Seguramente
convendrán
conmigo
en
que
la
respuesta
es
"NO"
y
también
convendrán
conmigo
en
que,
para
que
se
produzca
tal
disparidad
de
datos,
necesariamente
Francia
y
España,
por
ejemplo,
han
de
estar
contando
los
delitos
o
los
procedimientos
penales
de
forma
distinta.
Esto
en
absoluto
significa
que
nuestros
jueces
no
soporten
una
carga
inaceptable
de
asuntos
—con
3.000
jueces
de
trinchera
para
47
millones
de
habitantes
no
puede
ser
de
otro
modo—
sólo
significa
que
las
estadísticas
no
son
congruentes
y se
culpa
a
los
administrados
de
lo
que
es
responsabilidad
del
propio
estado.
Algo
parecido
sucede
en
la
jurisdicción
contencioso-administrativa
donde
se
culpa
directamente
al
ciudadano
de
la
litigiosidad
existente
sin
caer
en
la
cuenta
(ocultando
más
bien)
el
hecho
de
que
una
de
las
partes
del
proceso
es
la
propia
administración.
Una
administración
que,
ya
sea
a
través
de
resoluciones
preimpresas
ya
sea
a
través
del
mero
silencio,
ha
convertido
la
vía
administrativa
previa
a la
judicial
en
una
especie
de
rito
sin
sentido
contribuyendo
así
al
aumento
de
la
litigiosidad
en
esta
jurisdicción.
En
el
ámbito
civil
ocurre
exactamente
igual,
el
gobierno
acusa
a
los
españoles
de
padecer
una
especie
de
litigopatía
cuando
la
realidad
es
que
la
tasa
de
litigios
por
cada
mil
habitantes
se
ha
reducido
desde
el
año
2010.
Las
oscilaciones
de
las
tasas
de
litigosidad
no
parecen
deberse
en
absoluto
a
ningún
tipo
de
litigopatía
ciudadana
sino
que
responden
más
bien
a la
situación
económica
y a
la
más
que
deficiente
actividad
legislativa
de
nuestros
gobernantes.
Este
año
2013,
a
pesar
de
las
tasas,
veremos
cómo
aumentan
las
reclamaciones
judiciales
en
materia
de
hipotecas
o de
preferentes
y
ello
no
porque
los
españoles
sean
litigantes
sino
porque
el
gobierno,
en
lugar
de
legislar
para
dar
solución
a
estos
problemas,
ha
preferido
dejar
su
resolución
en
manos
de
los
tribunales.
Si
las
tasas
disuaden
a
los
consumidores
ya
sabremos
que
los
bancos
y
entidades
financieras
habrán
recibido
un
enorme
favor
del
gobierno
quien,
además,
recaudará
pingües
cantidades
gracias
a
las
injusticias
cometidas.
Cuando
la
justicia
se
vende,
sin
duda
la
injusticia
resulta
un
buen
negocio.
Las
estadísticas,
si
se
quiere
gobernar
con
el
interés
puesto
en
los
administrados,
deben
contemplar
además
datos
que
suelen
pasar
desapercibidos;
por
ejemplo
¿saben
ustedes
cual
es
el
partido
judicial
español
con
una
mayor
tasa
de
litigiosidad?
Si
no
lo
saben
yo
se
lo
digo:
San
Bartolomé
de
Tirajana,
en
la
isla
de
Gran
Canaria.
No
es
que
los
Tirajaneros
sean
unos
ciudadanos
problemáticos
y
aficionados
a
litigar
—como
podría
pensar
un
ministro
interesado—
es
que,
gracias
entre
otras
a la
playa
de
Maspalomas,
San
Bartolomé
de
Tirajana
ostenta
la
mayor
tasa
de
ocupación
de
apartamentos
de
España.
Este
fenómeno
de
mayor
litigiosidad
se
reproduce
en
todos
los
municipios
turísticos.
Con
57
millones
de
turistas
calcular
tasas
de
litigiosidad
mirando
los
censos
es,
como
poco,
ingenuo.
Los
datos
oficiales
son,
por
tanto,
incompletos
e
inexactos
y
por
eso,
cuando
se
usan
las
estadísticas
judiciales
para
lanzar
una
agresión
a
los
derechos
fundamentales
de
los
españoles
tan
grave
como
la
ley
de
tasas,
no
es
extraño
que
la
abogacía
trate
de
ajustar
las
cuentas.