El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha encargado hoy a la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) un informe sobre la situación de la Justicia en materia de Familia, en concreto, sobre la sustracción de menores, las demoras en los juzgados, la situación de los equipos psicosociales y la falta de especialización de la Justicia en asuntos tan delicados para los ciudadanos como las custodias de niños y niñas, los divorcios, las sucesiones, las filiaciones o la atención a las personas discapacitadas.

La junta directiva de la AEAFA, encabezada por su presidenta, María Dolores Lozano, la secretaria de la organización, Inmaculada Marín, y los vocales Álvaro Iraizoz, Beatriz de Pablo, Ramon Quintano y Maria Dolores López-Muelas se han reunido con el Defensor del Pueblo y su equipo, formado por el jefe de Gabinete, Francisco Virseda, la técnica del área Jurídica, Carmen Marín, y la responsable del departamento de Inmigración, Elena Arce.

La AEAFA ha aprovechado el encuentro para explicar a Francisco Fernández Marugán la situación de los juzgados de Familia, que se ha agravado por la pandemia de la coronavirus. “Los juzgados de Familia se están hundiendo por la falta de medios y la dilación de los pleitos, donde los niños y niñas viven en medio de los conflictos sin que se les dé una solución”, ha explicado la AEAFA.

AEAFA y el Defensor del pueblo han coincidido que se requiere una adaptación de la Justicia a la nueva realidad de la sociedad del siglo XXI y de los nuevos tipos de familias, con un aumento de medios materiales y humanos. El servicio público ha de responder a los principios de especialidad y proximidad.

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) lidera desde hace más dos décadas la reivindicación de la creación de la Jurisdicción de Familia, Infancia y Capacidad independiente de la jurisdicción Civil. En esta labor, la AEAFA ha sumado el respaldo de un amplio sector de la ciudadanía y de colectivos profesionales como psicólogos, trabajadores sociales y sanitarios vinculados con Familia, Infancia y Capacidad. La creación de una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad, propia e independiente es necesaria para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria a muchas situaciones en las que se ven afectados los derechos fundamentales de carácter personal de un gran sector de la población. Estas materias, junto con las relativas a la capacidad de las personas, se rigen por principios especiales, distintos a los de la generalidad de la jurisdicción civil. Esta especialización ha de abarcar tanto a la primera como a la segunda instancia, así como prever y garantizar en todo el territorio, sin discriminación alguna entre comunidades autónomas ni partidos judiciales, la dotación de servicios psicosociales, especialmente adscritos a cada uno de los Juzgados, en los que deben exigirse idénticas condiciones de formación y especialización.

Los conflictos familiares tienen una elevada carga emocional. Este tipo de crisis es la segunda experiencia más estresante por la que puede atravesar una persona después de la muerte de un ser querido, según los últimos estudios científicos. El Observatorio del Derecho de Familia AEAFA indica que el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un alto nivel de conflictividad, en gran medida por el uso de la vivienda. Somos conscientes de que el problema no es divorciarse, sino divorciarse mal.