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¿Compensación a editores?: Indeterminación irrenunciable
MADRID, 14 de MARZO de 2014 - LAWYERPRESS

Por Eneko Delgado. Socio Audens. Experto en Nuevas Tecnologias

Eneko Delgado. Socio Audens. Experto en Nuevas TecnologiasAnalizar la redacción del artículo 32.2 del proyecto de reforma de la LPI requiere un ejercicio de empatía y considerar cual puede ser la intención del mismo. Tomemos como fin deseado por el legislador que se compensara a los medios informativos tradicionales online (periódicos “.com”) por la actividad de Google News y las empresas de clipping y sobre todo tres conceptos especialmente importantes: obligados, presuntos beneficiarios/protegidos, e irrenunciabilidad del citado derecho de remuneración.

 

Obligados

No se especifica el alcance del concepto “Servicios electrónicos de agregación de contenidos”, y esta indeterminación hace que pueda ser aplicable a prácticamente cualquier servicio online en el que se agreguen contenidos de terceros (un enlace con resumen o imagen). Desde un tweet enlazando a un post que incluya un poco del mismo, a los contenidos colgados en Menéame, Barrapunto, Pocket...o empresas de clipping, todos estos “servicios”, podrían estar obligados a compensar al titular “enlazado”. Y por supuesto Google News.

El problema es que quien realiza el hecho que genera la obligación de remuneración no es siempre el titular del servicio. Así, si los usuarios de una web son quienes suben estos “enlaces penados” no serían ellos los obligados al pago, sino el titular del sitio y esto supone una contradicción con la exclusión de responsabilidad de los artículos 16 y 17 de la LSSI[1] y la Jurisprudencia, que excluyen de responsabilidad al prestador de servicios “neutro o pasivo” (mero intermediario y bajo una serie de condicionantes) por los enlaces o contenidos colgados por los usuarios de su web, que desconoce. De los servicios mencionados, únicamente aquellos que directamente enlazaran contenidos no estarían excluidos por la LSSI, y sin embargo esta reforma les obligaría a pagar una compensación. Incluso si como titulares del sitio jamás han enlazado o publicado texto alguno.

¿Sólo paga Google? Parece que no.

 

Protegidos

Un Sitio Web de actualización periódica es, tanto la versión online de un periódico, como un blog, revista online... Incluso una cuenta de Twitter personal podría entrar en esa definición (considerando Twitter como un microblog, comoya  ha hecho la AGPD) aunque podría discutirse si el beneficiario sería Twitter o el usuario.

¿Sólo cobran los “periódicos”? Parece que no, pero... para cobrar se delegará en entidades de gestión de derechos (ej, CEDRO o VEGAP) por lo que los “protegidos” que no estén asociados a uno de estos entes no cobrarán. De nuevo la indefinición (o la discreta búsqueda masiva de asociados a las entidades de gestión).

 

Irrenunciable

El autor está obligado a que se cobre en su nombre, aunque nunca cobre. La irrenunciabilidad de los derechos es un límite a la libertad que únicamente debería usarse cuando el bien protegido así lo exige y el desequilibrio de poder entre las partes puede dar lugar a excesos o abusos, por ser tal la importancia de lo protegido (tanto para el individuo como para la sociedad) que no puede permitirse su renuncia. Así, son irrenunciables los derechos fundamentales.

Aquí, si bien puede ser discutible la importancia del derecho, no existe el desequilibrio de poder necesario.

Históricamente, en la relación entre autor-editor-publicador, las editoriales o periódicos estaban en  situación de clara ventaja y más poder que el autor (lo que podría defender la irrenunciabilidad). Pero en Internet, este desequilibrio ha desaparecido al hacer posible para el autor la autopublicación y comunicación global a coste prácticamente cero sin que la diferencia de poder provoque abusos que exijan que el derecho de remuneración sea irrenunciable y que, independientemente del deseo del creador o titular del contenido, este enlace siempre genere una obligación de pago.

Y dará igual que el creador haya expresado su deseo de no cobrar. Incluso que haya utilizado una licencia Creative Commons (o cualquier otra) en la que expresamente renuncie a cualquier remuneración. Si un autor enlaza a un contenido propio publicado por un tercero y no está asociado a una entidad, está obligado a pagarse a si mismo, pero no cobra.

 

Conclusión

En una gran mayoría de los casos, el beneficio buscado por el autor de un contenido no es directamente económico, sino que trata de conseguir tráfico a su web, mejorar su posicionamiento o aumentar publicidad (a mayor número de enlaces de terceros, más presencia, número de visitas, posicionamiento, popularidad e ingresos).

Por si fuera poco, el carácter irrenunciable limita de forma ilógica la libertad de los autores de contenidos, ¿porqué no poder decidir no cobrar por algo? Se limita la posibilidad de liberar la publicación de contenidos propios, imposibilitando  una de las principales ventajas que la red de redes provee a sus usuarios: Conocimiento global, publicidad global, mercado global.

Si lo que se pretendía es que Google y las empresas de clipping pagaran a los periódicos, el resultado no es ese ni de lejos. Se mete en el mismo saco a Google, un servicio de clipping, páginas de recomendaciones de lectura, servicios de agenda propia y gestión de tareas pendientes, y usuarios individuales que compartan información interesante. Y no son lo mismo ni afectan de igual manera al mercado o a los creadores.

Además de Google pagarían otros muchos... siempre que estén en España. Ante la dificultad/imposibilidad de requerir la remuneración a los proveedores de servicios extrranjeros la realidad penalizaría a los proveedores nacionales que al final serán los únicas obligados al pago (desventaja competitiva).

Puede resultar defendible que se busque una alternativa remuneratoria para quienes decidan cobrar, pero esta no ha de ser irrenunciable si no es preciso (y no lo es), y en ningún caso debe suponer un perjuicio directo para quienes deseen compartir libre y gratuitamente ni una desventaja para las personas (físicas o jurídicas) que actúen desde España.


[1]    Transposición de la Directiva 200/31 CE.

 

 

 

 

 

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