar las cautelas con el fin de que figure siempre el informe del Ministerio Fiscal con carácter previo a la adopción de cualquier medida de investigación tecnológica debiendo ser el informe suficientemente expresivo de la legalidad de la medida. La simple omisión del informe previo constituirá una irregularidad procesal sin alcance constitucional. La omisión deberá subsanarse -con la mayor celeridad posible- mediante la notificación del auto (…)”

Tanto el Fiscal en su informe, como en el Juez en su resolución judicial, deben motivar su solicitud, o la adopción de la medida, conforme a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, en los términos del artículo 588.bis.a LECr.

Me parece interesante resaltar que estas medidas se sustanciarán en pieza separada y secreta, sin necesidad de que acuerde expresamente el secreto de la causa (art. 588 bis. d) LECr) Redunda mencionar que el secreto de estas medidas es necesario para que las mismas puedan cumplir su finalidad, que no es otra que el esclarecimiento de unos hechos que pueden ser delictivos y la determinación de quienes son sus responsables.

Por otra parte, tras la reforma de 2015, el artículo 588 ter LECr, en el capítulo de la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, atribuye al Ministerio Fiscal un papel activo para obtener de los prestadores de servicios una serie de datos de identidad de los usuarios. En este sentido establece que el artículo 588 ter m LECr Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial necesiten conocer la titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro medio de comunicación, o, en sentido inverso, precisen el número de teléfono o los datos identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán dirigirse directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, quienes estarán obligados a cumplir el requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.”

Precisando sobre este particular la Circular 2/2019 FGE: “La facultad del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial de obtener directamente, sin autorización judicial, la titularidad de cualquier medio de comunicación o, en sentido inverso, la identificación del medio de comunicación que utilice una persona determinada, se extiende a cualquier dato que facilite esa identificación sin estar vinculado a un proceso de comunicación. Esta facultad podrá ejercitarse en relación con cualquier clase de comportamiento delictivo, siempre que los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad lo justifiquen.”

Por tanto, el papel del Ministerio Fiscal en esta materia, y su coordinación con la Policía Judicial, es esencial. Nuestra intervención se desarrolla de diversas maneras: podemos ser quienes interesamos la adopción de estas medidas al Juez de instrucción; debemos emitir informe antes que el Juez acuerde o deniegue las mismas; podemos recurrir, en su caso, dicha resolución; e incluso podemos recabar directamente, sin autorización judicial, determinada información a los prestadores de servicios de comunicación, en los términos del artículo 588 ter m LECr.

Por último, en el seno de las Diligencias de investigación del Ministerio Fiscal previstas en el artículo 773. 2 LECr y en el artículo 5.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981) no pueden acordarse estas medidas, habida cuenta que se establece expresamente “las diligencias no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos”, para ello sería necesario judicializar la causa y pedir su adopción al Juez de instrucción.

Sobre el autor
Redacción

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas. Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas

Comenta el articulo