José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)
Para rematar el informe político ideológico, nos queda por ver lo que sucedió tras la visita en Valencia al ministro Irujo de una delegación de la CNT. Esta denunció y atacó gravemente a Feliciano López -presidente de la Comisión Ejecutiva del Colegio desde la incautación en 1936-, por las razones que ya hemos expuesto en la entrega anterior, arrancando al responsable político la determinación de que se daría solución al problema.
Y es así como llegamos al Decreto de 21 de octubre de 1937, publicado en la Gaceta del día siguiente. En él se establece cronológicamente lo sucedido en el Colegio desde el principio de la guerra, aun cuando se edulcoran, de alguna manera, las razones que llevan a tomar la decisión de crear una nueva Junta de gobierno que reúna unos mayores visos de legalidad.
Los cinco artículos del Decreto son precedidos de una exposición de motivos que, de cara a la historia no escrita del Colegio, tienen su trascendencia. En primer lugar, se afirma que la Junta de Gobierno en el momento del alzamiento militar, había hecho cesación y abandono de sus funciones, lo que llevó a unos abogados a hacerse cargo del Colegio, incautándolo y constituyéndose ellos mismos en Junta de Gobierno. Esta Junta fue reconocida como legítima por el Gobierno de la República y fue considerada como “designada y en funciones”, no haciéndose mención, además, a que la incautación fue practicada a punta de fusil máuser, ya que los abogados incautadores iban debidamente escoltados por milicianos armados.
Sigue el Decreto diciendo que “la relevante personalidad y acusada competencia profesional de los miembros de dicha Junta dio lugar, como consecuencia obligada, a que poco a poco fueran siendo utilizados los servicios de la casi totalidad de sus componentes en cargos judiciales y fiscales de la máxima responsabilidad”. Es entonces cuando se crea la Comisión ejecutiva que, aunque se reconoce que no es un “organismo de origen estatutario” y “otras razones que no son del momento” -estas razones son las que motivaron el viaje a Valencia para denunciar la actuación de Feliciano López-, el Ministro de Justicia Irujo “se sintió impulsado a devolver al Colegio su plena soberanía… pero una ponderada meditación sobre informes de toda solvencia ha tenido por consecuencia llegar al convencimiento que la situación actual… no es la más propicia para promover una elección…”.
De manera que se declara disuelta la Junta incautadora del decreto del 36 y también la Comisión ejecutiva extraordinaria, y se nombra con carácter provisional y hasta que se puedan celebrar unas elecciones reglamentarias por sufragio, una nueva Junta de gobierno.
Se indica también que, cuando se haga una elección reglamentaria, es decir por sufragio, tanto la Junta incautadora, como la Comisión ejecutiva extraordinaria y la Junta ahora designada, darán “… cuentas de su gestión desde su constitución hasta el momento de su cese, respondiendo cada una de ellas de la gestión correspondiente al lapso de tiempo que haya permanecido en ejercicio”. Esto no tuvo a la larga la menor trascendencia, ya que el Gobierno de la República perdió la guerra y, por tanto, nadie dio cuenta absolutamente de nada. Sin embargo, sobre esa afirmación lo que sobrevolaba en realidad era la acusación del expolio al que había sido sometido el Colegio -en la forma que fuese-, de manera que la Junta ahora nombrada se veía obligada a hacerse cargo de un “negocio” en la más absoluta de las ruinas.
Se designa una Junta en la forma habitual y estatutaria con decano, secretario, tesorero y nueve diputados cuyos nombres citaré a continuación al hacer referencia al informe “político ideológico”.
Hablamos, por tanto, de doce compañeros que se ven en la tesitura de hacerse cargo de un Colegio arruinado y desprestigiado entre los profesionales por la actitud tomada tanto por la Junta incautadora como por la famosa Comisión. Un Colegio con más de un centenar de abogados asesinados, decenas de refugiados en embajadas, muchos detenidos en cárceles y “chekas” y centenares escondidos en sus casas o donde hubieran podido hacerlo para tener cobijo. En definitiva, y como se dice coloquialmente, el hecho de ser nombrado miembro de la Junta no era para arrendarle las ganancias al beneficiario de tal honor.
El decano nombrado fue un ilustre abogado, don José Puig D’Asprer, fácilmente identificable como catalán de origen y del que el informe dice, de forma escueta, lo siguiente: “Separatista; Presidente de la Liga de Derechos del Hombre, por lo que se le supone masón; actuación de izquierda, pero sin llegar a la denuncia”. ¿Por qué es tan parco a la hora de hablar de él? Pues por una razón muy sencilla: en noviembre de 1938 había fallecido y, por lo tanto, no era necesario cargar las tintas sobre su persona. De haber sobrevivido al final de la guerra, con seguridad habría sido tomado preso, juzgado y condenado, pero no parece probable que a la pena máxima; más bien, como otros de sus compañeros de Junta, a una pena de cárcel más o menos larga, retomando luego la libertad condicional y un buen puñado de años de inhabilitación en el ejercicio de la profesión. De lo poco que se de él, me ha parecido un buen hombre.
José Puig D’Asprer y Morell
Estos doce abogados a cargo del Colegio se ven en la tesitura de luchar contra viento y marea en varios frentes: defensa de sus compañeros desde el decano, que se entrevista con el temido S.I.M. (Servicio de Información Militar) interesándose por colegiales presos, amenazas de dimisión de miembros de la Junta por considerarse marionetas del ministerio, continua pugna con el grupo de abogados del Frente Popular que aún ocupaban despachos del Colegio; en fin, una serie de acontecimientos que merecerá la pena ampliar en otro artículo y que terminan las últimas semanas de guerra con una declaración de amnistía de todos los abogados sancionados y la adhesión de la Junta al golpe de estado del coronel Casado
Es curioso que el tratamiento que se da en el informe a los componentes de la Junta es radicalmente diferente a lo que se dice de los demás informados pertenecientes a la Junta incautadora o a la Comisión y de los que ya hemos hablado.
Respecto al secretario de la Junta, Nicolás Pérez Serrano, es, con mucha diferencia, la persona de mayor peso de todos los miembros y, por esa razón, su actuación como secretario hace que la Junta siga muy a menudo sus puntos de vista. Pérez Serrano era un respetadísimo catedrático de Derecho Político que creó escuela, letrado del Congreso y académico de la de Jurisprudencia y Legislación y la de Ciencias Morales y Políticas. Aunque fue depurado favorablemente después de la guerra, anduvo, por así decirlo, “castigado” unos años sin poder ejercer su cátedra. Pese a todo, hasta su fallecimiento en 1961 se le puede considerar hombre del Régimen. En el informe de 1940 se dice de él en cinco renglones, lo siguiente: “De antecedentes izquierdistas, si bien su actuación fue de franca adhesión al Glorioso Alzamiento Nacional. Dándose cuenta de su anterior error, colaboró intensamente en favor de la Causa Nacionalista, favoreciendo constantemente a los compañeros, estando conceptuado como elemento valiosísimo para la Nueva España a la que se ha incorporado sin ambición alguna y con toda lealtad y cariño”.
Sobre los diez restantes componentes, podemos informar rápidamente agrupándolos en cuatro cajones.
El primero estaría ocupado por el Diputado 1º Lorenzo Bravo Morayta, quien sustituyó en funciones a Puig tras su fallecimiento, y del que muy brevemente se dice: “Toda su vida de ideas republicanas”. Tras esas seis palabras se esconde que fue uno de los expulsados el 29 de agosto de 1939, compartiendo ese honor con figuras como Azaña, Jimenez de Asúa y otros muchos más significados. Paradójicamente, era un ferviente católico y luchó tozudamente contra esa expulsión hasta su fallecimiento en 1956.
En un segundo cajón podemos incluir a cuatro de los Diputados: García Rodrigo, que ni siquiera tomó posesión, Elices, García Mateos y Vela, reputados como abogados “neutros” y que fueron depurados favorablemente terminada la contienda;
En el tercer cajón cabe mencionar a Díaz Sama, que era pasante de Jiménez de Asúa y Lorca Jamar, secretario de la Comisión incautadora de los bienes de los Jesuitas y masón. A favor de ellos se dice que “rectificaron su conducta haciéndose nacionalistas y ayudando a estos”.
En el último cajón estarían los tres más significados con el Gobierno republicano: Espinosa Rivas y Mendoza Martín, de quienes se dice que están en prisión en el momento de elaborar el informe, y Álvarez Osuna, al que se reputa como abogado de la CNT.
Sinceramente a veces en estos temas relacionados con la guerra civil y el colegio tengo la sensación de que se me escapan datos. Por la actuación en su día a día, más pareciera que la Junta estaba formada por unos quintacolumnistas emboscados que por abogados henchidos de fervor revolucionario, si hay algo más, la verdad, no he conseguido descubrirlo.
Y con esto damos por terminada esta pequeña serie sobre el curioso e inédito informe político-ideológico de los directivos del Colegio en el periodo 1936-1939. Me gustaría poder escribir sobre Feliciano López -si tengo el humor suficiente-, pues me parece un personaje siniestro, y sobre Puig D’Asprer, que puede muy bien servir de contrapunto.
No sé si he logrado dar el tono de interés y amenidad suficiente, pero no podía desperdiciar la oportunidad de tratar sobre una cuestión inédita que puede dar una idea de por dónde iban los tiros -nunca mejor dicho- en un periodo tan convulso de nuestra reciente historia.
Acompaña este artículo una fotografía del Decano don José Puig D’Asprer y Morell.
