Alexandra Lozano, Omar Molina y Paula Puigmal
Entre enero y junio del 2023, se notificaron 476.220 despidos a la Seguridad Social. En comparación con el mismo periodo del 2022, suponen un 40% más. Con motivo de la I Jornada Formativa del Club de Jóvenes de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), la abogada Paula Puigmal Miranda advirtió que “los datos son una herramienta peligrosa a la hora de comparar situaciones que, por factores legales, han dejado de ser iguales”. En este sentido, recordó que en 2022 hubo un periodo transitorio para los contratos temporales vigentes y, una vez terminado, “la mayoría de los que se venían arrastrando desde 2021 fueron finalizando”.
Como consecuencia, esta especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social explicó que el hecho de que “el uso de los contratos temporales esté mucho más limitado desde la entrada en vigor de la reforma implica que todo lo que con anterioridad podía constituir una finalización del contrato temporal, en la actualidad puede quedar registrado en el sistema de la Seguridad Social como un despido”.
Alexandra Lozano Echle, también abogada laboralista, coincidió con esta opinión al valorar que 309.205 de los 476.220 despidos registrados entre enero y junio fueron de naturaleza disciplinaria. “Muchos de esos despidos disciplinarios computados han atendido a la necesidad de extinguir contratos que, bien eran para la prestación de servicios durante un periodo determinado y ya no han podido ser suscritos bajo la modalidad de contratos temporales, o respondían a necesidades de los ya desaparecidos contratos por obra y servicio”, matizó la abogada.
Ante esta situación, Alexandra Lozano Echle afirmó que de cara al 2024 “se esperan ajustes de plantilla a la actividad real de las empresas en base a causas objetivas económicas, productivas y organizativas”. En cuanto a la forma en la que se producirán estos ajustes, la laboralista señaló que irá desde la aplicación de medidas temporales de suspensión de contratos y reducciones de jornada a través de ERTE hasta despidos objetivos individuales o colectivos en el marco de ERE.
Para Paula Puigmal Miranda, 2024 “será un año en el que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tendrá un papel absolutamente protagonista y podrá arrojar luz sobre las numerosas controversias laborales surgidas este año”. Entre ellas, la posible obligación empresarial de ofrecer una audiencia previa antes de formalizar un despido disciplinario en base al Convenio 158 de la OIT. Una cuestión que también se debatió en la tarde del 19 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en el desarrollo de la I Jornada Formativa del Club de Jóvenes ASNALA.
