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Por Teresa Marañón, Socia Marañón Abogados
Dicen que el siglo XIX fue la era de la revolución industrial, el XX la era tecnológica y algunos señalamos que el siglo XXI puede ser la era de los recursos humanos. La era de las personas. España ha cumplido con los tiempos y llegamos al siglo XX con uno de los mejores trenes de alta velocidad del mundo y al XXI contando con empresas líderes mundiales en el ámbito tecnológico, desde la telefonía digital pasando por la tecnología de satélites y llegando hasta el mundo de la biotecnología en el que avanzamos a pasos agigantados. El desafío para el siglo XXI España lo inicia con una población activa alrededor de veintidós millones de personas, de los cuales seis millones son desempleados. Ante esta dramática situación, nos encontramos con que nuestros políticos repiten como un mantra dentro y fuera de nuestras fronteras, que España es un país lleno de oportunidades y que éstas son mayores con las medidas adoptadas y las leyes aprobadas en los últimos años. Muchos líderes políticos y empresariales españoles tienen un grave problema porque bajo el título de “estamos en crisis” no se ha identificado que las oportunidades vienen de la mano de los profesionales. A los ojos de toda la comunidad internacional y a lo largo de estos años ha quedado patente que España no está cuidando a sus mejores cualificados. Traigo a estas líneas las imágenes de nuestros médicos, formados en la excelencia, valorados en el mundo entero y manifestándose semanalmente por nuestras ciudades por no saber llegar los líderes autonómicos a acuerdos con un colectivo extremamente inteligente, organizado y corporativo. Sin entrar en las bondades o maldades de la gestión privada de los hospitales, tan sólo decir que atraer inversión para la sanidad pública, debería venir de antemano y entre otros, con un plan de carrera, proyectos investigación para equipos punteros y formación exterior para el excedente sanitario que pudiera haber tras la externalización de la gestión que se está haciendo. La voluntad de reformas legales, cambios de gestión, reducción de cargos públicos autonómicos, aún no se acerca a la realidad palpable, para que los Chairmen de empresas y bancos internacionales tras leer el guión de la oportunidad, decidan poner en marcha los mecanismos de inversión y expatriación hacia España de los que saben que son sus mejores recursos, sus ejecutivos. Ni que decir tiene que detrás de muchos profesionales en el exterior hay proyectos y recursos económicos que implementados en nuestro país dan lugar a la creación de puestos de trabajo nacionales.. La falta de confianza exterior debe suplirse y con urgencia. El esfuerzo que llevan haciendo las administraciones vinculadas a los movimientos migratorios, primeramente Administraciones Públicas, Trabajo, Exteriores e Interior desde el año 2000 con la LO 4/2000 y sus constantes reformas vinculadas al mercado de trabajo y más recientemente con la Ley de Emprendedores y su internacionalización incorporándose Economía e Industria a un proyecto de Estado no se ve compensado con la actuación de la Hacienda Pública, que aún no ha adoptado medidas fiscales para que los operadores internacionales decidan masivamente expatriar a sus ejecutivos internacionales a España. En lo que a este artículo es objeto se echa de menos normas fiscales ventajosas frente a otros países para la repatriación de nuestros ejecutivos, así como otros que desean adquirir su experiencia internacional en España y en último lugar profesionales extranjeros que terminaron su etapa de expatriación española y que tienen proyectos para España guardados en un cajón dado que la fiscalidad hace imposible que retornen a nuestro país. La altísima presión fiscal que soportamos los españoles, especialmente en las comunidades de Cataluña y Andalucía, así como la insuficiencia del RD 5/2004 de 5 de marzo aprobado para momentos de bonanza económica y que difiere de las situaciones en las que actualmente nos encontramos sirve para comprobar que nunca ha sido tan necesaria una reforma fiscal para este colectivo tan valioso tanto por formación como por recursos que generan bien directamente por la creación de puestos de trabajo, bienes y servicios como porque su capacidad económica repercute vía impuestos indirectos. La realidad es tozuda y se impone cuando hay españoles y resto de europeos que firman sus contratos laborales bajo la ley de otros países de la Unión, como puede ser el caso de Reino Unido, sometidos a sus tipos impositivos y de Seguridad Social, pero realizan su trabajo en España, no teniendo su empresa ningún tipo de sucursal, filial, ni oficina de representación en España y no estando controlados por Administración alguna. Los tiempos exigen una seguridad jurídico fiscal explícitamente favorable para que cuando España sea diferente se pueda hacer llamada a la diáspora internacional y ésta descuelgue el teléfono. Es la hora que España cuide de los profesionales para que las oportunidades se conviertan en realidades tangibles.
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