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Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra:
“La obligación del Estado e instituciones es defender los derechos de las mujeres maltratadas”
MADRID, 25 de NOVIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Día Internacional contra la Violencia de Género

 

“La obligación del Estado e instituciones es defender los derechos de las mujeres maltratadas”“Hay que darse cuenta que la violencia contra la mujer que aún persiste proviene de construcciones culturales con siglos de tradición”, así reflexiona Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, al hilo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Internacional contra la Mujer que hoy se conmemora en todo el mundo. En nuestro país, en esta ocasión esta efeméride llega ante un repunte de los asesinatos por violencia de género y un planteamiento de reforma, tras diez años sin cambios, de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: “Esta norma que ha hecho bastante por las mujeres, necesita ahora de un desarrollo en materia educativo, de empleo o asistencial. Nadie puede dudar que hay un antes o un después tras la puesta en marcha de esta norma” comenta. Y es que con la citada norma se visibilizó el problema, “la agresión de derechos fundamentales que se hace es un programa social, no de una pareja y ese es un avance que debemos a la ley”, afirma. A su juicio los periodistas que abordan estos temas deberían tener una formación especializada en la materia para tratar de otra manera ciertos temas. “Se nota cuando está formado y su papel en este entramado es muy importante”, comenta.

 

Sra. Erice, ¿en qué momento llega este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer que hoy celebramos?

El contexto en el que llega esta celebración no es el mejor que se pudiera pensar. En nuestro caso la aplicación real de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género necesita de una serie de aplicaciones para ser efectiva que exceden del ámbito de la justicia.

Se trata de incrementar el apoyo social, psicológico y educativo. Por desgracia en esta época de recesión y de crisis se han producido recortes importantes en estas partidas.

 

Podemos decir que se ha bajado la guardia contra esta lacra, entonces…

Eso parece. Para que la Ley sea eficaz se necesita una buena red de diagnóstico, también otra de apoyo donde coexistan las casas de acogidas con el tratamiento psicológico, jurídico etc. Si los medios disminuyen las leyes son menos eficaces en este contexto.

En ocasiones las mujeres se detraen de efectuar la denuncia por la incertidumbre de la situación. No olvidemos que el sector femenino tiene un trabajo precario y el desempleo en este colectivo es muy importante.  Todo esto influye a la hora de interponer denuncias y seguir procedimientos.

 

Usted fue invitada recientemente al Congreso de los abogados especializados en violencia de género que tuvo lugar en Badajoz, ¿qué ambiente se respiró allí?

Hay que destacar el esfuerzo importante de formación que han hecho los Colegios de Abogados en esta materia. Eso ha hecho que existan letrados con gran experiencia y gran cualificación en esta disciplina. Siguen con esa información con aquellos que se incorporan progresivamente en los Turnos de Oficio y hay que insistir en que es muy importante esta especialización.

 

¿Qué perfil tiene ese profesional que trata con las víctimas de violencia de género?

Hay que darse cuenta y valorar como se merece los conocimientos jurídicos y extrajurídicos que cualquier letrado, fiscal, juez deben de adquirir en  esta materia para poder moverse con soltura en muchas de las situaciones que surjan.

Estos profesionales deben tener un conocimiento de la ley profundo y de todas las leyes aplicables y, por otro lado, un conocimienot especifico de las categorías que se manejan que en muchos ordenamientos jurídicos, además de saber derecho, hace falta contar con conocimientos sociológico sobre las normas de aplicación y en este también. Tampoco se puede olvidar la necesidad de contar con una sensibilidad que ayude a tener en cuenta a todos los perjudicados y la situación también del victimario que ha llevado a cabo los hechos que puede ser peculiar y específica.

 

Uno de los temas que se insistió en este Congreso de Abogados es que las víctimas desde el primer momento cuenten con un abogado…

Es cierto, es fundamental. En el ámbito jurídico consideramos que el letrado asista desde el primer momento a la víctima y no desde que está en comisaría. Hay mujeres que por lo complejo de su situación no saben exactamente qué derechos tienen. En este contexto el abogado es el elemento clave para informar sobre esta situación.

 

¿Porqué no se hace esta práctica, entonces?

Es un problema económico el que impide extender este asesoramiento. En algunas CCAA sí existe esta forma de asesorar y se desarrolla un servicio jurídico a la semana al que estas mujeres pueden acudir. En el caso que se vea un delito se deriva para que se pueda encauzar como es debido.

Sin embargo no es uniforme en todo el Estado.  El servicio debería llegar a todas las mujeres con este tipo de problemas independientemente de donde residan. Debería haber un mínimo que todas las CCAA pudieran cubrir.

 

¿Con la reforma de la justicia gratuita e incorporación de las mujeres con violencia de género se soluciona este déficit?

Sería un gran paso qué duda cabe pero probablemente habría que hacer algo más.  Se trata de asistirles en el procedimiento y que antes del mismo pudieran tener la información adecuada sobre sus derechos.

Tener que decidir lo que hacer en comisaria o en un centro sanitario si se piden medidas de alejamiento o no, dónde vas a residir  o qué será de tus hijos es mucho.

A veces estas personas necesitan un poco de tiempo para valorar todo esto.  Lo fundamental es que tengan siempre la asistencia letrada para asesorarse mejor. Se trataría de impulsar un Turno de Oficio en Violencia de Género, en definitiva.

 

En la última entrega de los premios del Observatorio del CGPJ contra la Violencia de Género, el estudio de la Agencia UE de Derechos Fundamentales es espeluznante: 13 millones de mujeres sufren malos tratos en este continente.

Es impresionante el dato que usted apunta. Nos pone frente a una realidad dura que es la siguiente. Es muy posible que por los estudios empíricos realizados solo conocemos una parte de esta violencia. La mayor parte de la violencia contra la mujer aún está oculta. No hemos convencido a estas mujeres que el sistema les puede ayudar. Y este es el gran reto y obligación que tenemos.

No podemos permitir que haya mujeres que vivan en una espiral de violencia. Hay que llegar ahí e intentar mitigar todas estas conductas.

 

Es curioso porque pese a su polémica inicial, el sistema español contra la violencia de género es uno de los más avanzado s y seguidos en Europa.

Sí, eso es cierto. Hay que darse cuenta que la Ley que ahora cumple diez años es integral, no solamente punitiva de derecho penal, sino que tiene qu ver con la educación, asistencia psicológica, jurídica, de vivienda o empleo. Todo esto hace que la ley sea un instrumento útil.

Ahora lo que necesitamos es que se desarrolle en todos los aspectos con la misma intensidad. Es el momento de incidir en la parcela educativa como elemento de prevención de ciertas conductas. Es preocupante que las generaciones más jóvenes reproduzcan roles de otras más antiguas. Eso significa que la aplicación de la ley está siendo insuficiente.

Desde Naciones Unidas se ha llegado a hablar que nuestra ley del 2004 es un elemento vigoroso. En el futuro habrá que adecuarlo a la normativa europea internacional porque la vida y las sociedad avanzan pero el texto parece suficiente. Sí se nos ha censurado en su aplicación práctica.

 

¿De aquello que falta por ponerse en marcha de esta Ley Orgánica, que sería lo más urgente para impulsarlo ahora?

Es fundamental el desarrollo homogéneo, es decir saber cómo abordar de forma concreta este problema en educación. Al mismo tiempo planes concretos en el ámbito de prensa. Al mismo tiempo más apoyo en el ámbito jurídico y de empleo e incluso el ámbito de vivienda.

En los juzgados se trataría de impulsar las unidades de valoraciones integral del daño que no es solo un forense médico, sino también puede haber psicólogos, trabajadores sociales que informe tanto sobre la mujer, su agresor y los menores si los hubiera. Los niños que viven en entornos violentos también son víctimas.

 

¿Hay que insistir en la formación de los profesionales que están más cerca de las víctimas de violencia de género?

La formación no se puede abandonar. Debe ser siempre permanente y continuada, sobre todo para aquellos profesionales que se incorporan o aquellos que no vieron hasta el momento la necesidad de formarse. Hay que darse cuenta que es imprescindible, igual que lo es para ser abogado en derecho mercantil ser especialista en esa materia.

 

El último estudio de Fundación Adecco sobre la inclusión de la mujer maltratada en el mundo laboral es significativo, solo un tercio trabaja.

Es complicado su inserción en el mundo laboral. Hay que darse cuenta que muchas mujeres tienen un estado emocional complicado fruto de esa violencia. Al mismo tiempo tienen responsabilidades familiares y no les es fácil compaginar su vida laboral con la personal.

En este contexto necesitan un apoyo especial. Una persona que les acompañe en su programa formativo y que les guie en ese empleo que van a tener que le ayudará a satisfacer sus necesidades.

 

¿Qué repercusión tiene para nuestro país suscribir el Convenio de Estambul también sobre violencia de género?

Hablamos de un Convenio europeo que nos va a dar líneas maestras y clarifica muchos aspectos de todos los ordenamientos jurídicos europeos.  Nuestro país lo suscribimos en agosto y eso nos hace estar vinculado al mismo. A la vez establece unos mínimos de servicios y atención que puede ser una guía si en el futuro se modifica nuestra legislación.

 

¿Qué mensaje se le puede lanzar a esa persona, casi siempre mujer, que sufre malos tratos continuados?

El mensaje que se debe lanzar es que el Estado y todas sus instituciones están obligados a tutelar los derechos de todos. Hay algunos importantes, el derecho a la libertad, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad que están en juego. Las instituciones y la sociedad deben apoyar a estas personas.

Nuestra obligación, como ciudadanos incluso, cuando vemos que se cercenan derechos importantes es acudir a las mismas. Nuestra obligación es responder y defender sus derechos.

 

 

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