Un año después de la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España, que declaró servicio público esencial la función desempeñada por los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, el Colegio de Registradores ha presentado el balance de un año de pandemia. Hace doce meses que se aprobó por la Junta de Gobierno el Plan de Continuidad de los Servicios Registrales, que permitió afrontar el estado de alarma con los instrumentos necesarios con los que mantener con todas las garantías el servicio registral.

Este plan permitió que en 48 horas pasaran a la modalidad de teletrabajo 4.000 personas, conciliando salud y permanencia del servicio, que se siguió dando con carácter presencial de modo ininterrumpido.

El 15 de marzo la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó una resolución que permitió adaptar los servicios registrales a la nueva situación y el Real decreto ley 8/2000 de 17 de marzo, en su artículo 42, declaró la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales, manteniendo operativas las medidas cautelares y las garantías que la ley confiere a los ciudadanos. Esta situación se mantuvo hasta el 10 de junio.

Casi 300.000 notas de Índices gratuitas para las moratorias hipotecarias

Por Real decreto ley se estableció las moratorias hipotecarias para lo cual los ciudadanos precisaban acreditar su situación mediante una nota simple del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

En ese momento para facilitar su obtención, se habilitó en la web www.registradores.org un acceso especial para su solicitud ofreciéndolas con carácter gratuito para los ciudadanos. Era una forma de apoyar a los colectivos más vulnerables. En total se facilitaron 299.540 notas.

Apoyo a las sociedades

La Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para paliar los efectos económicos de la COVID-19, estableció como requisito para acceder a las líneas de crédito del ICO para empresas y autónomos, acreditar que no se estaba en situación de concurso de acreedores, mediante la consulta al Registro Público Concursal. Ello supuso una verdadera avalancha de peticiones, que obligó al Colegio de Registradores a reforzar los accesos al haberse incrementado las consultas un 118,74% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La vida societaria debía adaptarse a esta nueva situación, para ello se avanzó en dos líneas de actuación bajo la supervisión de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Respecto a las sociedades cotizadas, en unión con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se suscribieron tres comunicados conjuntos que trataban de aclarar las dudas que surgían en el funcionamiento de este tipo de sociedades: sobre la presentación de cuentas anuales, especialmente sobre el acuerdo de aplicación de resultados; sobre las juntas generales de sociedades cotizadas convocadas para su celebración; y el último, al que se sumó el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), se dio respuesta a la formulación y depósito de las cuentas anuales de los emisores de valores en formato electrónico único europeo (FEUE).

En una segunda línea con la Secretaría General de Industria y de la Pyme, se dio a conocer la posibilidad de tramitación digital de los más de cincuenta servicios registrales de los que se pueden beneficiar empresas, pymes, autónomos y gestorías a través de su Plataforma Pyme.

Además se siguió proporcionando al Instituto Nacional de Estadística la información requerida sin retraso, lo que fue objeto del reconocimiento público por parte del INE.

Potenciación de servicios online: alertas registrales

Entre los aspectos más destacados desarrollados por el Colegio de Registradores estuvo la potenciación de los procedimientos online sin menoscabar la seguridad jurídica. En este sentido se facilitó el acceso al Registro de la documentación de modo electrónico, especialmente las instancias; se abrió a los ciudadanos un nuevo proyecto denominado Alertas a titulares, a través de cual el titular registral podía ser informado, durante un periodo de tiempo establecido, sobre determinados movimientos que afectaran a las fincas seleccionadas en el Registro en el que se encuentran inscritas; se activó una App que permite solicitar información registral desde el móvil y se puso en funcionamiento una nueva web que permite a las personas con alguna discapacidad acceder a los servicios registrales.