Las medidas intervencionistas en el ámbito de la vivienda y las novedades de la normativa sobre atención a la clientela han provocado un incremento de un 17,5% de las consultas jurídicas por parte de los consumidores y los profesionales inmobiliarios durante el primer trimestre del año. En un contexto cada vez más regulado, en el que los profesionales se esfuerzan por incrementar la transparencia, la calidad y la información en la prestación de servicios de la actividad de intermediación inmobiliaria, ha motivado que crezca el interés por cumplir con todas las expectativas en las operaciones inmobiliarias.
La información tiene un papel cada vez más relevante en la atención al consumidor y detectar cláusulas que pueden tener riesgos para desarrollar con confianza las operaciones permitirá a profesionales y consumidores prevenir problemas en el futuro, cuestión que alcanza a sectores como el inmobiliario o el financiero. “Una de las principales señas de identidad de los agentes de la propiedad inmobiliaria es fomentar contratos equilibrados y justos, ya que el objetivo es conseguir el buen fin de la operación de compraventa o alquiler”, explicó José Merino Tapia, Asesor Jurídico de COAPIMADRID – AIM durante su intervención en la Jornada sobre “Cláusulas contractuales controvertidas en el ámbito inmobiliario”, organizada por el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid.
“La Ley de Servicios de Atención a la Clientela establece obligaciones legales para las inmobiliarias en la atención al cliente, ya que exige una calidad mínima de atención y canales de comunicación, la trazabilidad de las reclamaciones y sistemas de evaluación de calidad”, apuntó José Merino. Además, destacó que esta norma “aumenta las exigencias de la información en la oferta comercial de bienes y servicios, ya que debe incluirse el precio final completo, incluidos los impuestos y desglosando los descuentos, entre otros aspectos”.
Además, el marco normativo general que existe en el ámbito de la vivienda, que incluye normas como La Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda o el Texto Refundido de la Ley General para los Consumidores y Usuarios, obliga a prestar una mayor atención en cómo atender las cuestiones jurídicas de los contratos.
En este contexto, explicó con apoyo en la experiencia práctica, dónde pueden encontrarse situaciones contractuales de riesgo y cómo abordarlas para una prevención adecuada. La atención individualizada en las notas de encargo, el derecho al desistimiento, la oferta comercial del servicio o la transparencia en la información hacia el consumidor son algunas de ellas.
COAPIMADRID – AIM desempeña, como corporación de Derecho Público, una atención específica para los consumidores que tengan dudas relacionadas con el ámbito inmobiliario a través del Servicio de Orientación Inmobiliaria (SOI), en el que pueden consultar de forma gratuita cuestiones jurídicas que afectan a los contratos inmobiliarios.
