ASUFIN exige al Supremo que ordene paralizar todos los procedimientos de IRPH hasta nueva sentencia del TJUE

Publicado el martes, 19 enero 2021

IRPH

ASUFIN recuerda al Supremo que las inadmisiones masivas de procedimientos de IRPH, en vez de la suspensión cautelar por el principio de prudencia antes de conocer la respuesta a la nueva cuestión prejudicial elevada por el juez Audicana al TJUE, supone un daño irreparable para los consumidores afectados, ya que éstas son irreversibles (“cosa juzgada”). De este modo responde a las declaraciones vertidas el pasado jueves en el diario El Español en las que aseguraba que siempre había “suspendido la tramitación de los recursos pendientes para garantizar la aplicación del criterio que saliera del TJUE”.

Sin embargo, la asociación ha constatado que hasta medio centenar de recursos de casación sobre IRPH han quedado inadmitidos a trámite aun cuando está pendiente de conocerse las nuevas aclaraciones que exige el juzgado de primera instancia 38 de Barcelona. Por el contrario, el Supremo está admitiendo a trámite los recursos que los bancos han perdido, como el caso de Bankia frente a ASUFIN, ganado por la asociación a favor de uno de sus asociados, en primera instancia y en la Audiencia Provincial de Madrid.

Por si fuera poco, la Audiencia Provincial de Barcelona anunció el pasado mes de diciembre que no suspenderá los procedimientos de IRPH pendientes. En providencia fechada el pasado 7 de diciembre, razona que “sólo si este tribunal tuviera las mismas dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea” estaría justificada la suspensión del recurso, lo que abre la puerta a que esta instancia tramite todos los procedimientos pendientes. Con esta decisión, se condena a los consumidores a una sentencia desfavorable a pesar de que sus asuntos deberían juzgarse disponiendo de toda la información que dará el TJUE una vez resuelva las nuevas dudas planteadas.

“Toda esta situación nos recuerda a lo sucedido por la cláusula suelo, cuando miles de afectados perdieron la oportunidad de recuperar su dinero porque el Supremo declaró que la nulidad no implicaba retroactividad”, declara Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN. “La justicia europea corrigió entonces el criterio seguido por los tribunales españoles, pero muchos consumidores se quedaron por el camino porque su sentencia quedó firme. El Supremo se vio obligado a modificar su doctrina, pero para muchos el daño ya era irreparable”.

Por este tipo de decisiones, que generan inseguridad jurídica a los consumidores, ASUFIN ha pedido amparo a la Comisión Europea: que realice las investigaciones oportunas y que determine si nuestro Alto Tribunal está alineado con la doctrina que establece el TJUE y aplica correctamente el Derecho Comunitario en materia de consumo.

La denuncia presentada por la asociación el pasado miércoles, 13 de enero,  cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania. Pide “condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores”, siguiendo así las exigencias de las Directivas europeas.

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