“Hay que
darse
cuenta
que
la
violencia
contra
la
mujer
que
aún
persiste
proviene
de
construcciones
culturales
con
siglos
de
tradición”,
así
reflexiona
Esther
Erice,
presidenta
de
la
Audiencia
Provincial
de
Navarra,
al
hilo
de
este
Día
Internacional
de
la
Eliminación
de
la
Violencia
Internacional
contra
la
Mujer
que
hoy
se
conmemora
en
todo
el
mundo.
En
nuestro
país,
en
esta
ocasión
esta
efeméride
llega
ante
un
repunte
de
los
asesinatos
por
violencia
de
género
y un
planteamiento
de
reforma,
tras
diez
años
sin
cambios,
de
la
Ley
Orgánica
1/2004
de
28
de
diciembre
de
Medidas
de
Protección
Integral
contra
la
Violencia
de
Género:
“Esta
norma
que
ha
hecho
bastante
por
las
mujeres,
necesita
ahora
de
un
desarrollo
en
materia
educativo,
de
empleo
o
asistencial.
Nadie
puede
dudar
que
hay
un
antes
o un
después
tras
la
puesta
en
marcha
de
esta
norma”
comenta.
Y es
que
con
la
citada
norma
se
visibilizó
el
problema,
“la
agresión
de
derechos
fundamentales
que
se
hace
es
un
programa
social,
no
de
una
pareja
y
ese
es
un
avance
que
debemos
a la
ley”,
afirma.
A su
juicio
los
periodistas
que
abordan
estos
temas
deberían
tener
una
formación
especializada
en
la
materia
para
tratar
de
otra
manera
ciertos
temas.
“Se
nota
cuando
está
formado
y su
papel
en
este
entramado
es
muy
importante”,
comenta.
Sra. Erice,
¿en
qué
momento
llega
este
Día
Internacional
de
la
Eliminación
de
la
Violencia
contra
la
mujer
que
hoy
celebramos?
El contexto
en
el
que
llega
esta
celebración
no
es
el
mejor
que
se
pudiera
pensar.
En
nuestro
caso
la
aplicación
real
de
la
Ley
Orgánica
1/2004,
de
28
de
diciembre,
de
Medidas
de
Protección
Integral
contra
la
Violencia
de
Género
necesita
de
una
serie
de
aplicaciones
para
ser
efectiva
que
exceden
del
ámbito
de
la
justicia.
Se trata de
incrementar
el
apoyo
social,
psicológico
y
educativo.
Por
desgracia
en
esta
época
de
recesión
y de
crisis
se
han
producido
recortes
importantes
en
estas
partidas.
Podemos
decir
que
se
ha
bajado
la
guardia
contra
esta
lacra,
entonces…
Eso parece.
Para
que
la
Ley
sea
eficaz
se
necesita
una
buena
red
de
diagnóstico,
también
otra
de
apoyo
donde
coexistan
las
casas
de
acogidas
con
el
tratamiento
psicológico,
jurídico
etc.
Si
los
medios
disminuyen
las
leyes
son
menos
eficaces
en
este
contexto.
En ocasiones
las
mujeres
se
detraen
de
efectuar
la
denuncia
por
la
incertidumbre
de
la
situación.
No
olvidemos
que
el
sector
femenino
tiene
un
trabajo
precario
y el
desempleo
en
este
colectivo
es
muy
importante.
Todo
esto
influye
a la
hora
de
interponer
denuncias
y
seguir
procedimientos.
Usted fue
invitada
recientemente
al
Congreso
de
los
abogados
especializados
en
violencia
de
género
que
tuvo
lugar
en
Badajoz,
¿qué
ambiente
se
respiró
allí?
Hay que destacar
el
esfuerzo
importante
de
formación
que
han
hecho
los
Colegios
de
Abogados
en
esta
materia.
Eso
ha
hecho
que
existan
letrados
con
gran
experiencia
y
gran
cualificación
en
esta
disciplina.
Siguen
con
esa
información
con
aquellos
que
se
incorporan
progresivamente
en
los
Turnos
de
Oficio
y
hay
que
insistir
en
que
es
muy
importante
esta
especialización.
¿Qué perfil
tiene
ese
profesional
que
trata
con
las
víctimas
de
violencia
de
género?
Hay que darse
cuenta
y
valorar
como
se
merece
los
conocimientos
jurídicos
y
extrajurídicos
que
cualquier
letrado,
fiscal,
juez
deben
de
adquirir
en
esta
materia
para
poder
moverse
con
soltura
en
muchas
de
las
situaciones
que
surjan.
Estos profesionales
deben
tener
un
conocimiento
de
la
ley
profundo
y de
todas
las
leyes
aplicables
y,
por
otro
lado,
un
conocimienot
especifico
de
las
categorías
que
se
manejan
que
en
muchos
ordenamientos
jurídicos,
además
de
saber
derecho,
hace
falta
contar
con
conocimientos
sociológico
sobre
las
normas
de
aplicación
y en
este
también.
Tampoco
se
puede
olvidar
la
necesidad
de
contar
con
una
sensibilidad
que
ayude
a
tener
en
cuenta
a
todos
los
perjudicados
y la
situación
también
del
victimario
que
ha
llevado
a
cabo
los
hechos
que
puede
ser
peculiar
y
específica.
Uno de los
temas
que
se
insistió
en
este
Congreso
de
Abogados
es
que
las
víctimas
desde
el
primer
momento
cuenten
con
un
abogado…
Es cierto, es
fundamental.
En
el
ámbito
jurídico
consideramos
que
el
letrado
asista
desde
el
primer
momento
a la
víctima
y no
desde
que
está
en
comisaría.
Hay
mujeres
que
por
lo
complejo
de
su
situación
no
saben
exactamente
qué
derechos
tienen.
En
este
contexto
el
abogado
es
el
elemento
clave
para
informar
sobre
esta
situación.
¿Porqué no
se
hace
esta
práctica,
entonces?
Es un problema
económico
el
que
impide
extender
este
asesoramiento.
En
algunas
CCAA
sí
existe
esta
forma
de
asesorar
y se
desarrolla
un
servicio
jurídico
a la
semana
al
que
estas
mujeres
pueden
acudir.
En
el
caso
que
se
vea
un
delito
se
deriva
para
que
se
pueda
encauzar
como
es
debido.
Sin embargo
no
es
uniforme
en
todo
el
Estado.
El
servicio
debería
llegar
a
todas
las
mujeres
con
este
tipo
de
problemas
independientemente
de
donde
residan.
Debería
haber
un
mínimo
que
todas
las
CCAA
pudieran
cubrir.
¿Con la
reforma
de
la
justicia
gratuita
e
incorporación
de
las
mujeres
con
violencia
de
género
se
soluciona
este
déficit?
Sería un gran
paso
qué
duda
cabe
pero
probablemente
habría
que
hacer
algo
más.
Se
trata
de
asistirles
en
el
procedimiento
y
que
antes
del
mismo
pudieran
tener
la
información
adecuada
sobre
sus
derechos.
Tener que
decidir
lo
que
hacer
en
comisaria
o en
un
centro
sanitario
si
se
piden
medidas
de
alejamiento
o
no,
dónde
vas
a
residir
o
qué
será
de
tus
hijos
es
mucho.
A veces estas
personas
necesitan
un
poco
de
tiempo
para
valorar
todo
esto.
Lo
fundamental
es
que
tengan
siempre
la
asistencia
letrada
para
asesorarse
mejor.
Se
trataría
de
impulsar
un
Turno
de
Oficio
en
Violencia
de
Género,
en
definitiva.
En la última
entrega
de
los
premios
del
Observatorio
del
CGPJ
contra
la
Violencia
de
Género,
el
estudio
de
la
Agencia
UE
de
Derechos
Fundamentales
es
espeluznante:
13
millones
de
mujeres
sufren
malos
tratos
en
este
continente.
Es impresionante
el
dato
que
usted
apunta.
Nos
pone
frente
a
una
realidad
dura
que
es
la
siguiente.
Es
muy
posible
que
por
los
estudios
empíricos
realizados
solo
conocemos
una
parte
de
esta
violencia.
La
mayor
parte
de
la
violencia
contra
la
mujer
aún
está
oculta.
No
hemos
convencido
a
estas
mujeres
que
el
sistema
les
puede
ayudar.
Y
este
es
el
gran
reto
y
obligación
que
tenemos.
No podemos
permitir
que
haya
mujeres
que
vivan
en
una
espiral
de
violencia.
Hay
que
llegar
ahí
e
intentar
mitigar
todas
estas
conductas.
Es curioso
porque
pese
a su
polémica
inicial,
el
sistema
español
contra
la
violencia
de
género
es
uno
de
los
más
avanzado
s y
seguidos
en
Europa.
Sí, eso es
cierto.
Hay
que
darse
cuenta
que
la
Ley
que
ahora
cumple
diez
años
es
integral,
no
solamente
punitiva
de
derecho
penal,
sino
que
tiene
qu
ver
con
la
educación,
asistencia
psicológica,
jurídica,
de
vivienda
o
empleo.
Todo
esto
hace
que
la
ley
sea
un
instrumento
útil.
Ahora lo que
necesitamos
es
que
se
desarrolle
en
todos
los
aspectos
con
la
misma
intensidad.
Es
el
momento
de
incidir
en
la
parcela
educativa
como
elemento
de
prevención
de
ciertas
conductas.
Es
preocupante
que
las
generaciones
más
jóvenes
reproduzcan
roles
de
otras
más
antiguas.
Eso
significa
que
la
aplicación
de
la
ley
está
siendo
insuficiente.
Desde Naciones
Unidas
se
ha
llegado
a
hablar
que
nuestra
ley
del
2004
es
un
elemento
vigoroso.
En
el
futuro
habrá
que
adecuarlo
a la
normativa
europea
internacional
porque
la
vida
y
las
sociedad
avanzan
pero
el
texto
parece
suficiente.
Sí
se
nos
ha
censurado
en
su
aplicación
práctica.
¿De aquello
que
falta
por
ponerse
en
marcha
de
esta
Ley
Orgánica,
que
sería
lo
más
urgente
para
impulsarlo
ahora?
Es fundamental
el
desarrollo
homogéneo,
es
decir
saber
cómo
abordar
de
forma
concreta
este
problema
en
educación.
Al
mismo
tiempo
planes
concretos
en
el
ámbito
de
prensa.
Al
mismo
tiempo
más
apoyo
en
el
ámbito
jurídico
y de
empleo
e
incluso
el
ámbito
de
vivienda.
En los juzgados
se
trataría
de
impulsar
las
unidades
de
valoraciones
integral
del
daño
que
no
es
solo
un
forense
médico,
sino
también
puede
haber
psicólogos,
trabajadores
sociales
que
informe
tanto
sobre
la
mujer,
su
agresor
y
los
menores
si
los
hubiera.
Los
niños
que
viven
en
entornos
violentos
también
son
víctimas.
¿Hay que
insistir
en
la
formación
de
los
profesionales
que
están
más
cerca
de
las
víctimas
de
violencia
de
género?
La formación
no
se
puede
abandonar.
Debe
ser
siempre
permanente
y
continuada,
sobre
todo
para
aquellos
profesionales
que
se
incorporan
o
aquellos
que
no
vieron
hasta
el
momento
la
necesidad
de
formarse.
Hay
que
darse
cuenta
que
es
imprescindible,
igual
que
lo
es
para
ser
abogado
en
derecho
mercantil
ser
especialista
en
esa
materia.
El último
estudio
de
Fundación
Adecco
sobre
la
inclusión
de
la
mujer
maltratada
en
el
mundo
laboral
es
significativo,
solo
un
tercio
trabaja.
Es complicado
su
inserción
en
el
mundo
laboral.
Hay
que
darse
cuenta
que
muchas
mujeres
tienen
un
estado
emocional
complicado
fruto
de
esa
violencia.
Al
mismo
tiempo
tienen
responsabilidades
familiares
y no
les
es
fácil
compaginar
su
vida
laboral
con
la
personal.
En este contexto
necesitan
un
apoyo
especial.
Una
persona
que
les
acompañe
en
su
programa
formativo
y
que
les
guie
en
ese
empleo
que
van
a
tener
que
le
ayudará
a
satisfacer
sus
necesidades.
¿Qué repercusión
tiene
para
nuestro
país
suscribir
el
Convenio
de
Estambul
también
sobre
violencia
de
género?
Hablamos de
un
Convenio
europeo
que
nos
va a
dar
líneas
maestras
y
clarifica
muchos
aspectos
de
todos
los
ordenamientos
jurídicos
europeos.
Nuestro
país
lo
suscribimos
en
agosto
y
eso
nos
hace
estar
vinculado
al
mismo.
A la
vez
establece
unos
mínimos
de
servicios
y
atención
que
puede
ser
una
guía
si
en
el
futuro
se
modifica
nuestra
legislación.
¿Qué mensaje
se
le
puede
lanzar
a
esa
persona,
casi
siempre
mujer,
que
sufre
malos
tratos
continuados?
El mensaje
que
se
debe
lanzar
es
que
el
Estado
y
todas
sus
instituciones
están
obligados
a
tutelar
los
derechos
de
todos.
Hay
algunos
importantes,
el
derecho
a la
libertad,
a la
dignidad,
al
libre
desarrollo
de
la
personalidad
que
están
en
juego.
Las
instituciones
y la
sociedad
deben
apoyar
a
estas
personas.
Nuestra obligación,
como
ciudadanos
incluso,
cuando
vemos
que
se
cercenan
derechos
importantes
es
acudir
a
las
mismas.
Nuestra
obligación
es
responder
y
defender
sus
derechos. |