La reforma del proceso penal y los instrumentos para salvaguardar la autonomía de los Fiscales – Entrevista a Pedro Díaz Torrejón

Publicado el miércoles, 11 noviembre 2020

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos.

Escarlata Gutiérrez MayoUn tema recurrente en el ámbito del derecho procesal penal es el de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y normativa concordante; para atribuir la instrucción de las causas penales a los Fiscales. En la actualidad la instrucción de las causas relativas a mayores de edad corresponde a los Jueces de Instrucción, mientras que la de menores está atribuida a los Fiscales.

Siempre que se plantea este debate, los detractores de la reforma, manifiestan que no puede atribuirse a los Fiscales la instrucción de las causas sin modificar nuestro Estatuto Orgánico atribuyéndonos plena independencia como la que ostentan los Jueces. En esta entrevista nuestro compañero Pedro Díaz Torrejón nos manifiesta que, tras varios intentos fallidos, quizás sea el momento de llevar a cabo la mencionada reforma. Ello abre un escenario de posible investigación por el Ministerio Fiscal y otorga mayor valor a los instrumentos para salvaguardar la autonomía de los Fiscales.

Pedro Díaz Torrejón ingresó en la Carrera Fiscal en 2006. Su primer destino fue en la Fiscalía Provincial de Huelva en 2007, donde permaneció hasta 2018, siendo en la misma el Delegado de la Sección de Menores y el de Protección de Víctimas desde 2012 hasta 2018, cuando se trasladó a la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés, ocupándose dentro de la misma de los Delitos Económicos desde marzo de 2019. Ha dirigido cursos en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y en Colegios de Abogados, e impartido ponencias en el mismo, en el Consejo General del Poder Judicial, en Universidades y en Colegios de Abogados. Igualmente tiene una prolífica obra jurídica, abarcando tanto Manuales como artículos jurídicos y divulgativos.

Pedro es un referente de rigor, profesionalidad y calidad jurídica en cualquier asunto que acomete. Además, es un compañero generoso y comprometido en la defensa de la labor del Fiscal y en la mejora de nuestra institución.

Pedro Díaz Torrejón

Pedro Díaz Torrejón    (Foto: Huelva Información)

 

  1. ¿Qué cambios crees que se deberían llevar a cabo en el proceso penal?

Es urgente la atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y la configuración del Juez de Instrucción como Juez de Garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es un edificio de 1882 muchas veces reformado, que resulta complejo e incongruente. El mejor ejemplo de ello es el enorme número de procedimientos que existen con carácter general para la investigación y enjuiciamiento de los ilícitos penales, hasta un total de seis: juicio por delito leve, juicio rápido, procedimiento por aceptación de decreto, procedimiento abreviado, sumario ordinario y juicio de jurado. De ellos, el procedimiento por aceptación de decreto resulta inédito en la práctica porque solo tendría sentido en un proceso en el que la investigación recayera sobre el Fiscal.

Además, el modelo inquisitivo que predomina en España ha sido abandonado en casi todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno cultural, lo que convierte a España en una isla, en la que los interlocutores foráneos encuentran lagunas de comprensión del sistema y dificulta la cooperación, en especial ante las formas graves de delincuencia.

 

  1. Ante un previsible escenario de investigación por parte del Ministerio Fiscal, ¿qué medios tienen los Fiscales para luchar por su autonomía?

Los principios organizativos y funcionales por los que ha de regirse la actividad del Ministerio Fiscal aparecen recogidos en el art. 124 de la Constitución (en adelante, CE), cuyo contenido reproduce casi literalmente el art. 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/1981 (en adelante, EOMF), y en virtud de los cuales «el MF ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».

Además de todo ello, el EOMF reconoce la “independencia del mismo”, al proclamar en su artículo 7: «Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados». Es cierto que el reconocimiento de la independencia no tiene rango constitucional, sino legal, y que se trata de una independencia instrumental, pues está orientada tan solo “en defensa de los intereses que le estén encomendados”.

El Ministerio Fiscal aparece como un mecano en el que las piezas parecen no encajar fácilmente (dependencia jerárquica-unidad de actuación & imparcialidad-independencia). Este engranaje deberá estar perfectamente ajustado para un óptimo funcionamiento; se trata de que funcionen los esenciales checks and balances que permitan el equilibrio de principios que en ocasiones parecen no ir de la mano.

El propio EOMF modula el principio de dependencia jerárquica, imponiendo al Fiscal que discrepe frente a una orden o actuación que considere improcedente la obligación de hacerlo, pues el párrafo segundo del artículo 6 EOMF reza: «Si el Fiscal estimare improcedente el ejercicio de las acciones o la actuación que se le haya confiado, usará de las facultades previstas en el artículo 27 de este Estatuto».

  1. ¿Qué debe hacer el Fiscal que reciba una orden de un superior?

Dice el artículo 25 del EOMF que el Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia.

Dicho esto, conviene precisar que la cláusula del artículo 27 EOMF no es una facultad “para discrepar”, sino que constituye una obligación. El Fiscal está obligado a acudir a este mecanismo cuando considere que ha recibido una orden o instrucción que no se ajusta a la ley o que es improcedente, así debe analizar la procedencia del ejercicio de las acciones o la actuación que se le haya confiado. Se encuentra, pues, con un deber previo al propio cumplimiento de la orden recibida, que es el de “chequear” la misma, y analizar si la orden es legal y procedente, de forma que el segundo deber (el de cumplimiento) solo entra en juego si del examen del mandato recibido se ha obtenido “luz verde”. Si, por el contrario, el resultado de ese análisis es “luz roja”, el instrumento estatutario que sirve de contrapeso al poder de los jefes es el previsto en el artículo 27 EOMF. Por ello, el Libro Blanco del Ministerio Fiscal recoge que, con independencia de la frecuencia con que se haga uso de este, constituye un instrumento esencial para la salvaguarda de la autonomía personal de los Fiscales, y representa una limitación objetiva de los poderes de las Jefaturas.

  1. ¿Qué órdenes recibidas por el Fiscal son las afectadas por el artículo 27 EOMF?

El artículo se refiere a órdenes “ilegales” o “improcedentes”. Si bien no plantea problemas el determinar cuándo la orden es contraria a la ley (“ilegal”), sí, en cambio, parece más complicado definir con precisión qué debe entenderse por “improcedente”, pues este término resulta un tanto confuso e indeterminado.

La Instrucción 1/2019, sobre las Juntas de Fiscalía, afirma respecto de las mismas que «La orden improcedente puede estar relacionada con multitud de factores valorativos. El juicio del Fiscal se amplía permitiéndole apreciar no ya la legalidad de la orden o instrucción, sino su conformidad con lo que entiende que es adecuado, correcto o justo para la defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público o para la satisfacción del interés social. La orden o instrucción se contempla de esta manera desde la perspectiva del resto de principios que informan la actuación del Ministerio Fiscal y así, la consideración de su improcedencia puede estar relacionada con la estimación de la significación o trascendencia de los datos fácticos sobre los que sustentar la acción penal o sobre cualquier otro aspecto valorativo de carácter técnico jurídico».

La cuestión principal que se plantea en torno a las citadas órdenes o instrucciones es la relativa a su naturaleza, respecto a la que la Instrucción 1/2019, sobre las Juntas de Fiscalía, excluye aquellas de naturaleza orgánica o gubernativa, limitándolas a cuestiones jurídicas en asuntos concretos.

  1. ¿Cómo se tramita este mecanismo?

El informe razonado del Fiscal discrepante debe ser planteado ante su Jefe, sin perjuicio de que la orden sea recibida de un superior, debiendo aquel elevar el escrito ante el Fiscal que dio la orden impugnada. El Fiscal ante el que se plantea la discrepancia debe tomar una primera decisión, que es la de convocar la Junta de Fiscales.

La Junta convocada al amparo del art. 27 EOMF, no ordinaria, tiene un carácter especial y un único punto en el orden del día que además deberá contener una sucinta exposición sobre el tema en conflicto. Deberá será convocada y presidida por el Fiscal Jefe o superior jerárquico que ha dado la orden sobre la que se discrepa, quien expondrá el tema a tratar y dirigirá y moderará las intervenciones de los asistentes tras las cuales dará paso a la correspondiente votación.

El parecer de la Junta no vincula al Fiscal que impartió la orden o instrucción controvertida, si bien los argumentos expuestos en ella pueden determinar una modificación de su criterio correspondiéndole inicialmente a él, no a otro Fiscal jerárquicamente superior ni a ningún otro órgano colegiado, dejar sin efecto su propia orden o instrucción. En caso contrario, dispone el apartado segundo del art. 27 que si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera.

La ratificación de la instrucción exige razonamiento, plasmado en un informe por escrito en el que el superior desarrollará los fundamentos de su decisión y las razones por las cuales la mantiene, dando respuesta a los argumentos expuestos por el Fiscal discrepante.

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