Retos del Ministerio Fiscal ante las personas con discapacidad – Entrevista a Avelina Alía Robles

Publicado el miércoles, 28 octubre 2020

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos.

Hemos reiterado en diversos artículos y en alguna entrevista el papel del Ministerio Fiscal como protector de los más vulnerables, como los menores de edad, las personas con discapacidad o los consumidores y usuarios. Dentro de esta función tiene un papel destacado la protección de las personas con discapacidad. Nuestra compañera Avelina Alía nos cuenta en esta entrevista los desafíos que se producen en esta materia y el importante papel que desempeña el Fiscal en la misma. Igualmente, resalta los problemas que surgen cuando las personas con discapacidad están inmersas en un proceso penal, bien como perjudicadas, o bien como investigadas, faceta que en muchas ocasiones pasa desapercibida a los operadores jurídicos.

Escarlata Gutiérrez MayoAvelina Alía Robles accedió a la Carrera Fiscal en el año 1998; tuvo su primer destino en la Fiscalía de Zafra (Badajoz), después pasó por el TSJ de Madrid y de allí a la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés (Madrid) de la que es Fiscal Decana. Es Fiscal de Enlace en los delitos de criminalidad informática y en delitos de odio. Especialista en discapacidad trabaja en la capacitación de los profesionales del derecho, de las FFCSE y colabora con el Tercer Sector. Ha intervenido en numerosas conferencias y tiene diversas publicaciones en la materia. Ha colaborado en los grupos de trabajo técnicos conformados por el CGPJ en el marco del “Plan de Choque en la Administración de justicia tras el estado de alarma, que dio lugar al documento “Medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables”, aprobado el 11 de mayo de 2020 y, más recientemente, ha participado en una Guía Práctica dirigida a funcionarios del CNP sobre discapacidad y discriminación.

Avelina es una gran representante de nuestra institución a todos los niveles y un orgullo de compañera. Entrevistarla ha sido un placer por su dominio del tema y por la buena disposición y facilidades que siempre ofrece.

Avelina Alía Robles

Avelina Alía Robles

 

¿Cuál es tu perspectiva de la discapacidad en el ámbito de actuación del Ministerio Fiscal?

Nuestra actuación es muy relevante en el ámbito civil, particularmente en los procesos de capacidad (o de provisión judicial de apoyos). Considero que muchas veces no se valora el impacto real que tienen estos procesos para el afectado. Se incide en aspectos de su esfera más íntima, en derechos fundamentales, por lo que la materia debe ser abordada desde el mayor respeto a las habilidades conservadas de la persona y con gran esmero por nuestra parte. Pero la discapacidad es un fenómeno transversal, de modo que, siempre que estén comprometidos los derechos de estas personas, por su especial vulnerabilidad, el Ministerio Fiscal debe ser su principal valedor; es una exigencia del art. 124CE y del art. 1 de nuestro Estatuto Orgánico. A mi modo de ver, esto afecta a los distintos órdenes jurisdiccionales en los que intervenimos. Pensemos, por ejemplo, en el intenso debate jurídico sobre educación inclusiva versus especial que, aparte de la discusión social y política, se está produciendo en los tribunales de lo contencioso-administrativo.

La Fiscalía de Sala de Discapacidad y Personas Mayores será una realidad en breve. Es un logro que celebro con entusiasmo. Tradicionalmente la Coordinación de la discapacidad se ha llevado a cabo desde la Fiscalía de Sala de lo Civil con sensibilidad y maestría. Sin embargo, al desgajarse de la misma, quizás debería apostarse por un enfoque transversal.

Por otro lado, la sociedad se ha conmovido hasta las entrañas con lo sucedido en las residencias de mayores durante la epidemia de coronavirus y se ha sentido más necesaria que nunca la actuación del Ministerio Fiscal, que ahora tendrá como baluarte a la nueva Fiscalía de Sala.

¿Es importante que nuestra actuación esté coordinada con otros operadores jurídicos y sociales?

En esta materia el diálogo, el intercambio de buenas prácticas, de información y la cooperación con el Tercer Sector y con el ámbito socio-sanitario es muy importante. Las organizaciones de personas con discapacidad son quienes mejor conocen los problemas y necesidades que afectan al colectivo, por tanto, darles cabida es muy fecundo. El proyecto de reforma de Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil lo prevé, pues contempla que en los procesos de provisión judicial de apoyos a la persona con discapacidad, el juez decida con la intervención de expertos del ámbito jurídico, asistencial y sanitario, que funcionarán a modo de “mesa redonda”.

En el ámbito penal, conviene recordar que el Estatuto de la Víctima del delito de 2015 también recoge la cooperación y participación de “colectivos profesionales especializados en el trato, atención y protección a las víctimas”, pero no está generalizado acudir a estos profesionales “externos”.

¿Qué problemas pueden tener las personas con discapacidad de acceso a la Justicia?

Conviene diferenciar los problemas de personas con discapacidad física y los que se refieren a personas con discapacidad intelectual, entendida en sentido amplio. Sobre las primeras basta aproximarse a muchas sedes judiciales (también a Comisarías o Colegios de Abogados) donde el entorno físico, el transporte o la información no están adaptados, ni señalizados. En relación con las segundas, la falta de “ajustes del procedimiento“ es una tarea pendiente y afecta, a mi modo de ver, al derecho a la tutela judicial efectiva, por obstaculizar el primer presupuesto: el acceso a la jurisdicción. En ocasiones, cuando se habla de “ajustes del procedimiento” se piensa en algo que debe de ser complicado. Sin embargo, se trata de hacer ajustes ”razonables”, es decir, adaptaciones y modificaciones que no impongan una carga desproporcionada, pero que resulten suficientes para garantizar los derechos de la persona. Pensemos en el investigado que necesita intérprete por no hablar o comprender el idioma; a través del intérprete se está ajustando el proceso a la persona extranjera. Pues algo similar ocurre con las personas con discapacidad: se pueden hacer adaptaciones como buscar un lugar fuera de estrados para las declaraciones, sin togas, con tiempo adicional para responder, fomentar el uso de lenguaje sencillo, utilizar documentos de lectura fácil para información de derechos, o acudir a la figura del “facilitador”.  En fin, existen muchas opciones razonables.

¿Qué cambios serían necesarios en el ámbito del proceso civil para lograr una actuación adecuada y eficaz a todos los niveles de las personas con discapacidad?

Entiendo que es fundamental un cambio de “mirada” en el proceso civil, particularmente en los procesos de capacidad, y formación específica en la materia, porque, si bien no estamos ante procesos complejos desde el punto de vista técnico-jurídico, no son procesos ni mucho menos sencillos.

También es necesario un cambio legislativo que, a día de hoy, parece estar más cerca. Sin entrar en pormenores, sí quisiera señalar la importancia del proyecto de reforma del CC y LEC, publicado en el BOE el pasado mes de julio, pues transforma las tradicionales figuras de guarda legal y otorga a la autorregulación un papel muy importante. Esto supondrá un esfuerzo de adaptación por parte de los profesionales del derecho a la nueva regulación, que empieza por un cambio de mentalidad, de “mirada”, como antes decía. Por ello, una formación específica resulta ahora imprescindible, siendo lo más deseable juzgados, fiscales y abogados especializados. Por otro lado, este cambio normativo impone un proceso de revisión de las sentencias dictadas conforme a la legislación anterior, pues no pueden coexistir los dos modelos. Además, como señalaba anteriormente, está previsto un sistema de colaboración interprofesional “de mesa redonda” para apoyar al juez a la hora de diseñar “el traje a medida”. La sobrecargada Administración de Justicia necesitará de medios para acometer los nuevos retos con rigor, por lo que una reforma de esta naturaleza a coste cero la considero inviable.

Por último, en el ámbito penal, ¿cuáles son los desafíos más importantes que se plantean con las personas con discapacidad?

Tenemos como primer desafío que las denuncias de personas con discapacidad afloren, pues denuncian poco por miedo a no ser creídas, a no ser entendidas, a la victimización secundaria o al miedo a represalias. En muchas ocasiones se trata de personas que han normalizado en sus vidas la violencia o la discriminación.

Por otro lado, me preocupan los juicios rápidos. A veces digo que los juicios rápidos “no son juicios para lentos”. Con ello intento expresar las dificultades de estos procedimientos para las personas que tienen una discapacidad intelectual o psicosocial. Se trata de procedimientos que, por su acelerada dinámica y, por los beneficios que comporta para el acusado la conformidad a efectos penológicos, hacen que la discapacidad pase desapercibida durante el proceso.

Considero también que deberíamos reflexionar sobre las penas impuestas a personas con discapacidad intelectual, porque en un 94% de los casos están cumpliendo penas en centros penitenciarios, con bajísima incidencia de medidas de seguridad (privativas y no privativas de libertad), según un reciente informe presentado por Plena Inclusión.

Al igual que en el ámbito civil, en materia penal hay que insistir en la necesidad de formación específica, sobre todo en ciertas especialidades como violencia de género o delitos de odio en los que se ven involucradas personas con discapacidad, y hacerla extensiva a todos los niveles. Por ejemplo, la mayoría los funcionarios de las Oficinas de Atención a las Víctimas carecen de formación sobre la atención a personas con discapacidad y lo mismo se puede decir de los funcionarios de las oficinas judiciales y de fiscalía, que son en muchos casos el primer contacto de las personas con discapacidad con la Administración de Justicia.

Aprovecho esta entrevista para animar a todos los que participamos en la Administración de Justicia en la tarea de hacerla más accesible. No se trata de un acto de generosidad por nuestra parte, sino del deber de hacer Justicia, en mayúsculas.

Sobre el autor
Redacción

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas. Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas

Comenta el articulo