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José Muelas Cerezuela - COMPAREZCO Y DIGO - BLOGS de LP emprende

 

"COMPAREZCO Y DIGO"

José Muelas Cerezuela - @josemuelas

publicado 15 de JULIO de 2013

Estadísticas judiciales y tasas

Recientemente se ha publicado un estudio contratado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para determinar si las cifras de litigiosidad que ofrecía el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) eran correctas o no. Tal estudio no es baladí, pues son precisamente esas cifras del CGPJ las que, convenientemente manejadas, han permitido al ministro de justicia elaborar una coartada con que cohonestar su inicua ley de tasas judiciales.

La coartada del ministro, recordémoslo, fue afirmar que los españoles eran ciudadanos que abusaban de la justicia, que teníamos más del triple de asuntos que un país como Francia y que la culpa, cuando no era de los propios ciudadanos, era de los abogados que fomentábamos tanta litigiosidad.

La publicación del informe, por otro lado, ha levantado de inmediato una enorme polvareda entre muchos jueces que han visto en él una puesta en cuestión de la inaceptable carga de trabajo que sufren, cuando, en mi humilde opinión, no es así en modo alguno.

No voy a detenerme en analizar pormenorizadamente los datos ofrecidos por el CGPJ y el CGAE, sólo permítanme efectuar una pregunta: Si la tasa de criminalidad de España es
de las más bajas de Europa ¿es lógico que España tramite más procedimientos penales que otros países?

Seguramente convendrán conmigo en que la respuesta es "NO" y también convendrán conmigo en que, para que se produzca tal disparidad de datos, necesariamente Francia y España, por ejemplo, han de estar contando los delitos o los procedimientos penales de forma distinta. Esto en absoluto significa que nuestros jueces no soporten una carga inaceptable de asuntos —con 3.000 jueces de trinchera para 47 millones de habitantes no puede ser de otro modo— sólo significa que las estadísticas no son congruentes y se culpa a los administrados de lo que es responsabilidad del propio estado.

Algo parecido sucede en la jurisdicción contencioso-administrativa donde se culpa directamente al ciudadano de la litigiosidad existente sin caer en la cuenta (ocultando más bien) el hecho de que una de las partes del proceso es la propia administración. Una administración que, ya sea a través de resoluciones preimpresas ya sea a través del mero silencio, ha convertido la vía administrativa previa a la judicial en una especie de rito sin sentido contribuyendo así al aumento de la litigiosidad en esta jurisdicción.

En el ámbito civil ocurre exactamente igual, el gobierno acusa a los españoles de padecer una especie de litigopatía cuando la realidad es que la tasa de litigios por cada mil habitantes se ha reducido desde el año 2010.

Las oscilaciones de las tasas de litigosidad no parecen deberse en absoluto a ningún tipo de litigopatía ciudadana sino que responden más bien a la situación económica y a la más que deficiente actividad legislativa de nuestros gobernantes. Este año 2013, a pesar de las tasas, veremos cómo aumentan las reclamaciones judiciales en materia de hipotecas o de preferentes y ello no porque los españoles sean litigantes sino porque el gobierno, en lugar de legislar para dar solución a estos problemas, ha preferido dejar su resolución en manos de los tribunales. Si las tasas disuaden a los consumidores ya sabremos que los bancos y entidades financieras habrán recibido un enorme favor del gobierno quien, además, recaudará pingües cantidades gracias a las injusticias cometidas. Cuando la justicia se vende, sin duda la injusticia resulta un buen negocio.

Las estadísticas, si se quiere gobernar con el interés puesto en los administrados, deben contemplar además datos que suelen pasar desapercibidos; por ejemplo ¿saben ustedes cual es el partido judicial español con una mayor tasa de litigiosidad? Si no lo saben yo se lo digo: San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. No es que los Tirajaneros sean unos ciudadanos problemáticos y aficionados a litigar —como podría pensar un ministro interesado— es que, gracias entre otras a la playa de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana ostenta la mayor tasa de ocupación de apartamentos de España. Este fenómeno de mayor litigiosidad se reproduce en todos los municipios turísticos. Con 57 millones de turistas calcular tasas de litigiosidad mirando los censos es, como poco, ingenuo.

Los datos oficiales son, por tanto, incompletos e inexactos y por eso, cuando se usan las estadísticas judiciales para lanzar una agresión a los derechos fundamentales de los españoles tan grave como la ley de tasas, no es extraño que la abogacía trate de ajustar las cuentas.

Vale.


 
 
 

 


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"COMPAREZCO Y DIGO"

José Muelas Cerezuela - @josemuelas

Me llamo José Muelas, soy abogado desde hace más de 25 años y tengo un despacho pequeño como el 85% de los abogados de España. Los abogados a los que admiro no miden su éxito en dinero, les ruego que me disculpen si ese es su criterio.

Se me reconocen ciertas habilidades en el mundo del derecho penal y el derecho de seguros, pero donde más a gusto me siento es reflexionando sobre el derecho y las nuevas tecnologías. En ese campo, para mi sorpresa, alguna vez se me ha reconocido la categoría de “experto” (no sé si echarme a temblar), esto me ha permitido participar en algún programa europeo y dar conferencias e impartir cursos en algunas universidades.

No me gustan las ideas preconcebidas ni los lugares comunes, prefiero las terceras vías (ya me entiendes: ni F.C. Barcelona ni Real Madrid, soy del Atletí desde que Reina se comió el gol del Bayern). Trato de entender la justicia y la moralidad humana de forma científica; no me busques en el Contrato Social, estoy más cerca de Darwin que de Rousseau. Trato también de entender cómo las tecnologías de la información han cambiado y cambiarán el mundo: Vivo una época apasionante y me fastidiaría no enterarme.

Por lo demás juego bastante bien al ajedrez (¿te he contado cuando me jugué la final del Masters 2004 de Benidorm contra el campeón del mundo?), toco el bajo eléctrico (bastante mal por cierto) y canto flamenco según dice un diploma de la Escuela de Arte Flamenco de La Unión, pero lo que dice ese papelito no es verdad.

Hace muchos años fui un outsider en política (hay una columna en El Mundo escrita por Paco Umbral que lo cuenta bastante bien) y ahora soy Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, una ciudad a la que amo. Soy también Consejero en el Consejo General de la Abogacía (comisiones de infraestructuras tecnológicas y competencia, aunque no suelen hacerme mucho caso), patrono de la Fundación Abogacía para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la cooperación internacional y Secretario General de la Asociación Murciana de Empresas de Nuevas Tecnologías, las comunicaciones y el Audiovisual.

Creo en las personas y en la creatividad.





 



 

 
 

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