La Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo de la Xunta de Galicia y el Consello da Avogacía Galega han acordado el nuevo baremo de compensaciones por las intervenciones del Turno de Oficio. Esta actualización supone un importante incremento de la partida presupuestaria destinada a la Asistencia Jurídica Gratuita para los próximos años.

Desde el Consello da Avogacía Galega se resalta que el incremento de las cantidades del baremo del Turno de Oficio es una de sus reivindicaciones históricas para la dignificación de este servicio público, prestado por la Abogacía para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.

El Consello da Avogacía Galega, a través de la su comisión negociadora y mediante la propuesta consensuada por los 7 colegios que lo conforman,  promovió que las subidas se realicen sobre aquellos módulos que demandan más designaciones (87% del total), de modo que, en estos conceptos, el incremento medio supera el 19%. Para el resto de los asuntos, 12,72% del total, la subida aceptada media es del 4,93%.

Además, en el baremo aprobado se incluyen nuevos conceptos y se mejora la redacción de otros, aceptándose así, en parte, las propuestas colegiales orientadas a mejorar las remuneraciones de los profesionales de la Abogacía adscritos al Turno de Oficio.

Este nuevo acuerdo entrará en vigor partir del cuarto trimestre del 2021 y tiene una duración de cuatro años, hasta el año 2025, momento en el que se abrirá un nuevo proceso negociador. Las cantidades se actualizarán a lo largo de los próximos tres años según estos porcentajes:

• Primer año: 50% del incremento del convenio.
• Segundo año: 30% del incremento del convenio. Total 80%
• Tercer año: 20% del incremento del convenio. Total 100%
• Cuarto año: IPC sobre el 100%.

Avances para garantizar el abono de todas las actuaciones de los profesionales del Turno de Oficio

Por último, la Dirección Xeral de Xustiza se ha comprometido a estudiar cómo garantizar el pago de las actuaciones profesionales en defensa de investigados insolventes, incluidas personas jurídicas, a los que no se les concede el derecho a la asistencia jurídica gratuita por pasividad o imposibilidad legal, lo que obliga a que los profesionales presten sus servicios sin contraprestación alguna. Esta garantía se conseguiría a través de un nuevo convenio o de una reforma reglamentaria.