Con el fin de analizar la situación derivada de la pandemia producida por el virus Covid-19, tanto en lo que se refiere a los medios encaminados a superar las consecuencias de la paralización de la actividad judicial padecida como al impulso de aquellos proyectos que puedan ayudar a hacer frente a una hipotética reproducción de contagios en el futuro, se ha reunido este martes la Comisión Mixta de Justicia, integrada por la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid y máximos responsables de la consejería de Justicia, Interior y Víctimas.

La reunión, convocada por la presidencia del Tribunal Superior, es consecuencia también de los contactos periódicos que se mantienen entre ambas instituciones en la permanente y común pretensión de mejora de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

El encuentro partía en esta ocasión de algunas premisas, entre las que cabe destacar una idea central: la administración de Justicia debe dar una respuesta adecuada a las consecuencias que en su ámbito ha tenido la Covid-19, pero sin renunciar a recuperar algún día lo que todos entendemos por “normalidad”, ya que la pandemia ha generado una situación inequívocamente extraordinaria y anormal. Y confiamos que así sea de modo transitorio.

Por parte de la Consejería se ha insistido en garantizar la continuidad del suministro a los órganos judiciales de las medidas de protección –individuales y colectivas- que vienen implantándose de acuerdo con los protocolos y recomendaciones generales, a la vez que ha anunciado un esfuerzo presupuestario para afrontar la situación de futuro.

Los asuntos propuestos desde el Tribunal Superior como base de análisis se centraron en dos bloques:

– El desarrollo de las medidas de refuerzo aplicables al personal funcionario

– El avance en los entornos digitales que permitan encauzar adecuadamente el teletrabajo

Dentro del primer bloque se llevó a cabo un repaso del marco establecido hace escasos días por el Ministerio de Justicia dentro del Plan de Actuación de desarrollo del Real Decreto-ley 11/2020, de medidas urgentes para hacer frente a la Covid-19. La conclusión unánime alcanzada en el seno de la Comisión Mixta es que dicho plan será aplicado bajo la exclusiva directriz de conseguir una productividad real, un resultado tangible de incremento de asuntos resueltos en los órganos judiciales, a cuyo fin, la Sala de Gobierno del TSJM elaborará las propuestas que resulten necesarias acomodando los planes de refuerzo a la naturaleza y necesidades de los distintos órdenes y órganos judiciales, concretando en todo caso la productividad por objetivos cuantificados.

En el área de los entornos digitales, se ha hecho una evaluación de las medidas implantadas en estos últimos meses, valorándolas desde su significación de avances en la tarea emprendida hace ya tiempo en el campo de la informatización judicial, que tiene como objetivo último la disposición del expediente judicial electrónico y el horizonte del papel cero.

Sin perjuicio de su concreción por la Sala de Gobierno, se plantean como objetivos prioritarios en esta programación, la incorporación digitalizada de los atestados policiales a las causas penales, la validación por parte del Consejo General del Poder Judicial del mecanismo de firma electrónica, la instalación del sistema visor de documentos a todos los Jueces y Magistrados y la consolidación operativa de la ampliación de licencias de usuarios judiciales para la celebración de actuaciones telemáticas.

Ha sido conclusión común también que la apuesta por las técnicas del teletrabajo será respaldada no por sí sola ni como modelo abstracto, sino en la medida en que resulte verdaderamente eficaz y fortalezca la mejora de resultados de la Administración de Justicia.