Aequitas y Derecho y Discapacidad unen fuerzas para impulsar la aplicación de la normativa sobre discapacidad

Rafael de Lorenzo García, secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad; Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad; y Almudena Castro-Girona Martínez, directora de la Fundación Aequitas

Rafael de Lorenzo García, secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad; Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad; y Almudena Castro-Girona Martínez, directora de la Fundación Aequitas

Las fundaciones Aequitas y Derecho y Discapacidad han suscrito un acuerdo de colaboración para reforzar la difusión, estudio y aplicación de la normativa relacionada con los derechos de las personas con discapacidad, con especial atención a la Ley 8/2021, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el nuevo artículo 49 de la Constitución Española.

El convenio ha sido firmado por Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad. La alianza pretende además extender el trabajo de ambas organizaciones más allá del ámbito español, con iniciativas dirigidas a la Unión Europea y al espacio jurídico iberoamericano.

El acuerdo llega en un momento especialmente significativo para la evolución del Derecho de la Discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas cumple veinte años desde su aprobación en 2006, mientras que la Ley 8/2021 ha supuesto uno de los cambios de mayor calado de los últimos años en el Derecho Civil español al modificar el modelo tradicional de incapacitación y situar en el centro el sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.

A este proceso se sumó en 2024 la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. El nuevo texto constitucional reconoce expresamente a las personas con discapacidad como titulares de derechos y deberes en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y encomienda a los poderes públicos el impulso de políticas que garanticen la autonomía personal, la inclusión y la accesibilidad universal. El seguimiento de la aplicación práctica de esta reforma será precisamente una de las líneas de trabajo de las dos fundaciones.

La colaboración no se limitará a la divulgación de la legislación. Aequitas y Derecho y Discapacidad prevén elaborar publicaciones conjuntas, compartir estudios y trabajos, colaborar en proyectos de investigación, informes técnicos y análisis jurídicos y organizar congresos, jornadas, seminarios, cursos y encuentros científicos. Estas actividades tendrán también una dimensión europea e iberoamericana.

El Derecho de la Discapacidad llega a la universidad

Uno de los aspectos más relevantes del convenio es su apuesta por consolidar el Derecho de la Discapacidad como ámbito propio de conocimiento jurídico. Las dos instituciones quieren fomentar su presencia en programas universitarios, ciclos formativos, foros de debate, conferencias y proyectos de especialización.

El objetivo alcanza también a los estudios de posgrado y los títulos propios y contempla promover el reconocimiento académico formal del Derecho de la Discapacidad como asignatura específica dentro de los planes de estudio universitarios.

La Fundación Derecho y Discapacidad nació en 2010 impulsada por activistas, agentes y operadores jurídicos con el objetivo de contribuir a la inclusión y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad mediante la investigación, la docencia, la formulación de propuestas y el apoyo jurídico.

Aequitas, por su parte, fue creada en 1999 por el Consejo General del Notariado y desarrolla desde hace más de 25 años su actividad en España e Iberoamérica. Entre sus principales líneas de actuación figura el impulso de reformas normativas destinadas a mejorar la protección jurídica de las personas con discapacidad y de otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

 

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