Leonardo Cárdenas, socio fundador de AGM Abogados, participa en la iniciativa desde AEDAF. Las once medidas incluyen eliminar la edad mínima de 65 años en determinadas donaciones y permitir una transición directiva de hasta cuatro años.
Leonardo Cárdenas
Seis organizaciones profesionales y empresariales han presentado una propuesta conjunta de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Cataluña para facilitar el relevo generacional y favorecer la continuidad de las empresas familiares. El documento reúne once modificaciones orientadas a flexibilizar las transmisiones, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la competitividad de las pymes.
La iniciativa está impulsada por la delegación catalana de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares, el Colegio de Economistas de Cataluña, el Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña y Pimec.
En la presentación, celebrada el 10 de noviembre en el Colegio de Periodistas de Cataluña, ha participado Leonardo Cárdenas Armesto, socio fundador de AGM Abogados y responsable de la sección de Empresa Familiar de AEDAF en Cataluña.
Una transmisión progresiva entre generaciones
Entre las medidas propuestas figura eliminar el requisito de edad mínima de 65 años del donante para acceder a los beneficios fiscales en determinadas transmisiones empresariales. Las entidades también plantean que pueda continuar ejerciendo funciones directivas durante un máximo de cuatro años, para facilitar una transición gradual.
El documento propone ampliar hasta el cuarto grado de parentesco los beneficiarios de las reducciones fiscales y flexibilizar la transmisión de empresas a trabajadores vinculados a ellas.
«El relevo generacional de una empresa familiar no se produce de un día para otro. Es un proceso que requiere planificación y, en muchos casos, una transición progresiva entre generaciones», ha señalado Cárdenas.
A su juicio, la fiscalidad debe acompañar ese proceso y evitar obstáculos a la continuidad de empresas viables, al mantenimiento del empleo y a su arraigo territorial.
Reducciones fiscales y necesidades de tesorería
La propuesta incluye equiparar el tratamiento fiscal de las transmisiones de negocios de empresarios individuales con el de las sociedades mercantiles.
También plantea reconocer las necesidades de tesorería de las empresas y hacer compatible la reducción del 95 % aplicable a la empresa familiar con la bonificación general en las sucesiones de padres a hijos.
Las organizaciones promotoras consideran que estos cambios permitirían planificar las transmisiones con mayor seguridad y reducir las diferencias de tratamiento y la litigiosidad. Las medidas constituyen una propuesta de reforma, sin que su presentación suponga una modificación de la normativa vigente.
El 55 % de las empresas encuestadas carece de un plan de sucesión
La iniciativa se apoya en una encuesta del Observatorio de la Pime de Cataluña realizada a 250 empresas familiares. Según los resultados recogidos en la nota, el 73 % considera que la falta de relevo generacional puede poner en riesgo la continuidad del negocio y el 82 % afirma que la fiscalidad influye en la decisión de transmitirlo a la familia.
El 47 % prevé afrontar el relevo en los próximos cinco años. Sin embargo, el 55 % todavía no dispone de un plan de sucesión y la mitad no ha identificado a la persona que asumirá la dirección.
Ante la ausencia de sucesores, el 66 % señala la venta como la alternativa más factible, mientras que el 15 % apunta a la liquidación y el cierre.
Además, el 72 % considera que la donación sería más viable si el propietario pudiera mantener funciones directivas retribuidas durante el proceso de transmisión.
Planificación jurídica y continuidad empresarial
Desde AGM Abogados destacan la necesidad de abordar la sucesión de manera preventiva, combinando la planificación fiscal, patrimonial, mercantil y sucesoria.
La propuesta de las seis entidades busca adaptar las exigencias fiscales a procesos de relevo que suelen desarrollarse de forma gradual. Sus promotores defienden que facilitar esa transición contribuiría a preservar empresas, capacidad productiva y puestos de trabajo en Cataluña.
