La Abogacía reclama que los juzgados de violencia sobre la mujer sean los competentes para instruir los delitos de violencia económica

Publicado el lunes, 30 septiembre 2024
Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española; Ángel Cervantes, decano del Colegio de la Abogacía de Toledo; Fernando Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía Española; María Francisca Domínguez, abogada del Colegio de la Abogacía de Cáceres.

Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española; Ángel Cervantes, decano del Colegio de la Abogacía de Toledo; Fernando Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía Española; María Francisca Domínguez, abogada del Colegio de la Abogacía de Cáceres.

El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado que los juzgados de violencia sobre la mujer sean los competentes para instruir todos los delitos de violencia económica. De esta forma, las víctimas de violencia de género tendrán garantizada la asistencia jurídica inmediata y los beneficios de la asistencia jurídica gratuita.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de las XII de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, que se han celebrado en Toledo, bajo el lema “Más de 20 años protegiendo a las víctimas”.

“Los juzgados de violencia sobre la mujer deben ser competentes para conocer de todos los delitos de impago de pensiones, en su sentido amplio, incluyendo las acciones que llevan al estrangulamiento económico de la mujer, como un medio de control y de limitación de su autonomía”, apuntan las conclusiones. Por eso, se ha pedido “el necesario reconocimiento de la violencia económica como un tipo específico de violencia de género”.

También se ha recomendado que la violencia vicaria “no debe circunscribirse al asesinato de familiares y allegados menores de la mujer víctima, sino que debe abarcar la ejercida sobre otras personas allegadas a la víctima con el objetivo de dañar o ejercer control sobre ella”. Por eso, la Abogacía ha reivindicado “una mayor proactividad por parte de la Fiscalía para la solicitud de medidas en interés superior del menor”.

Además, se ha señalado en esas conclusiones que es fundamental “nombrar adecuadamente la violencia sobre las mujeres, incluyendo todas las modalidades de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, así como delimitar conceptualmente cada una de ellas”.

El documento final destaca la importancia de que Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, “se cumpla en su integridad y manifiesta su rechazo a la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, advirtiendo que supone un alejamiento de las víctimas de la Justicia”.

En relación con las mujeres españolas migrantes víctimas de violencia de género, “resulta imprescindible mantener y prorrogar la colaboración de la Abogacía con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para seguir prestando asistencia y protección a las mujeres españolas migrantes víctimas de violencia de género, atendiendo a su situación de especial vulnerabilidad y su mayor riesgo de revictimización”, manifiesta el documento. Y pide para ello “la dotación de los medios materiales y económicos necesarios para la prestación del servicio de asistencia jurídica en las condiciones adecuadas”.

 

Sobre el autor
Redacción

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas. Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas

Comenta el articulo