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29 de JUNIO de 2015

Ley de Justicia Gratuita: Reforma con freno y marcha atrás

LAWYERPRESS

Por Antonio Agúndez López. Abogado, Secretario General de “APROED” (Abogados y Ciudadanos pro Estado de Derecho).

 

“Así, aunque hemos oído de torpes precipitaciones en la guerra, todavía no hemos visto hasta hoy ninguna operación astuta que fuera prolongada.” (Sun Tzu, “El arte de la guerra”)

Antonio Agúndez López. Abogado, Secretario General de “APROED” (Abogados y Ciudadanos pro Estado de Derecho).Hablamos de "ceremonia de la confusión" para referirnos al proceso orquestado, calculado e intencional, de sembrar ideas falsas y divisiones espúrias y estériles, para así sacar provecho del caos resultante. Sin duda algo habia ocurrido cuando, tras publicarse el pasado 9 de junio de 2015 en el “Boletin Oficial de las Cortes Generales-Congreso de los Diputados” las Enmiendas al “Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil” el CGAE en su página web anuncia (incluye enlace al BOCG, detalle a agradecer): http://www.abogacia.es/2015/06/09/el-pp-atiende-las-reivindicaciones-de-la-abogacia-y-mantiene-en-la-lec-el-dia-de-gracia-y-agosto-como-inhabil/

Soprende en la noticia que no se aluda a la Enmienda 226 del largo Listado (sí, hay que avanzar para encontrarla), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (con visos de éxito, pues), y que propone añadir una “Disposición Final nueva que modifica la vigente Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

Sorpresa mayúscula, dado que hablamos además de una reforma de la JUSTICIA GRATUITA que había entrado como Proyecto de Ley autónomo en el Congreso en Febrero de 2014 y que había quedado “congelado” desde Agosto de 2014¡¡¡   De hecho, tras la dimisión de Gallardón llegó la promesa del actual Ministro de Justicia de no continuar la tramitación parlamentaria sin llegar a un consenso con todos los operadores jurídicos, montándose una Mesa CGAE-Ministerio que aún estaba caliente. Y, tras la inocente pregunta, surge la confirmación, Catalá, fiel a su antecesor, ha retomado el “ninguneo” de la Abogacía institucional: http://www.lawyerpress.com/news/2015_06/2406_15_001.html

Me viene a la mente el recorrido de otra disposición, la Ley de Tasas Judiciales,  que también llegó así, de improviso, como una seta en el bosque, y que –tras una “rebaja” en el 2013- ha costado rectificar más de dos años después (desde el 1 de marzo 2015 se suprimieron para personas físicas), pero que ha dejado en el camino cientos de ciudadanos privados del acceso a la Justicia, sin reparación alguna. Ley de Tasas que continua limitando el acceso de las Pymes a la tutela judicial, fruto de este recurrente “chalaneo” legislativo, expuesto de forma ejemplar por el Catedrático D. Andrés de la Oliva:  http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/02/un-chalaneo-indigno-para-disimular-la.html

Mi propósito es intentar una foto-fija de esta súbita “contrarreforma”, que afecta a 31 artículos de la vigente Ley 1/1996, de 10 de enero ( http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750 ), aunque adelanto que hay mucha modificación menor y los cambios clave del sistema se reducen a TRES:

1.- Los Graduados Sociales se incorporan por primera vez al sistema de justicia gratuita, en “libre competencia” con los Abogados para procedimientos laborales o de seguridad social. El único obstáculo es la actual dicción del Art. 545 LOPJ, reforma ya en tramitación en el Senado. Se admiten apuestas.

2.- Se introduce un engañoso sistema de “PRESTACIÓN A LA CARTA” (Abogado, Procurador, Graduado Social, perito, traductor, …), obligándose al ciudadano a elegir las prestaciones, con riesgo de perder las que no pida inicialmente, bien por error, o por deficiente información.      Esta concepción de un derecho reconocido como un “bien de consumo”, en cuanto interpretación restrictiva del derecho fundamental en juego, vulneraria el Art. 24 de la Constitución (la STC  90/2015, de 11 de mayo de 2015 –BOE 19-06-2015- estima el recurso de amparo por denegarse la asistencia jurídica gratuita para recurrir, sin haber solicitado el beneficio en primera instancia).

3.- En la asistencia letrada de oficio al “detenido, preso o imputado” no será necesario que éstos acrediten previamente carecer de recursos, “sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.”  La designación preceptiva de letrado de oficio para su defensa a quien lo solicite, o porque se niegue a nombrarlo en un proceso penal, forma parte de un derecho prestacional únicamente a cargo del Estado, quien debe asumir el coste del servicio público, sin perjuicio de repercutirlo en vía de apremio sobre el beneficiario. Descargar sobre los letrados de oficio la carga de perseguir sus honorarios tras la prestación eficaz de sus servicios, eximiéndose el Estado cínicamente de su pago, dista mucho de garantizar el cobro de una “retribución digna y razonable”.

            Pero, además, simplemente estamos ante un engañoso “abandono” de la reforma proyectada, pues fue ya parcialmente adelantada por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero (¡estando en trámite de “audiencia previa” el Anteproyecto de Ley¡ Poco importa que el Gobierno eludiera, así, la función consultiva reservada a otras instituciones del Estado). Cambios ya incluidos y que pretenden darse por consumados, con reformas gravemente lesivas para el ciudadano como:

En relación con los requisitos para acceder al sistema, la principal novedad fue sustituir el Salario Mínimo Interprofesional –SMI-  por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –IPREM-, como criterio de cálculo del       umbral económico máximo que permite ser beneficiario de la asistencia jurídica gratuita. IPREM de cuantía inferior al SMI y carente de actualización (lleva congelado cinco años consecutivos). CONSECUENCIA: Discriminación de aquellos que no se integran en una unidad familiar, que ven reducido su umbral económico anual en 2015 de 15.566,40.-€/año a 12.780.-€/año ¿Por qué perjudica desde Febrero de 2013 el Gobierno a solteros y divorciados sin hijos?

La segunda novedad relevante, unificar el contraste del citado umbral con los INGRESOS BRUTOS del solicitante, NO CON SUS INGRESOS NETOS (como así apreciaba alguna Comunidad Autónoma). CONSECUENCIA: Discriminación de colectivos que soportan gastos necesarios para su actividad, y que minoran su real capacidad económica. ¿Por qué perjudica desde Febrero de 2013 el Gobierno a los trabajadores autónomos –ahora  “emprendedores”-?

La “reforma”, pues, respeta la casi totalidad de la Ley vigente, pero no nos conduce de nuevo a la casilla de salida. Si bien esta situación presenta elementos positivos (se mantiene la gratuidad del SOJ y la colegiación territorial del profesional en la demarcación donde se presta el Turno de Oficio, se suprimen la famosa póliza de cobertura jurídica, la presunción de abuso de derecho del beneficiario, la ratificación de la solicitud de justicia gratuita en recursos y ejecuciones, ó la agravación del cuadro sancionador para abogados de oficio), a estas alturas del partido se ha trabajado demasiado para renunciar a garantizar un servicio público esencial, digno y de calidad para el ciudadano.

La maniobra legislativa ha pasado al Senado, y aún existe margen de maniobra. Lo planteado hasta ahora por el PP sólo cumple dos de las ocho reivindicaciones básicas de la Abogacía institucional en Justicia Gratuita, y desde las Asociaciones profesionales de Abogados de Oficio hay muchas más pretensiones, en pro de lograr el justo reconocimiento de la labor del Turno de Oficio como pieza clave del Estado de Derecho y del esfuerzo de los compañer@s que diariamente lo defienden. Como dijo Sun Tzu: “Sopesa la situación, después, actúa.”

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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