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ESPECIAL Movilizaciones contra las tasas 20N
Más de 100 personas han participado en la concentración contra las tasas judiciales impuestas por el Gobierno, que ha tenido lugar esta mañana a las puertas de la Audiencia Provincial de Jaén. La concentración ha sido convocada por el Colegio de Abogados de Jaén, justo cuando se cumple un año de la publicación en el BOE de esta medida. La concentración ha contado con la participación del decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya; la presidenta de la Audiencia Provincial de Jaén, Elena Arias Salgado; el fiscal jefe de Jaén, Carlos Rueda y el presidente del Federación de Abogados Jóvenes de Andalucía, Julián del Moral, entre otros representantes del ámbito de la Justicia. Durante el acto, el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, ha lamentado que, un año después de la entrada en vigor de las tasas judiciales, la situación de la Justicia no haya mejorado. “Esperamos que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos prosperen pero, aún así, el daño ya está hecho”, ha señalado. Además, Oya ha recordado que la recaudación hasta septiembre de las tasas ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos para todo el año. “El Ministerio no ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas y además el importe de las tasas no se está destinando a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como se dijo”, explica. Vicente Oya ha reiterado que la ley de tasas judiciales son “una verdadera barbaridad” y que tiene en contra a todos los operadores jurídicos de España. De hecho, Oya expone que la Ley de Tasas Judiciales ha privado a miles de jiennenses de su derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución española. “El acceso al sistema judicial se está convirtiendo en un artículo de lujo para muchas personas en España y en la provincia de Jaén”, indica. El manifiesto elaborado con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor de las tasas judiciales señala que la Ley ha materializado una injusta barrera para el acceso a la Justicia. También recoge que el objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos. El resultado patente y más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. “La agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas, sino en transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz, apostando por la implantación de nuevas formas de organización que fomenten un servicio público accesible y eficaz, destinando las dotaciones y medios adecuados para ello”, indica el manifiesto.
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