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2012: Año horrible para la discapacidad
MADRID, 26 de DICIEMBRE de 2012 - LAWYERPRESS
 

2012 ha sido un año en que se han intensificado hasta extremos de casi devastación los efectos de la crisis económica y de los ajustes presupuestarios de todas las Administraciones en las estructuras de bienestar dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. La situación ha sido, es, tal que nos ha llevado a hablar, sin exageración, de la discapacidad como zona próxima a lo catastrófico y que nos ha inducido a lanzar una llamada de socorro, un SOS Discapacidad, que clamaron más de 90.000 personas en Madrid, el pasado día 2 de diciembre.
Habría que distinguir dos planos; el primero, el territorial, correspondiente a las Comunidades Autónomas, en los que las políticas de recorte, iniciadas hace 4 o 5 años, se han agudizado de tal manera que el sector de la discapacidad corre un claro peligro de colapso. Reducciones presupuestarias agresivas, supresión de programas consolidados durante mucho tiempo, retrasos e impagos generalizados al mundo asociativo por servicios que este presta por delegación de las Administraciones, desaparición de entidades por falta de financiación, aumento de la exclusión y la pobreza, etc., son la tónica general en todos los territorios, con la consiguiente destrucción del frágil bienestar alcanzado en los últimos años para un grupo social tan vulnerable en términos de derechos como el de las personas con discapacidad y sus familias. Y no se salva nadie, más allá de los distintos signos políticos, o de las diferencias por razón del territorio, la agresión contra la discapacidad ha sido práctica extendida, de la que solo cabe levantar acta.
En el plano estatal, el sector de la discapacidad ha acusado con mayor virulencia si cabe las políticas de reducción del gasto impuestas –o pretextadas– por la situación económica. No ha habido una voluntad deliberada de debilitar específicamente las políticas de discapacidad, y de hecho la interlocución y el diálogo políticos se han mantenido en un grado aceptable, fluido incluso, pero los recortes genéricos operados en ámbitos como el empleo, la sanidad, la autonomía personal y la dependencia, les pensiones o la educación, por citar solo las áreas más relevantes desde el punto de vista de la inclusión, han repercutido gravemente sobre los recursos y los dispositivos de apoyo a la discapacidad, situándolos en una posición de enorme precariedad, con dudas sobre su misma continuidad.
Además, como factor añadido negativo, se han paralizado las iniciativas nuevas, quedando la agenda política de la discapacidad inactiva, sin avances, todo justificado por la crisis.
Es cierto que las políticas se hacen también con dinero, con presupuesto, pero no solo. El error de nuestra clase política dirigente, la prueba de su ineptitud culpable, es que no saben actuar sino es echando mano del dinero. La política es una triste y mísera sucursal de lo económico, sin autonomía propia. La política que tenía que dirigir también la economía, es, invertidas las tornas, un subproducto de lo económico, la única esfera, todopoderosa y omnímoda. No hay espacio siquiera para “la agenda amable”, como hemos dado en llamar el conjunto de decisiones e iniciativas que puestas en práctica contribuyen a generar cambio social favorable a la extensión e intensificación de los derechos y a la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, y que no están condicionadas por los recursos económicos, que son independientes de estos. Medidas sin coste (o sin coste apreciable) que mejoran las condiciones de vida y de ciudadanía, identificadas, formuladas y factibles, pero que tampoco se adoptan.
Un año, aún no concluido, pero que ya ha adquirido la nota de horror propia de lo que destruye lo valioso.

Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

www.cermi.es


 





 


 

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