El III Encuentro de Abogacía de Empresa ICAM-ICAB concluye reivindicando una mayor presencia de los profesionales jurídicos en los órganos de dirección. La inteligencia artificial, el conocimiento del negocio y la capacidad de anticipar riesgos están transformando las funciones de las asesorías jurídicas internas.
La abogacía de empresa está consolidando su papel como parte de la dirección estratégica de las compañías, superando progresivamente una función tradicionalmente centrada en el asesoramiento legal y la prevención de riesgos. Así se ha puesto de manifiesto durante la clausura del III Encuentro de Abogacía de Empresa ICAM-ICAB, celebrado los días 22 y 23 de octubre en Madrid, que ha reunido a cerca de un centenar de profesionales para analizar el futuro de las asesorías jurídicas internas.
Uno de los datos más significativos del encuentro procede del primer estudio sobre abogacía de empresa impulsado por la revista Otrosí del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Según esta investigación, elaborada a partir de 893 entrevistas, el 42 % de los abogados de empresa participa activamente en la estrategia empresarial, el 26 % forma parte del comité de dirección y el 23 % ejerce como secretario del consejo de administración.
Los resultados reflejan una transformación de la función jurídica dentro de las organizaciones, en las que los abogados asumen responsabilidades que van más allá de la interpretación normativa y la resolución de conflictos.
Del asesoramiento legal a la participación en el negocio
Durante la clausura, Roberta Poza, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y presidenta del Consejo editor de Otrosí, destacó que el perfil del abogado de empresa está evolucionando hacia una mayor integración en la gestión corporativa.
El estudio revela también que siete de cada diez abogados de empresa proceden de despachos profesionales, una circunstancia que pone de manifiesto la importancia de la experiencia previa en el ejercicio de la abogacía para acceder a las asesorías jurídicas internas.
Las responsabilidades de estos profesionales se han ampliado a materias como el cumplimiento normativo, la protección de datos, la gestión de riesgos, la ciberseguridad y la propia estrategia empresarial.
La investigación, cuyo trabajo de campo se realizó en 2025, identificaba ya la ciberseguridad como una de las principales preocupaciones de los abogados internos.
Esta evolución plantea nuevas exigencias profesionales. El conocimiento del Derecho sigue siendo imprescindible, pero debe complementarse con una comprensión profunda del funcionamiento de la compañía, sus objetivos comerciales y los riesgos asociados a sus decisiones.
Cristina Vallejo: «La abogacía de empresa es una ventaja competitiva»
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, defendió que el reconocimiento del papel estratégico de los abogados internos debe traducirse en una participación efectiva en los órganos donde se adoptan las principales decisiones empresariales.
«La abogacía de empresa sois estrategia y os lo tenéis que creer», afirmó durante su intervención.
Vallejo reivindicó la presencia de estos profesionales en los comités de dirección y subrayó que su aportación no debe medirse únicamente por la capacidad de evitar problemas legales.
«La abogacía de empresa es una ventaja competitiva para su organización», señaló.
Desde esta perspectiva, los departamentos jurídicos pueden contribuir directamente a la creación de valor, la planificación de operaciones, la identificación de oportunidades y la adopción de decisiones que permitan a las empresas desarrollarse en entornos regulatorios complejos.
La decana del ICAB insistió también en la necesidad de mantener la formación continua y el bienestar profesional, así como de utilizar la inteligencia artificial con criterios de responsabilidad y ética.
Valentín Pich reclama abogados más pluridisciplinares
El presidente de la Comisión Legal de CEOE, Valentín Pich Rosell, coincidió en la necesidad de superar una concepción de la asesoría jurídica limitada a la resolución de cuestiones estrictamente legales.
A su juicio, las empresas necesitan profesionales capaces de comprender el conjunto de su actividad y de integrar los aspectos jurídicos en las decisiones económicas y organizativas.
Pich defendió que el abogado de empresa debe tener «un carácter pluridisciplinar» y conocer tanto los objetivos de la dirección como los intereses de la propiedad.
«Esto ya no puede ser aquel papel pasivo», resumió.
El representante de CEOE señaló que la creciente complejidad normativa obliga a los departamentos jurídicos a identificar qué cambios regulatorios afectan realmente a la actividad empresarial y cuáles requieren una respuesta prioritaria.
La capacidad de interpretar ese entorno y trasladar sus consecuencias a los responsables de la compañía se convierte así en una de las principales aportaciones del abogado interno.
La inteligencia artificial transforma las asesorías jurídicas
La tecnología ha ocupado un lugar destacado en las ocho sesiones del encuentro, aunque los participantes coincidieron en que la transformación de la abogacía de empresa no puede explicarse únicamente por la incorporación de nuevas herramientas.
Ana Buitrago, diputada del ICAM, destacó que los debates habían abordado también la sostenibilidad, el desarrollo profesional, la geopolítica y la evolución de las relaciones entre los departamentos jurídicos y los despachos externos.
En relación con la inteligencia artificial, defendió una aproximación que permita aprovechar sus posibilidades sin perder el criterio profesional.
Buitrago calificó la IA como «una oportunidad de oro para innovar, para acelerar» y señaló que en determinadas organizaciones los equipos jurídicos se encuentran entre los más avanzados en la incorporación de estas tecnologías.
Sin embargo, la utilización de herramientas de inteligencia artificial exige nuevas capacidades de supervisión, evaluación de resultados y gestión de riesgos, especialmente cuando se aplican a decisiones con consecuencias jurídicas o empresariales.
Para Cristina Vallejo, esta transformación debe abordarse «con criterio, con ética y con responsabilidad».
La seguridad jurídica como condición para la actividad empresarial
La clausura contó también con la intervención de Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, quien defendió la importancia de contar con un marco regulatorio estable y previsible para facilitar la planificación empresarial.
Albert se refirió al proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 7 de octubre y remitido a la Asamblea regional para su tramitación.
La iniciativa pretende reducir determinadas cargas administrativas y mejorar la previsibilidad normativa. Entre sus propuestas figura la compensación de nuevas obligaciones administrativas mediante la eliminación de otras de coste equivalente.
La consejera animó a los departamentos jurídicos a participar en la identificación de trámites y disposiciones que puedan dificultar innecesariamente la actividad económica.
Su intervención puso de relieve otra dimensión de la abogacía de empresa: su capacidad para evaluar el impacto de la regulación sobre las inversiones, las operaciones corporativas y las decisiones de crecimiento.
Barcelona acogerá la cuarta edición en 2027
Organizado por la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM y la Comissió de l’Advocacia d’Empresa del ICAB, el encuentro ha dado continuidad a una iniciativa que comenzó en Madrid en 2024 y celebró su segunda edición en Barcelona en 2025.
A lo largo de estas tres convocatorias, el debate ha evolucionado desde el reconocimiento del abogado interno como colaborador estratégico del negocio hasta el análisis de las condiciones necesarias para que pueda ejercer una influencia real en las decisiones corporativas.
La próxima edición tendrá lugar en Barcelona en 2027.
Las conclusiones de este tercer encuentro apuntan a una transformación de fondo en el ejercicio profesional: el abogado de empresa ya no solo debe identificar riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa, sino también contribuir a la estrategia, anticipar problemas y participar en la creación de valor para las organizaciones.
