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Ignacio
Romera
insta
a
las
empresas
a
“planificar
una
estrategia
para
beneficiarse
del
impacto
de
las
modificaciones
legislativas”
-
Vicente
Giner
afirma
que
la
Ley
Concursal
“permite
conseguir
importantes
quitas
y
esperas
que
reducirán
y
aligerarán
el
pasivo
de
la
compañía”
El
director
del
área
Procesal
y
Concursal
de
la
Oficina
de
Valencia
de
Olleros
Abogados,
Ignacio
Romera,
ha
subrayado
hoy
que
“las
refinanciaciones
y
los
concursos
de
acreedores
no
son
el
reflejo
de
un
fracaso
empresarial,
sino
que
deben
verse
como
una
oportunidad
de
posibilitar
la
continuidad
de
empresas
viables
que
atraviesan
dificultades
económicas
y
financieras
debido
a
las
circunstancias
actuales
del
mercado,
a
tensiones
de
tesorería
o
dificultades
financieras”.
Romera
se
ha
pronunciado
así
durante
la
Jornada
‘Ley
Concursal
y
nuevas
oportunidades
de
refinanciación
con
entidades
financieras’,
que
organiza
Olleros
Abogados
junto
con
Asivalco
y
Avemcop
y en
la
que
también
ha
participado
Vicente
Giner,
abogado
del
área
Procesal
de
Olleros
Abogados,
así
como
el
director
de
la
oficina
principal
de
Abanca
en
Valencia,
Genaro
Fragueiro,
y el
director
de
Negocio
de
la
Sociedad
de
Garantía
Recíproca
de
la
Comunitat
Valenciana,
Fernando
Balmaseda.
Durante
su
intervención,
Ignacio
Romera
ha
sostenido
que
“es
prioritario
para
cualquier
empresa
en
estos
momentos
analizar
con
un
experto
en
negociaciones
con
entidades
financieras
cómo
impacta
en
cada
empresa
el
aluvión
de
modificaciones
legislativas
que
se
han
dispuesto
en
los
últimos
meses
y
planificar
la
estrategia
para
aprovechar
las
oportunidades
que
pueden
generar”.
En
concreto,
ha
destacado
que
“los
acuerdos
de
refinanciación
están
prácticamente
blindados
frente
a
los
acreedores
disidentes,
siempre
y
cuando
la
planificación
de
tales
acuerdos
se
haya
hecho
de
manera
cuidadosa”.
“Muchas
empresas
son
operativa
y
económicamente
viables,
pero
no
lo
son
desde
un
punto
de
vista
financiero
por
un
exceso
de
endeudamiento
y
mueren
simplemente
por
esperar
demasiado
y no
acometer
las
medidas
necesarias
con
la
suficiente
antelación,
arrastrando
ineludiblemente
el
patrimonio
personal
del
empresario”,
ha
aseverado
Romera,
que
ha
insistido
en
que
“las
entidades
financieras
ofrecen
posibilidades
de
refinanciación
de
la
actividad
empresarial
y
que
la
aplicación
correcta
de
la
Ley
Concursal
genera
nuevas
oportunidades
en
las
empresas
que
atraviesan
dificultades
y
que
quieren
reestructurar
su
pasivo
para
seguir
funcionando
y
siendo
viables”.
En
esta
misma
línea
se
ha
pronunciado
Vicente
Giner,
quien
ha
sostenido
que
“acogiéndose
a la
Ley
Concursal
se
pueden
conseguir
importantes
quitas
y
esperas
que
reducirán
y
aligerarán
el
pasivo
de
la
compañía”.
Asimismo,
Giner
se
ha
referido
a la
“posible
responsabilidad
del
administrador
en
los
momentos
de
dificultad
económica
de
las
empresas”
y ha
apuntado
tanto
a
situaciones
en
las
que
la
compañía
decide
no
actuar
como
cuando
opta
por
emprender
un
proceso
de
restructuración
o de
insolvencia.
“Generalmente
–ha
indicado-
el
riesgo
de
no
hacer
nada
es
mayor
que
el
de
llevar
a
cabo
alguna
medida”,
ya
que
según
ha
explicado,
existen
distintas
formas
de
acotar
los
riesgos
para
los
administradores
sociales
de
las
empresas
que
atraviesan
dificultades
económicas.
Finalmente,
Fernando
Balmaseda
ha
subrayado
que
la
Sociedad
de
Garantía
Recíproca
“vuelve
a
dar
avales
exclusivamente
a
pymes
y
autónomos
de
la
Comunitat
Valenciana,
por
importes
máximos
de
100.000
euros
a
cinco
años”,
mientras
que
Genaro
Fragueiro,
por
su
parte,
ha
sostenido
que
Abanca
“está
en
una
situación
en
la
que
puede
dar
crédito”
y ha
añadido
que
el
interés
de
la
entidad
es
“invertir
en
empresas
con
proyectos
sólidos
y de
futuro”.
Olleros Abogados cuenta con más de 25 años de experiencia en asesoramiento legal y tributario, tanto a nivel nacional como internacional, y un equipo de más de 100 profesionales comprometidos con la firma y el cliente.
El bufete opera como firma jurídica a nivel nacional a través de sus oficinas en Madrid y Valencia. Asimismo cuenta con una amplia red internacional de despachos colaboradores, lo que permite planificar y resolver las cuestiones legales que se les planteen a los clientes tanto en España como en cualquier parte del mundo.
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