El grupo cuenta con 26 millones de euros comprometidos, ampliables hasta 50 millones, y aspira a alcanzar los 1.000 profesionales en cinco años. Su modelo combina integración de firmas, servicios compartidos y tecnología, aunque no presenta todavía resultados cuantificados de eficiencia.
Jorge Suárez de Lezo y Juan Palomares, cofundadores de Asevia
Asevia ha anunciado que reúne a más de 150 profesionales en siete despachos de cinco comunidades autónomas. El grupo, fundado en Madrid en 2025 por Jorge Suárez de Lezo y Juan Palomares, busca crecer mediante la incorporación de firmas de asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico y financiero, apoyándose en una estructura tecnológica y operativa común.
Entre los despachos integrados figuran The Startup CFO, Roca & Asociados, Qualitax y Torquemada Asesores. Sus socios fundadores continúan al frente de las firmas, mantienen participación en sus negocios y autonomía de gestión y pueden incorporarse al accionariado del grupo.
El proyecto cuenta con Novena Capital Partners como inversor de referencia. Según la compañía, los inversores han comprometido 26 millones de euros, ampliables hasta 50 millones, que se complementarán con deuda. El objetivo es alcanzar los 1.000 profesionales en cinco años.
Concentración empresarial con una tesis tecnológica
La propuesta de Asevia combina dos procesos: la integración de despachos y la reorganización del trabajo mediante tecnología. Su planteamiento consiste en compartir especialistas y recursos para ampliar el servicio al cliente y automatizar parte de las tareas administrativas que absorben la jornada de los asesores.
«A medida que estas tareas se automaticen y se presten de forma cada vez más similar, las asesorías tendrán menos margen para diferenciarse y aumentará la presión sobre sus precios», sostiene Jorge Suárez de Lezo, CEO y cofundador.
La hipótesis empresarial es que esa reducción del trabajo manual permita dedicar más tiempo a interpretar información, anticipar riesgos y acompañar decisiones. Sin embargo, automatizar tareas y generar asesoramiento de mayor valor son resultados distintos: el segundo exige especialización, conocimiento del negocio y una organización capaz de convertir los datos en recomendaciones útiles.
El crecimiento del grupo puede facilitar el acceso a esas capacidades, pero su eficacia dependerá de cómo se coordinen los equipos y se preserve la interlocución con cada cliente.
La automatización anunciada todavía debe medirse
Juan Palomares, COO y cofundador, estima que dos tercios del trabajo de gestión al que se refiere la compañía podrían automatizarse mediante tecnología e inteligencia artificial supervisadas por el asesor.
La cifra expresa una tesis del proyecto. La información difundida no incorpora pruebas comparativas, una metodología de medición ni resultados que permitan determinar cuánto tiempo se ahorra efectivamente y en qué procesos.
Desde una perspectiva legaltech, la evaluación debe realizarse por tareas concretas. Clasificar documentación, extraer datos o distribuir comunicaciones requiere controles diferentes de los necesarios para interpretar una cuestión tributaria o preparar una recomendación jurídica. También importa contabilizar el tiempo de revisión y corrección: una ejecución más rápida solo mejora la productividad si el resultado mantiene la calidad exigible.
Asevia señala que combina herramientas del mercado con el desarrollo de un marco tecnológico propio, pero no identifica las soluciones utilizadas ni detalla su arquitectura, sus integraciones o su grado de despliegue.
Autonomía local y controles comunes
El modelo plantea otro desafío: mantener la autonomía de los despachos y, al mismo tiempo, establecer criterios compartidos de calidad, seguridad y gestión.
Para los servicios jurídicos, esa coordinación debe concretarse en cuestiones como quién dirige cada asunto, cómo se revisa el trabajo, qué profesionales acceden a la documentación y cómo se detectan posibles conflictos de intereses. La información del lanzamiento no desarrolla estos mecanismos.
La incorporación de IA añade decisiones sobre el tratamiento de los documentos, la conservación de datos, los proveedores tecnológicos y la trazabilidad de las respuestas. La supervisión profesional tendrá que traducirse en procedimientos y responsabilidades definidos para cada uso.
El interés del proyecto reside en su intento de financiar conjuntamente especialización, tecnología y relevo profesional. Su evolución permitirá comprobar si esa estructura consigue mejorar el servicio a las pymes y la rentabilidad de los despachos sin trasladar a los clientes la complejidad de la integración.
