Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla 1961) es probablemente uno de los juristas con mayor conocimiento de lo que es, no ya la Justicia, sino la Administración de Justicia que haya estado al frente del ministerio del ramo. Su designación fue acogida con respeto, consideración y , porque no decirlo, cierto alivio entre los operadores jurídicos. La espinosa etapa protagonizada por su predecesora – hoy Fiscal General del Estado-, Dolores Delgado, que no supo manejar con la delicadeza y tacto necesarios un sector (ninguneados periodistas del sector incluidos)  ya de por si escocido por la siempre pendiente digitalización efectiva, por la durmiente Ley de Derecho a la Defensa, por la falta de consideración al turno de oficio o el respeto a la autonomía del Ministerio Fiscal, por no hablar de una Ley del Registro Civil con la vacatio legis más extensa de la democracia, no le dejaban un panorama despejado.

Llegó al cargo con una mochila de reconocimiento, reputación y prestigio de la que hizo buen uso en sus primeras semanas, suavizando conflictos, ofreciendo diálogo y anunciando una vuelta al camino del consenso (lamentablemente malogrado en la subcomisión del Congreso impulsada por Rafael Catalá, siendo él portavoz socialista en la misma)   tan necesario para un pilar insustituible del Estado social y democrático de Derecho como es la Justicia.

Adversarios políticos, compañeros de carrera, coetáneos en el Consejo General del Poder Judicial y ( esto suele ser lo más difícil) los que comparten con el siglas e ideología, coinciden en una valoración: es un hombre honesto y una buena persona. En estos tiempos una condecoración más valiosa que la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que merecidamente ostenta.

Como dice el popular ( sin doble sentido)  anuncio, las cosas vienen cuando vienen, no cuando te convienen. Y al ministro le llego, como a todos, el COVID-19 por la espalda, desbaratando sus planes, que ya señalo el día de su toma de posesión. O al menos sus plazos.

En estas semanas la Justicia, ya de por si de precariedad casi endémica, ha tenido que soportar el tsunami del virus. Las medidas promovidas por el ministro Campos para salvaguardar el sistema, tendrán que demostrar ahora su efectividad. Nosotros le deseamos, por el bien de la Justicia, que es la savia del árbol de la democracia, mucha suerte.

Carlos Capa / @capa_carlos  –  Hans A. Böck / @LP_Hans

Pregunta (P): Lo primero es lo primero: ¿Cómo está de salud y de ánimo en estos días muy complicados?

Respuesta (R): De salud estoy muy bien, aunque indudablemente afectado por los trágicos acontecimientos que estamos viviendo y la enorme incidencia de la pandemia. Están siendo unos días, unos meses ya, muy duros. Tanto a nivel emocional, como en relación a la carga de trabajo con múltiples reuniones por videoconferencia con todos los operadores jurídicos, las comunidades autónomas, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de jueces y fiscales, sindicatos… El trabajo del ministerio, pero también el de todas esas entidades, instituciones y administraciones ha sido enorme. En mi ánimo lo que predomina es el orgullo; el orgullo por el trabajo y el sacrificio realizado por todos ellos en esta situación excepcional para conseguir que los servicios esenciales se hayan garantizado y los derechos de los ciudadanos se hayan tutelado. Les estoy muy agradecido. Han estado a la altura.

P: Su reconocido talante de diálogo consiguió empezar a disolver la desconfianza y malestar que la última etapa ministerial había sembrado entre los colectivos profesionales y actores de la Justicia. ¿Cree posible consolidar este camino cuando se recupere la normalidad arrebatada por el COVID19?

R: Mi principal objetivo desde mi llegada al ministerio ha sido el de actuar con el consenso de todos. Llegamos con un programa muy ambicioso en materia de modernización, #Justicia2030, que busca poner la Administración de Justicia a la altura de otras administraciones muy reconocidas por el ciudadano, como la sanitaria o la tributaria. Se trata de medidas estructurales que exigen un diálogo muy reforzado con los operadores y las instituciones y administraciones que actúan en el sector. Durante la crisis del Covid-19 ese diálogo se ha mantenido, tanto en la gestión de la emergencia como en la desescalada. El estado de alarma ha evidenciado que esas medidas modernizadoras con las que llegamos son más necesarias que nunca. Esta crisis tan desgraciada puede ser una oportunidad para ponerlas en marcha. El terreno ya está abonado gracias a la fluida comunicación que tenemos con todos. Porque sin el consenso de los operadores, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas correríamos el riesgo de que nuestras propuestas cayeran en saco roto.

P: En Lawyerpress hemos recogido la opinión de muchos actores de nuestro sistema legal. Ha habido mucha crítica, pero también el reconocimiento de que el Ministerio de Justicia ha recogido algunas de las sugerencias remitidas. Aunque no todas. ¿Cree que el Gobierno ha adoptado las medidas adecuadas para adaptar la Justicia al vendaval de la epidemia?

R: Si el diálogo es imprescindible en el terreno de la Justicia, las críticas son enriquecedoras. Es difícil dar satisfacción a las propuestas y demandas de todos, pero creo que todas las medidas, tanto las adoptadas para garantizar los servicios esenciales, como las relativas a la desescalada, se han acordado con la participación de administraciones, fuerzas políticas y colectivos profesionales. Creo que la mayoría de nuestros interlocutores en este diálogo reforzado pueden verse reflejados en las medidas adoptadas, porque se han decidido siempre mediante la búsqueda de consensos y teniendo en cuenta las propuestas de todos. Y eso, desde mi punto de vista, es un éxito.

P: Las medidas de vuelta a la normalidad aprobadas en el Real Decreto-ley 16/2020 están generando un debate en el sector, no desprovisto de crítica. ¿Las considera justificadas?

R: Sin duda. El contenido de ese Decreto-ley nace de las aportaciones de todos. En algunos casos, recoge las propuestas concretas de las diferentes administraciones competentes. En otros, esas administraciones, algunas de las cuáles están dirigidas por partidos políticos de la oposición, han dado su apoyo a las medidas acordadas. Me hubiera encantado contar con un consenso total, porque de una crisis como esta solo se sale con el esfuerzo y sacrificio de todos. En cualquier caso, como le decía, aceptamos las críticas y aprendemos de ellas.

P: Donde hay una práctica unanimidad es en el rechazo de habilitar parte de agosto. ¿Compensarán sus supuestos efectos para descongestionar el sistema con la herida que abre con y en la abogacía y la procura, que en muchos casos se ilustra como un ataque a los pequeños despachos y profesionales autónomos?

R: No es un rechazo unánime. Procede de unos colectivos concretos, como la Abogacía y la Procura. De hecho, esa propuesta la puso sobre la mesa la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid y otras cuatro comunidades autónomas, así como del Consejo General del Poder Judicial, por lo que cuenta con gran apoyo entre los interlocutores que participaron en la conformación de la norma. El Consejo General de la Abogacía se opuso, pero también reclamó una ampliación de horas hábiles a las tardes y los sábados por la mañana. La Justicia ha estado prácticamente parada durante dos meses. No nos podemos permitir tenerla al ralentí un mes más. Necesitamos hacer frente a la gran afluencia de asuntos que se espera en cuanto se reanuden los plazos procesales. Nuestro interés en este punto es también buscar un equilibrio adecuado entre la necesaria reactivación de la Justicia y la conciliación de la vida familiar y laboral de abogados, procuradores y graduados sociales. Estamos consensuando esa respuesta con el CGPJ en el marco de la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 y tenemos pensado dictar una instrucción dirigida a los letrados de la administración de justicia para completar la regulación de esta cuestión.

P: El teletrabajo y la digitalización ha entrado de aluvión en un sistema judicial de métodos anacrónicos, como explicitan desde jueces a fiscales a funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia. Por otra parte parece que los operadores jurídicos (abogacía, procura, notariado, registradores,) han hecho de la necesidad virtud y han avanzado en semanas lo previsto para años. Incluso hay iniciativas internacionales como los juzgados remotos o virtuales ¿Para cuándo una Justicia digital a la altura de otros servicios públicos y otros países de nuestro entorno?

R: Las medidas previstas en el Decreto-ley están pensadas para un plazo muy corto: lo que quede del estado de alarma y los tres meses siguientes a su levantamiento. La crisis del Covid-19, sin embargo, ha demostrado la necesidad de que esas reformas a las que usted se refiere y que nosotros contemplamos en #Justicia2030 se lleven a cabo con vocación de continuidad. Por eso, el plan del ministerio para la desescalada contempla también un proyecto de ley en el que ya se está trabajando, para establecer, con participación de todas las administraciones y operadores, una serie de medidas organizativas, procesales y tecnológicas que van en esa dirección. Todo ello se debe hacer siempre con la vista puesta en la evolución de la pandemia y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero sin descuidar la perspectiva transformadora que caracteriza nuestro plan estratégico Con nuestra hoja de ruta para la desescalada, también aspiramos mejorar el servicio público de justicia.

P: En su calidad de portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso declaraba a principios de 2017 que “esto (la Justicia) no es difícil de arreglar, es cuestión de dinero”. España está haciendo un gran esfuerzo para ayudar a las empresas y autónomos a sobrevivir la crisis. Estamos manejando muchos miles de millones. ¿Podría haberse dedicado un “pellizo” a la Justicia, o va a ser víctima de los recortes y del ahorro que inevitablemente tendremos que acometer después de la crisis?

R: La Justicia va a ser esencial para la recuperación económica. El final del estado de alarma traerá previsiblemente un notable incremento de asuntos que tendremos que afrontar. Además del Decreto-ley que hemos aprobado y del proyecto de ley de medidas organizativas, procesales y tecnológicas en el que estamos trabajando, el Gobierno ya ha previsto la aprobación de un plan de choque para las jurisdicciones social y contencioso-administrativa, así como para los juzgados de lo mercantil. Esos planes, que deberán aprobarse en un plazo máximo de 15 días tras el levantamiento de las medidas excepcionales, cuentan ya con una dotación económica de 40 millones.

P: Usted ha retomado la senda de reformar Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). ¿La nueva Ley contemplará que la instrucción recaiga en el Ministerio Fiscal? Y ¿Cree que la nueva LECrim pueda ver la luz en esta legislatura?

R: Acabamos de crear la comisión que se encargará de la redacción del nuevo anteproyecto. La idea es llevarlo al Consejo de Ministros antes de final de año. Luego vendrá su tramitación parlamentaria que, previsiblemente, será compleja al tratarse de una reforma integral. El texto dará la instrucción al fiscal, como se hizo en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno hace ya décadas. La superación de la figura del juez instructor es una asignatura pendiente para España. Se trata de una reclamación de la inmensa mayoría de la academia y defendida tanto por el PP como el PSOE, que la plantearon en el Pacto de Estado por la Justicia firmado en 2001. Tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy ya recogían ese rediseño fundamental de nuestro proceso penal.

P: Es usted un reconocido valedor de la resolución extrajudicial de conflictos con mecanismos como la mediación. Ante la previsible “epidemia litigiosa” que arrastrará la otra epidemia que ahora sufrimos en todos los órdenes jurisdiccionales ¿Se pueden tomar medidas para multiplicar su empleo evitando la litigiosidad judicial? ¿Es necesario hacer reformas legislativas al respecto?

R: Sin duda, la mediación puede ser de gran ayuda para mejorar la calidad del servicio público de justicia y reducir al tiempo el aluvión de asuntos que esperamos en los juzgados cuando se reanuden los plazos procesales. El ministerio está trabajando actualmente en la elaboración de un proyecto de ley que se llevará en junio al Consejo de Ministros de medidas procesales, organizativas y tecnológicas en la Administración de Justicia.  La norma tiene, entre uno de sus principales cometidos, potenciar los métodos de resolución extrajudicial de conflictos. Y, como no podía ser de otro modo, para su diseño también estamos contando con las propuestas que nos hacen sobre esta materia desde el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las Comunidades Autónomas, la Abogacía y las asociaciones profesionales.

P: Las profundas heridas que el COVID19 dejará en el tejido social y económico. Todos los operadores coinciden en la baja efectividad y utilidad que tiene la actual Ley de Segunda Oportunidad. Hace unos meses se publicó la Directiva Europea de Insolvencia, pendiente de trasponer a la legislación española. ¿Se plantea el Gobierno promover una Ley más accesible y con mayor efectividad para tener una legislación de Segunda Oportunidad más acorde con las que ya funcionan en nuestro entorno?

R: El pasado 5 de mayo, el Ministerio de Justicia, junto con el de Asuntos Económicos, llevó al Consejo de Ministros el Texto Refundido de la Ley Concursal, que entrará en vigor en septiembre. Además de armonizar, clarificar y ordenar una norma que desde su aprobación en 2003 ha sufrido 28 modificaciones y generaba inseguridad jurídica, uno de los objetivos de la norma es prepararla para la incorporación inmediata del derecho europeo sobre la materia, así como para introducir todas las reformas necesarias paliar los efectos económicos de la crisis del Covid-19 en empresas y autónomos. Respecto a la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad, es una posibilidad que deberá analizarse más tarde. Ahora, lo verdaderamente urgente es poner de nuevo en marcha la Justicia para que tutele con la mayor eficacia posible los derechos de los afectados y actuar en los campos en los que se prevé un mayor incremento de asuntos. De ahí la aprobación del Decreto-ley que aprobamos el 28 de abril.

P: La Ley del Registro Civil 20/2011 que debiera haber entrado en vigor este 30 de abril ha sufrido un nuevo retraso en su implementación. ¿Una vacatio legis de 10 años no es una anomalía grave? que por supuesto no imputable a su gestión de cien días escasos.

R: La entrada en vigor de la norma estaba prevista para el 21 de julio, pero la crisis del Covid-19 ha trastocado los planes de todos. La incertidumbre que genera la situación actual y que ha afectado especialmente al Registro Civil por el incremento de la mortalidad derivada de la pandemia, nos ha obligado a reevaluar todas las actuaciones previstas para la puesta en marcha del nuevo modelo, por lo que hemos pospuesto su lanzamiento hasta el 30 de abril de 2021. No se puede decir que, desde que fuera aprobada, haya habido inacción por los sucesivos gobiernos. La plataforma tecnológica ya se ha diseñado y desarrollado. Además, se ha trabajado muy intensamente en el marco legal y ya hemos comenzado a impartir formación. Ahora, lo fundamental es centrarnos en la crisis sanitaria que desgraciadamente nos ha tocado vivir.

P: Para finalizar, con su larga y variada experiencia, ¿Cómo valora el papel de los informadores y de la prensa jurídica?

R: Siempre he sido un defensor del trabajo de los periodistas. Creo que los que se dedican a la información jurídica demuestran cada día que están al más alto nivel. Su trabajo es imprescindible para que los profesionales y el conjunto de los ciudadanos sepan lo que jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, notarios, registradores, forenses, abogados, procuradores, graduados sociales y demás colectivos y administraciones hacen cada día para tutelar los derechos de la ciudadanía a través del servicio público de justicia.