La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha remitido una carta a todas las asociaciones de Jueces y Fiscales en respuesta a las once reivindicaciones que estas han puesto sobre la mesa una vez más. Delgado se muestra dispuesta a seguir dialogando con el sector para evitar las movilizaciones anunciadas (entre ellas otra huelga de la judicatura), pero asegura que ocho de las once propuestas ya están implementadas o en tramitación. Y las otras tres, no dependen del Ministerio. La diferencia de visión entre el Ministerio y las asociaciones sobre el estado de la cuestión es evidente: para Delgado prácticamente está todo resuelto y para jueces y fiscales todavía queda mucho por hacer.

Núria Ribas / @oikit

Dolores Delgado, Ministra de Justicia

La carta de la ministra Delgado no puede ser más abierta al diálogo, pero tampoco más contundente en la respuesta a las once reivindicaciones que las asociaciones de jueces y fiscales siguen manteniendo sobre la mesa, «Propuestas básicas para la mejora de la Administración de Justicia«. Para Delgado, que reitera su «plena disposición para continuar el diálogo establecido desde el mes de junio con las asociaciones«, está claro que la mayoría de las once reivindicaciones de la judicatura ya están implementadas o en fase de tramitación.

La paralización y revisión de la llamada ‘justicia digital‘ (con el fiasco que para muchos ha supuesto la implantación del Lexnet), se está llevando a cabo, según Delgado, con la implantación de un Plan de Calidad. La convocatoria de 300 nuevas plazas de jueces y fiscales estará recogida en una enmienda en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Serán además, destaca Delgado en su carta, no 300 si no 500 plazas de nueva creación, «la mayor convocatoria de los últimos 25 años«.

El incremento de unidades judiciales y de plantilla de fiscales, varias reivindicaciones salariales (como la inclusión de 7.000 millones en los PGE destinados a la mejora de las condiciones de las carreras judicial y fiscal) y las propuestas que afectan a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que el Congreso aprobó el pasado mes de diciembre) están también, a juicio de Delgado, o aprobadas o en trámite.

El problema, como denuncian jueces y fiscales, es que todas las propuestas que están recogidas en los PGE son, de momento, papel mojado. Como es sabido, el Ejecutivo socialista no tiene asegurada ni siquiera la tramitación de las cuentas para este 2019, por lo que, de momento, no se traduce en nada concreto que algunas reivindicaciones estén plasmadas sobre el papel.

Además, Delgado le pasa la pelota al Congreso y al Consejo General del Poder Judicial en las tres propuestas restantes: aumentar el número de jueces y fiscales en órganos judiciales sobrecargados; derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y la derogación urgente de algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobados hace apenas un mes.