El pasado viernes 25 han finalizado las I Jornadas de Compliance en el Sector Público organizadas por el Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas. El acto ha tenido lugar en la Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación de Madrid.
Luis Moll, presidente del Consejo, Pablo de la Cruz, Director de la Sección Académica del Consejo y Belén López, presidenta de la Sección Científica de Compliance en el sector público, han sido los encargados de inaugurar unas jornadas que ponen de manifiesto la importancia de que los trabajadores del sector público sean un ejemplo de ética e integridad.
Las jornadas han supuesto además el estreno de la Sección Académica impulsada por el Consejo que, como ha explicado Luis Moll, busca la promoción científica, con la idea de ir actualizando materias concretas que pudiesen ser luego objeto de estudio e, incluso, iniciativa editorial y difusión: “Pensamos que la mejor manera sería crear unas secciones científicas, que estuviesen presididas y dirigidas por un letrado de la comunidad autónoma, para coordinar estos trabajos de investigación y de divulgación”. Esta sección académica se va a caracterizar también por incorporar a profesionales de distintos sectores de la sociedad, que están relacionados con el mundo del Derecho, pero también con otras ramas científicas como la filosofía, la historia o la medicina.
El presidente de los Letrados de Gobierno añadió que la puesta en marcha de políticas en Compliance (cumplimiento, transparencia) ha calado rápidamente en las distintas empresas y sociedades en el ámbito mercantil, pero sería muy interesante utilizar también, en el sector público, las estructuras e ideas que proporciona el Compliance del sector privado.
Moll explicó que el consejo de letrados es una organización profesional que no depende de ninguna administración pública, pero sus miembros, como funcionarios públicos, deben perseguir el interés general y ha incidido en que “sería interesante que existieran códigos de conducta que apunten en la buena práctica administrativa”.
Belén López, Presidenta de la Sección Científica de Compliance en el Sector Público, explicaba que desde hace unos cinco años existe una sensibilización en algunos letrados de comunidades autónomas sobre la necesidad de que la Administración implante unos mecanismos adicionales, sobre todo preventivos, teniendo en cuenta que la Administración tiene que ser precisamente ejemplarizante. “No se trata de un método para prevenir la corrupción, sino para mejorar la gestión, ligado al derecho a la buena administración que tienen los ciudadanos”.
¿Cómo se puede hacer esto? Según la opinión de Belén, con un comité o una oficina ética, que serían las herramientas necesarias para que la Administración pueda ser ejemplar “en un momento en el que la ciudadanía está ya con harta de los casos de corrupción” y hay un desapego institucional.
Por otro lado, considera que ese trasvase de técnicas importadas y con bastante arraigo ya en el ámbito privado, se hacen necesarias en el ámbito de la administración pública “pero sin solapar: no se trata de establecer dobles controles”
También apostó por hacer en la administración pública análisis de políticas de recursos humanos. Explicó que, en el ámbito de justicia, es muy llamativo que, de los 75 magistrados que hay en el Tribunal Supremo, por ejemplo, solamente 15 son mujeres “Eso quiere decir que aquí pasa algo, y no es sólo cuestión de equidad sino también de potenciar y retener un talento que tiene la administración”.
El primer ponente de estas jornadas, Rafael Jiménez Asensio realizó un recorrido sobre el origen del Compliance, citando a filósofos y pensadores que a lo largo de la historia han reflexionado sobre la práctica de la gobernanza y sus niveles de eficiencia. Este experimentando consultor institucional reforzó el “carácter ejemplarizante de la función pública” como factor determinante en el fortalecimiento de las democracias sólidas.
En la mesa redonda “Compliance en el Sector Público: Retos y Propuestas ”el profesor de Derecho Procesal de la UCLM, Jordi Gimeno Beviá, destacó la conveniencia de la traslación del Compliance penal a la administración pública, pero atendiendo a las particularidades de esta. Gimeno Beviá ilustró su argumentación señalando como “ejemplo claro de Compliance penal ”a las oficinas o agencias anticorrupción, que con su labor además conciencian, no solo a los cargos públicos sino también a la ciudadanía, de los perjuicios que arrastran las prácticas corruptas. El Director Académico del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente de la UCIM alabó las medidas de protección a los denunciantes, matizando que la denuncia anónima “aunque se puede aceptar en algunos casosno se debe fomentar, porque la regla fundamental debe regirse por la confidencialidad”.
Cristina Coto del Valle, Socia de Ruiz Gallardón Abogados, se mostró convencida de la necesidad de adoptar el Compliance en el sector público. La abogada del Estado (en excedencia) apostó por un Compliance que se difunda a toda la cadena funcionarial, aplicando principios de integridad y ética, ayudando así a rectificar los restos de una cultura de pequeños vicios que se justifican en la famosa frase “es que siempre se ha hecho así” y que aún perviven en algunas prácticas administrativas. A su juicio, estas desviaciones brotan más de la falta de conocimiento, que de la intención manifiesta de cometer una irregularidad; “Entre el delito y el cumplimiento estricto de la ley hay un gran espacio donde la gente necesita ser orientada”. Coto del Valle aprovechó para abogar por una política de “regalos cero” dentro de la administración pública, como criterio a seguir para evitar suspicacias o cualquier tipo de problemas.
María José Santiago Fernández centró su discurso sobre los pilares de la contratación pública, el conflicto de intereses y el principio de integridad. La Letrada de la Junta de Andalucía recordó que no es un requisito legal para una empresa que quiera acceder a la contratación pública poseer su propio programa de Compliance, aunque señaló la conveniencia de que estas lo tengan;“es positivo de cara a sí mismas”. Santiago Fernández ofreció su experiencia al frente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda, un único órgano de “supervisión” dentro del estado español en el que, “apoyándose en todos los datos sobre la contratación en nuestro país, se pone de manifiesto como está funcionando la contratación en España y los órganos de control sobre la misma”. La letrada explicó que “tras la redacción de un informe de supervisión, se extraen preceptos para una mejor regulación general y que sea también más equitativa”. Otra función importante de la oficina es “encargarse de la prevención en la lucha contra la corrupción, en el ámbito de la contratación”.
La Letrada de la Xunta de Galicia, Patricia Iglesias Rey, incidió en el hecho de que, “aunque todos los trabajadores de la función pública están sometidos a la ley y al ordenamiento jurídico” a la vista está que es necesaria “la aplicación de programas de integridad, cumplimiento, códigos éticos, etc.” y argumentó su punto de vista en la “gran crisis reputacional que tiene la administración pública”, a juicio de la letrada “influenciada especialmente por la falta de exigencia hacia el poder político”. Iglesia Mayor destacó los avances del Consejo de Cuentas de Galicia, donde ejerce como Letrada Mayor, y recalcó la necesidad de ser sensibles a la realidad de los propios funcionarios, que a veces disfrutan de pocos recursos para sacar adelante proyectos complejos en el ámbito de la contratación. A este efecto animó a todos los agentes sociales implicados en los procesos de contratación a “cambiar el ADN” y, a los funcionarios, a ser “proactivos”, porque la buena praxis “es una trinchera de defensa para el empleado público”.
El Consejo Superior de Abogados y Letrados de las Comunidades Autónomas inauguró su Sección Académica con la celebración de estas primeras jornadas sobre Compliance. Su máximo responsable, Pablo de la Cruz, explicaba que con la creación de la Sección Académica “se ha dado un paso más al canalizar la actividad del Consejo en diversas secciones sectoriales, a través de la gestión del conocimiento en el ámbito de los Letrados de Gobierno de las Comunidades Autónomas”. Además de la Sección Científica de Compliance en el Sector Público, existen también la “Sección Científica de Derecho y Arte” y “la Sección Científica de Derecho y Tecnología”.
De la Cruz abundaba señalando que ha sido “interés de la Sección Académica que todas las áreas integren a otros perfiles profesionales relacionados con el derecho. Por ello se ha convocado a profesores universitarios y personas procedentes del sector privado que también nos dan una óptica muy relevante. La idea es que estas secciones tengan una producción científica y divulgativa”.
El Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas está trabajando ya en las próximas jornadas de su Sección Científica.
