El salón Carlos Carnicer del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha acogido la primera acción formativa presencial desde que se entráramos en la “nueva normalidad”, con todas las medidas de seguridad y de distanciamiento establecidos Y lo ha hecho con la charla de las letradas del Colegio Pilar Arnas y Carmina Mayor para hablar de la “¿Acción civil o penal frente a la ocupación de inmuebles?”
Una conferencia motivada por el aumento de casos que se están conociendo a través de los medios de comunicación y que ha hecho a las dos letradas reflexionar, precisamente por este incremento del fenómeno de la ocupación y porqué la gente ha salido a la calle para quejarse.
Pilar Arnas ha manifestado que el caso de la ocupación ha existido desde siempre, pero hasta ahora no afectaba al ciudadano ya que se ocupaban edificios históricos o propiedad de los bancos, edificios deshabitados. Era una ocupación en la que estaban implicadas personas o familias de especial vulnerabilidad, o incluso personas que aparándose al “derecho a una vivienda justa” encontraba un lugar para vivir. Hasta socialmente se justificaba con “para que un edificio esté vacío, que viva quien lo necesite”. Esta permisibilidad, junto a la poca efectividad judicial y policial ha podido llevar al actual auge del fenómeno de la ocupación.
En esta reflexión se suma también el factor de las mafias o grupos organizados. Grupos que en 2018-2019 estaban en Madrid o Barcelona y que a comienzos de este año han empezado a introducirse en ciudades como Zaragoza. Grupos organizados que a veces extorsionan a propietarios metiéndoles un okupa en s vivienda o captando a personas en situación vulnerable e introduciéndolos en bloques de barriadas.
Estas situaciones generan conflictos vecinales por la convivencia, otros tipos de delitos e incluso problemas de higiene y salubridad, lo que hace que los vecinos decidan actuar. Esto ha hecho que se haya despertado el debate político y que la Fiscalía haya actuad recordando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla las medidas cautelares por las que, ante una denuncia, automáticamente se hace el desalojo. Y juzgados, como del Instrucción número 7 de Zaragoza, lo está aplicando.
