El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia (COSITAL Valencia), ha decidido adherirse al Protocolo de Actuación y Protección contra el Acoso Laboral que, cada vez con más frecuencia, se da en distintos cuerpos de funcionarios públicos, y especialmente en el de los Habilitados Nacionales. La incorporación de COSITAL Valencia faculta al Colegio Territorial para intermediar con el Consejo General que ampara a este colectivo en caso de conflicto por acoso laboral de alguno de sus colegiados.
El documento aprobado en abril por el Consejo pretende luchar contra las situaciones de “menoscabo de la salud física o psíquica” que sufren los habilitados en el ejercicio de sus funciones -entre las que se encuentra la de velar por el cumplimiento de la legalidad en los gobiernos locales-, así como adoptar medidas para su prevención. La “insuficiente respuesta jurídica” ha llevado al gremio a poner en marcha esta iniciativa, con el fin de suplir las “carencias y escasos medios legales” de protección dispuestos en el ordenamiento jurídico actual, según reza el documento que recoge el Protocolo.
“Nuestra labor como Colegio es que los colegiados y colegiadas se encuentren amparados cuando acudan con un problema de este tipo, desafortunadamente el colectivo al que represento sigue siendo víctima en demasiadas ocasiones de situaciones de acoso”, afirma Vanesa Felip, presidenta de COSITAL Valencia.
El Protocolo es el primero que se aprueba por parte de un colegio profesional, como es el de los SITAL, formado por profesionales -funcionarios de carrera- que no están obligados a colegiarse, ni a pertenecer a ninguna corporación. Rosa de la Peña, presidenta de COSITAL Palencia y encargada de liderar los trabajos de elaboración, explica que se trata de “un instrumento que pretende aportar una solución o mejora a uno de los supuestos más graves de lesión de la salud que es el acoso laboral”. “No podemos permanecer inactivos ante el desamparo en que nos encontramos, por ello se ha incluido una disposición adicional en el Protocolo, que faculta a la Comisión Ejecutiva del Consejo para adoptar aquellos actos que sean necesarios para garantizar su cumplimiento”, añade.
Compuesto por cuatro capítulos, el texto contempla la creación de la Comisión Anticorrupción y para la Defensa de la Legalidad (CADL), como órgano superior que, bajo la dirección de la Comisión Ejecutiva del Consejo, se encargará de tomar las decisiones necesarias para garantizar el impulso y la aplicación del contenido que se desprende del articulado.
Asimismo, se faculta a los Colegios adheridos para nombrar un Responsable Territorial de salud laboral, quien se ocupará de ejecutar las acciones que se deriven de la aplicación del Protocolo en su ámbito territorial, así como de cualquier otra que considere beneficiosa para el afectado durante el proceso. En cuanto a las medidas preventivas, se establece la creación de un sistema de información y consultas sobre salud laboral para los colegiados y colegiadas y el impulso de una reforma legal que contemple un permiso de descanso retribuido de recuperación para aquellos que sufran acciones de este tipo en el ejercicio de sus funciones laborales.
