Luis Benavide; Pilar Rodríguez; Dulce Calvo; Paz García; Rosario Jiménez; Teresa López; Maria Luz Sánchez-Jauregui
La protección de los derechos de las personas mayores no puede limitarse a una cuestión asistencial. También exige garantizar que puedan tomar decisiones sobre su patrimonio y su futuro con autonomía y seguridad jurídica. Así lo ha defendido Rosario Jiménez, decana-presidenta del Colegio de Registradores de España, durante la presentación de los Anuarios Jubilare, una iniciativa que recoge cuatro años de reflexión multidisciplinar sobre los desafíos asociados al envejecimiento.
“Hablar de envejecimiento es hablar de toda la sociedad”, señaló Jiménez durante la apertura del encuentro, en el que reclamó abordar esta realidad desde una perspectiva transversal, atendiendo a sus implicaciones sociales, jurídicas, económicas y sanitarias. Una respuesta que, advirtió, debe construirse contando con las propias personas mayores: “no podemos construir una sociedad para las personas mayores sin contar con las propias personas mayores”.
La decana de los registradores puso especialmente el acento en un terreno en el que la actividad jurídica adquiere una importancia creciente: las decisiones patrimoniales que se adoptan a medida que avanza la edad. La vivienda constituye probablemente el ejemplo más evidente. Puede representar el patrimonio acumulado durante toda una vida, pero también convertirse en un recurso económico con el que complementar una pensión o afrontar nuevas necesidades.
En este contexto, Jiménez defendió el papel de los registradores en la protección de los derechos y en la seguridad jurídica de las decisiones adoptadas por las personas mayores. “Una institución jurídica no puede permanecer ajena a las grandes transformaciones de la sociedad a la que está llamada a servir”, afirmó.
La reflexión formó parte de la jornada organizada por el Colegio de Registradores con motivo de la presentación de los Anuarios Jubilare, correspondientes a 2022-2023, 2024 y 2025. Las publicaciones reúnen el trabajo desarrollado por la Comisión Científica de Jubilare durante cerca de cuatro años, periodo en el que se han celebrado 27 webinarios con alrededor de un centenar de ponentes procedentes de diferentes disciplinas.
El encuentro trasladó precisamente esa mirada multidisciplinar al debate. Una primera mesa abordó los aspectos éticos, asistenciales y sanitarios del envejecimiento, con la participación de Ángel Puyol, catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona; María José Segarra, fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado; y Francisco Tarazona, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Una segunda mesa amplió la discusión hacia los retos demográficos, la respuesta del Derecho y de la abogacía y la lucha contra el edadismo. En ella participaron Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid; Blanca M.ª Narváez Vega, directora general de la Fundación Mutualidad de la Abogacía; e Isabel María Martínez, presidenta de la Fundación HelpAge.
El planteamiento de Jubilare va así más allá de analizar las consecuencias del envejecimiento demográfico para situar en primer plano una cuestión jurídica de creciente importancia: cómo preservar la capacidad de decisión, la autonomía y los derechos de las personas durante todas las etapas de la vida.
Jiménez resumió esa filosofía al señalar que Jubilare no representa únicamente el trabajo realizado hasta ahora, sino también el propósito de seguir construyendo “una sociedad en la que ninguna persona sea definida únicamente por su edad”.
La jornada fue clausurada por Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela y presidenta de la Comisión Científica Jubilare.
